La convocatoria del Gobierno a las principales entidades empresariales y gremiales tiene como ejes principales lograr apoyos para la renegociación de la deuda pública y el plan oficial destinado a la reducción del hambre y la pobreza. También, el gobierno se apresta a lograr de esos sectores un fuerte compromiso a integrar y participar el Consejo Económico y Social.
Las señales surgen del texto tentativo del “acuerdo multisectorial”, al que accedió Infobae, que el gobierno procura suscribir hoy en la Casa Rosada con la participación del Confederación General del Trabajo (CGT) y las entidades del “Grupo de los Seis”, conformado por la UIA, las cámaras argentinas del Comercio y la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural Argentina, entre otras organizaciones.
El texto del documento, que lleva el nombre de Compromiso Argentino de Solidaridad, es el siguiente:
La Nación atraviesa una situación de grave fragilidad económica y social. Necesitamos estar más unidos que nunca para enfrentarla y superarla.
Los abajo firmantes, el nuevo Gobierno y los representantes de los trabajadores, el empresariado y los movimientos sociales, asumimos el compromiso de trabajar juntos para abordar esta emergencia. Sobre esa base, vamos a construir un conjunto de consensos para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible.
Nos reúne una crisis que conlleva una oportunidad y un deseo compartido: volver a ser una Patria unida, capaz de acrecentar el bienestar de todas sus hijas e hijos sobre la base del trabajo, la inversión productiva y una justa distribución de la riqueza.
Vamos a construir una nación solidaria, desarrollada y justa.
Para lograrlo, suscribimos este compromiso patriótico solidario: empezar por ofrecer respuestas a los últimos para llegar a todos. Y, a la vez, empezar por lo más urgente para luego poder juntos abocarnos a lo más importante.
Urgente es, en primer lugar, dar respuesta a la trágica deuda social con los argentinos y argentinas que sufren hambre y problemas de alimentación.
Nos comprometemos solidariamente, ante el aumento abrupto de la pobreza, a contribuir con un esfuerzo extraordinario a la obligación moral de poner en la mesa de todas nuestras familias el pan que a ninguna le debería faltar.
En segundo lugar, esa urgencia se manifiesta en un endeudamiento público que, por su magnitud y la inmediatez de los compromisos de pago, exige a nuestro Gobierno un claro desafío. La voluntad de pago requiere condiciones compatibles con la atención de la deuda social y el crecimiento de la economía. Sin ello, sería imposible cumplir con las obligaciones que asuma el país.
Reconocemos también la prioridad de la resolución sustentable de esa deuda pública. Expresamos nuestra confianza y respaldo a la gestión que ante los acreedores privados y organismos internacionales realizará el nuevo gobierno argentino. No será la mera negociación de una administración. Lograr una solución sustentable será la tarea colectiva de todo un país.
Esa gestión será un pilar necesario, pero no suficiente, para comenzar a construir un Acuerdo Estratégico de Desarrollo, que permita la unidad nacional más allá de las diversas posiciones.
Juntos, sin uniformidad ni unanimidad, pero sí con un fuerte compromiso colectivo, acordamos iniciar la construcción de un nuevo contrato ciudadano que nos permita avanzar hacia ese horizonte común.
Aceptamos el desafío de edificar consensos de largo plazo, que vayan más allá de un periodo presidencial, y que incluyan metas compartidas y posibles de alcanzar en distintas etapas.
Esos acuerdos serán un conjunto de instrumentos precisos, factibles y coordinados para el logro de metas definidas. No se trata de un compendio de buenas intenciones, sino de logros y objetivos muy concretos.
Por ello, coincidimos en la necesidad de poner en marcha un Consejo Económico y Social, que procese esos acuerdos en debates multisectoriales e informados, con tiempos de maduración acordes a su complejidad.
Nos comprometemos a ser parte de ese Consejo y sus diferentes ámbitos de trabajo y discusión, una vez que el Congreso debata y apruebe el proyecto que el Poder Ejecutivo le enviará para su creación.
Hay acuerdos que ya integran una agenda con proyectos y estudios sobre los cuales es posible y necesario avanzar hacia soluciones en plazos breves.
Hay casos en donde ya empresarios, sindicatos, movimientos sociales y otros actores han arribado a entendimientos sectoriales, que sólo exigen precisiones técnicas, así como un adecuado nivel de viabilidad jurídica y presupuestaria para su implementación.
Otros acuerdos requieren estudios de factibilidad avanzados y una arquitectura compleja. Deben ser tratados con premura, pero también con la información rigurosa y el análisis profundo que exigen.
Coincidimos en que esa agenda debe incluir como temas prioritarios un esquema equitativo y sustentable de actualización de haberes jubilatorios y tarifas de los servicios públicos.
Comprendemos que la carencia de información adecuada para la toma de decisiones consistentes ha llevado al Gobierno a solicitar al Congreso facultades extraordinarias y un plazo de 180 días para acceder a esos datos y elaborar propuestas socialmente equitativas, fiscalmente sostenibles y, en general, acordes a un país que quiere crecer y distribuir la riqueza de un modo genuino.
En ese sentido, somos conscientes del efecto devastador de la inflación sobre el salario, la inversión productiva y, en general, la tranquilidad de nuestros hogares. El reordenamiento fiscal y monetario que el Estado se ha comprometido a llevar adelante se debe ver reforzado en su efectividad con el concurso de conductas sectoriales responsables, en especial de los formadores de precios y los eslabones más rentables de las cadenas de distribución. Nos comprometemos a poner nuestros mayores esfuerzos en ese objetivo.
Nos comprometemos a trabajar en paralelo en el tratamiento de un conjunto de propuestas sectoriales que, a partir de la estabilización macroeconómica y social, puedan sentar las bases para un nuevo y extenso tiempo de crecimiento con inclusión.
Coincidimos en la importancia de crear más empleos de calidad, alentar la inversión productiva y las exportaciones de valor agregado, facilitar el acceso al crédito bancario para la vivienda y la producción, promover a las pequeñas y medianas empresas, alentar una integración con el Mercosur y el mundo, vincular la ciencia con la creación de valor, enfrentar mejor los desafíos al empleo de la economía 4.0, fomentar el empleo joven, incrementar la participación de las mujeres, estimular la economía popular, cuidar el medio ambiente y garantizar el acceso a salud, educación y el hábitat a los sectores más postergados.
Es nuestra vocación acercar nuestras propuestas prioritarias a las mesas de trabajo que convoque la Jefatura de Gabinete de Ministros, así como participar de toda instancia de diálogo y debate. Cuando compartimos decisiones es relevante manifestarlo públicamente. También podrá haber disensos y en una sociedad democrática madura existen mecanismos institucionales, establecidos por la Constitución, para resolver esta convivencia en la diferencia.
La formulación de acuerdos requerirá además el compromiso de todos los poderes del Estado. Es crucial en este momento que, desde sus características institucionales, todos se sumen a este proceso de diálogo y generación de consensos.
Entendemos que la discusión parlamentaria del próximo Presupuesto Nacional constituye una primera oportunidad para que, en el marco de un adecuado análisis de costos y recursos, los acuerdos a los que se hayan arribado en las mesas de diálogo puedan convertirse en políticas públicas operativas y de inmediata implementación.
Nos comprometemos a hacerlo en un marco de respeto y máxima transparencia institucional.
Estamos convencidos y convencidas de que la Argentina debe asumir unida sus desafíos. Superar las divisiones del pasado, para construir el futuro. Juntos podemos atender mejor los desafíos más urgentes de la deuda social y la deuda pública. Así, contribuiremos a construir el país desarrollado y justo que todos y todas nos merecemos.
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