El enojo era visible y se tradujo en palabras: “No quisieron negociar. Los estuvimos esperando y no vinieron. Cambiaron de interlocutor todo el tiempo. Ellos querían reducir el impacto de la suba del 75% del impuesto inmobiliario y estábamos dispuestos a discutirlo, pero no vinieron y ahora tenemos que pensar como obtenemos los fondos que necesitamos para llevar adelante las emergencias y los vencimientos de deuda que nos dejaron. Fueron un gobierno de ricos para ricos y ahora hacen una oposición de ricos para ricos”, dijo el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, en declaraciones televisivas apenas se enteró que se había caído la sesión y que no iban a contar, por lo menos por ahora, con una nueva ley impositiva para 2020.
La respuesta llegó de parte del presidente del bloque de Juntos por el Cambio (JxC), Roberto Costa quien aseguró que "nuestro primer planteo fue sobre el impuesto inmobiliario rural y el impuesto inmobiliario urbano. Ellos nos dijeron que estaban dispuestos a dialogar, pero hoy nos dijeron que del 75% no querían hablar, porque si lo cambiaban no era la Ley de ellos. Ese es el problema, creer que la Ley era de ellos. La Ley es para todos los bonaerenses”.
“Este bloque mostró y seguirá mostrando siempre su vocación de diálogo, nuestro objetivo no es entorpecer el desarrollo del gobierno, pero no vamos a permitir un impuestazo”, dijo
El proyecto de Ley Impositiva 2020 ingresó al Senado bonaerense el 24 de diciembre y perdió carácter legislativo el 27 de diciembre cuando Juntos por el Cambio no dio quórum y cayó la sesión
En tres intensos días la gobernación de la provincia de Buenos Aires pasó de enviar una nueva ley impositiva, pasar Navidad, discutirla con la oposición, conseguir quórum, otorgar un cuarto intermedio a que, finalmente, se caiga el tratamiento y se cierre el año legislativo. En tres días Buenos Aires pasó de la posibilidad de incrementar su ingresos vía los impuestos a perder “como mínimo $20.000 millones” por cobrar impuestos con incrementos de principio de 2019 luego de un año con una inflación de 55 por ciento, según fuentes oficiales.
La oposición hizo valer su mayoría ya que el bloque de Juntos por el Cambio cuenta con 26 de los 46 senadores y no bajó al recinto. A la hora de plantar las diferencias, los senadores de la UCR, Pro y la Coalición Cívica apuntaron al techo del impuesto a los inmuebles. “No podemos aceptar un 75% de aumento como estaba previsto. Nos parece excesivo y, además, le pega a nuestro electorado”, reconoció un senador de JxC.
El bloque opositor hizo circular un documento, el mismo que le hizo llegar a los funcionarios de la administración Axel Kicillof pero que estos últimos aseguran que no fueron a discutir, en donde establecen varios puntos a discutir con eje en el impuesto a los inmuebles y a los ingresos brutos.
Sin una nueva ley se seguirá aplicando la de 2019 que establece un techo en el incremento para el impuesto inmobiliario de hasta 38% y no tiene segmentación
El primero es el de los inmuebles. Cambiemos planteaba “disminución de los topes de aumento de los impuestos Inmobiliario Rural e Inmobiliario Urbano, proponiendo las siguientes escalas: 10%, 20%, 35% y 55%”. Para el caso de los urbanos, el proyecto establecía que propiedades hasta $303.705; de hasta 35%, entre $303.705 y $498.021; de hasta 50%, entre $498.021 y $680.877; de hasta 75%, si la valuación fiscal es superior a $680.877. Para el impuesto rural la primera escala era de 15% cuando las valuaciones de la tierra sea de hasta $260.870; de 35%, entre $260.870 y $816.075; de 55%, entre $816.075 y $3 millones; de 55%, más de $3 millones y cuando la superficie de la tierra sea inferior o igual a 2.000 hectáreas; de 75% cuando las valuaciones sean superiores a $3 millones y la superficie de la tierra de más de 2.000 hectáreas.
Este punto que era uno de los más álgidos de la discusión ahora quedó zanjado de hecho porque sin una nueva norma se deberá aplicar la de 2019 que había promulgado la ex gobernadora María Eugenia Vidal para su último año de gestión en donde la igualaba con la inflación presupuestada de 38%. Esto no sólo quedó casi 20 puntos atrasado de la inflación real sino que no planteaba una segmentación. Es decir, tanto los de menor valor como los de mayor valor afrontaban el mismo incremento.
El segundo y tercer punto que planteron los legisladores fue retrotraer a montos de 2019 de las alícuotas del Impuesto a los Ingresos Brutos de los nomencladores correspondientes a la fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos (210010), venta al por mayor de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras excepto semillas (462131), venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas (466932); y la eliminación de las sobretasas establecidas por los artículos 25 y 27 del proyecto.
También pedían la eliminación de los impuestos extraordinarios a las actividades portuarias establecidas en el artículo 100 del Proyecto y aumentar el monto total de ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos en el periodo fiscal anterior exigido.
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