En medio de la polémica instalada en el ámbito nacional por el incremento de las retenciones, ahora se suma el alcance que podría tener la nueva Ley Impositiva en la provincia de Buenos Aires, que el gobierno de Axel Kicillof envió para su tratamiento a la legislatura provincial. La misma contempla subas promedios de 50% para todos los sectores, y en el caso del inmobiliario rural podría tener alzas de hasta el 75 por ciento.
Tal como adelantó ayer Infobae, en el artículo 10 de la norma se fijan las escalas de alícuotas a los efectos del pago del impuesto Inmobiliario Rural, con un piso de una base imponible para unidades de hasta de $105.000 donde no paga una cuota fija y queda con un alícuota de 1,059%, y un techo para tierra rurales con una valuación fiscal de más de tres millones de pesos queda con una cuota de $112.327 y una alícuota sobre el excedente límite mínimo de 7,058%
Por otro lado, desde el gobierno bonaerense anunciaron que se otorgarán exenciones impositivas para propiedades de hasta 100 hectáreas “dedicadas total o parcialmente a la producción tambera”, y a las de 50 hectáreas “destinadas a la producción agropecuaria”.
Esta nueva Ley Impositiva sorprendió a los productores y dirigentes bonaerenses, quienes por estas horas estudian el proyecto para luego definir las acciones a seguir. En diálogo con este medio, el Tesorero de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Horacio Salaverri, aseguró: “Estamos muy preocupados por el avance impositivo hacia el sector”.
El dirigente, además comentó que la mayor presión impositiva que promueve el gobierno nacional, las provincias y los municipios, afectará a las producciones más alejadas de los grandes centros de comercialización, y agregó, “una gran parte de todas ellas no se van a poder desarrollar, ya que no serán rentables”.
Luego de la reunión del último lunes del presidente de la Nación, Alberto Fernández, con los integrantes de la mesa de enlace, hubo un compromiso del gobierno de contemplar la situación de los pequeños productores y de aquellos alejados de los puertos, para que sean incorporados al sistema de compensaciones y segmentación de retenciones.
Salaverri, aseguró “estar en contra de las segmentaciones”, y también alertó sobre las subas que se están anunciando en varios municipios de la tasa de red vial, y en Ingresos Brutos hay un trato discriminatorio”.
A su vez, el Tesorero se Carbap, señaló que en el diálogo que vienen manteniendo con los funcionarios del área agropecuaria, no se había especificado el aumento que iba a tener el inmobiliario rural, aunque Salaverri reconoció que ante una fuerte inflación que se registró a lo largo de este año, el impuesto acompañaría ese índice que superaría el 50%.
El caso Santa Fe
Además de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Santa Fe prepara su paquete impositivo anual que propone un aumento del 30% del inmobiliario urbano, elevar un 2% la tasa de ingresos brutos a las procesadoras de cereales y oleaginosas, mientras que prorroga la estabilidad fiscal para la gran mayoría de las empresas, y prevé un incremento del 35% promedio del inmobiliario rural, donde el aumento será del 10 por ciento para los contribuyentes de los rangos más bajos y del 40 por ciento para el resto. Por otro lado, la medida promueve que los productores que tengan menos de 50 hectáreas y sean propietarios, abonarán lo mismo que en 2019.
La presión impositiva, en general, en el sector agropecuario sigue en niveles altos. El dato de septiembre pasado, aportado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) señala que la participación de los impuestos sobre la renta agrícola es del 56,4% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. Es decir, que de cada $100 de renta, que es el valor de la producción menos costos, que genera una hectárea agrícola, $56,40 se lo llevan los distintos niveles de gobierno en materia d impuestos.
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