Otra vuelta de tuerca en los haberes de los jubilados

Quienes hoy alcanzan la edad de retiro y cumplen con los años de aportes requeridos han pasado su vida laboral de cambio en cambio del sistema de pensiones. Y a las puertas de su jubilación están aún sin tener en claro todos los parámetros del sistema.

Cuando Pedro ingresó al mercado de trabajo allá por 1985, la regla del sistema de pensiones “prometía” que si aportaba al menos 10 años y lograba acreditar 30 de servicios, a los 60 años iba a gozar de una jubilación del 70% del promedio del salario de los tres mejores años dentro de los últimos 10 y que si trabajaba más años ese porcentaje sería mayor.

En 1994, las “promesas” cambiaron drásticamente. Del sistema de reparto, se pasó a uno mixto en el cual podía elegir mantenerse en el sistema público existente, que prometía un haber más bajo que el 70% -ya que se promediaba los 10 últimos años y no sólo los mejores tres- o pasar a uno de capitalización individual, en el cual la jubilación dependía de lo que se hubiera acumulado.

Si bien entonces tendría que poder probar 30 años de aporte, lo que requería mantenerse siempre en el sector formal de la economía, y recién podría jubilarse a los 65, su jubilación sería más alta al estar administrada por una AFJP que pelearía por la mayor rentabilidad de sus fondos. Pero, además, sería mejor para la economía porque el nuevo sistema iría reduciendo el déficit previsional en el mediano plazo, que a esa altura de la historia alcanzaba al 2,3% del PBI.

Un año más tarde, se enteró que la movilidad automática prometida para los que estaban jubilados por el sistema de reparto había sido anulada, pero no parecía muy importante porque le faltaban muchos años para su momento del retiro.

A partir de 2002 se dio cuenta que la ausencia de movilidad no era un dato menor porque la inflación había retornado después de casi una década y ahora los ajustes de los haberes eran discrecionales. Y, además, en los siguientes cuatro años los únicos ajustes que se harían, eran para quienes percibían la jubilación mínima.

En 2005 Pedro se preguntó por qué estaba aportando si ahora había gente que sin haber contribuido jamás iba a recibir una jubilación a través de una moratoria, y a lo largo de los años siguientes se dio cuenta de que esa era mucha gente, lo que dio la primera pista de la universalización del sistema. Pero, pensó, esos jubilados sólo iban a recibir la jubilación mínima y probablemente haber aportado realmente haría una diferencia.

En 2008, de buenas a primeras, le avisaron que cambiaban otra vez las reglas del juego. Ahora se volvía al viejo sistema de reparto porque era un sistema solidario en contra de la capitalización que es individualista.

Pero, por suerte, un año más tarde, a instancias de un fallo de la Corte Suprema, se eliminó la discrecionalidad de la movilidad de los haberes y se fijó una regla de ajuste en base a la evolución de los salarios y la recaudación de la Seguridad Social.

En 2017, se cambió la fórmula de ajuste por una más ligada a la inflación y menos a salarios porque los consumos de los jubilados se ajustan por inflación y no por salarios. En realidad lo que pasó fue que se esperaba que los salarios subieran más que los precios y, con el cambio, las jubilaciones crecerían menos contribuyendo a moderar el déficit del sistema en un momento en que, como consecuencia de la duplicación de los beneficiarios a través de la moratoria, el quebranto alcanzaba a casi 3 puntos del PBI.

Además de eso, también se cambió la regla de actualización del salario para el cálculo del haber inicial. Hasta ese momento, se ajustaba de igual forma que las jubilaciones, pero a partir de ese año se utilizaría el Ripte (remuneración de aporte al sistema de pensiones).

Una nueva instancia con el cambio de Gobierno

Y, de incertidumbre en incertidumbre, llegó al 2020, con 35 años de aportes y la edad suficiente para retirarse, creyendo que el haber que le correspondería sería ajustado de forma cercana a la evolución de los precios. Y ahí, otra vuelta de tuerca cambió el panorama del sistema.

A sólo días de asumir, la nueva administración mandó al Congreso la Ley de Emergencia Solidaria, una de cuyas medidas afecta otra vez al sistema jubilatorio.

La modificación, en esta oportunidad, suspende por 180 días el ajuste del haber jubilatorio, período durante el cual los ajustes trimestrales (en principio los de los trimestres de marzo y junio) se harán -hasta definir una nueva fórmula- de forma discrecional y priorizando a los de más bajos ingresos.

El primer aumento discrecional se plasmó en la forma de un bono de $5.000 para quienes cobran la jubilación mínima ($14.068) y tienen una sola prestación (jubilación o pensión). Para el resto de los beneficiarios, el bono es la suma que completa su haber hasta alcanzar los $19.048 (jubilación mínima más los 5.000 pesos).

Es decir, esta medida termina generando un achatamiento de la pirámide jubilatoria ya que, de esta forma, casi el 75% de los beneficiarios estaría cobrando el mismo haber. Así, lo que en principio daba la idea de una reducción del gasto, termina en un incremento en los meses de diciembre a febrero de 6,7% sólo en el sistema previsional (SIPA).

Si se suma el mayor gasto en pensiones no contributivas y la Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM), el gasto adicional trepa a 45 mil millones de pesos (0,15% del PBI), cifra que representa un aumento del 9,7% del total del gasto en estos conceptos.

Si bien, veladamente, los aumentos diferenciales -mayores para la población de menores ingresos- las autoridades los justifican en el principio “solidario” del sistema de reparto. Sin embargo, esto no es más que una reinterpretación del espíritu del régimen previsional, ya que la solidaridad del sistema de reparto se refiere a la solidaridad intergeneracional: la generación que trabaja y aporta financia la pensión de la generación jubilada, mientras espera que la generación siguiente sea la que financie su jubilación. La solidaridad no es entre jubilados, quienes aportaron toda su vida para cubrir su propio riesgo de caída en la generación de ingresos en la etapa pasiva y no para cubrir el riesgo de quienes no han aportado.

Haber mínimo y umbral de pobreza

Pero, además, ¿cuán cierto es que quienes tienen las jubilaciones más bajas se encuentran entre la población vulnerable? La tasa de pobreza entre la población mayor es la más baja entre los distintos grupos etarios. Mientras que entre los menores de 14 años, el 52,6% es pobre, entre la población mayor de 65 años, ese porcentaje sólo se alcanza al 10,4 por ciento.

De hecho, la jubilación mínima alcanza a cubrir la canasta de pobreza, con lo cual ningún jubilado debería estar en esa condición, aunque considerando como unidad el hogar, los ingresos totales podrían ser menores que la línea de pobreza.

Calificando a los jubilados en pobres/no pobres, se encuentra que el 83% del total se encuentra en hogares no pobres, mientras que si se restringe a los jubilados que perciben la jubilación mínima, este porcentaje se reduce al 76%. Es decir, la condición de percibir el haber mínimo jubilatorio no implica necesariamente que la población sea vulnerable.

Tras una vida laboral de reformas previsionales, Pedro ya se encuentra jugado y sin fichas. Las reglas cambiaron reiteradas veces y no está claro cuáles son las puertas del retiro y mucho menos cuántas veces a futuro las cambiarán.

Las instituciones inestables pierden credibilidad. Si bien Pedro ya no tiene opción, el mensaje que dejan todas las reformas que se han ido implementando, en especial en los últimos 15 años, es que el sistema de pensiones tiene un premio al bajo al cumplimiento: existen moratorias que permiten un haber sin haber aportado, existen regímenes que con aportes muy bajos otorgan un beneficio.

Pero aún habiendo aportado y obteniendo un beneficio bien diferente al que aportó poco o no aportó, a futuro existen altas chances de que la diferencia inicial se vaya achicando fuertemente. Por ejemplo, alguien que se jubiló con el haber máximo en 2001, al inicio cobraba 19 veces más que la jubilación mínima; en diciembre último, esa relación se redujo a poco más de 5 veces, siendo que la mayoría de quienes perciben la mínima han ingresado al sistema a través de una moratoria y, por lo tanto, habiendo aportado poco o nada.

La historia que esta historia cuenta es que existen altos incentivos a evadir el sistema. El desafío desde las instituciones es transformarlo en un sistema creíble que genere atractivo a pertenecer.

La autora es Economista de FIEL. Esta nota es un anticipo de la publicación Indicadores de Coyuntura N° 616 que elabora la Fundación FIEL

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