El Gobierno volverá a pagar la deuda con las reservas del Banco Central, buscará cerrar el déficit de la balanza turística y evitará el ajuste del gasto público en 2020 con el aumento de impuestos que enviará esta semana al Congreso.
Este es el corazón del paquete que se conocerá oficialmente en las próximas horas, según comentaron calificadas fuentes oficiales a Infobae.
La fuente indicó que, como en el período 2010-2015, el Gobierno volverá a apelar a las reservas del BCRA que conduce Miguel Pesce para pagar los pasivos en dólares, mientras no concluya la negociación con los acreedores privados. Dado que esta negociación llevará al menos dos o tres meses, según creen en Gobierno, la presión sobre las reservas no será un factor menor.
El impuesto al turismo busca darle más oxígeno al Banco Central para afrontar los compromisos externos y manejar el mercado cambiario, evitando las presiones inflacionarias que podrían generarse con un desdoblamiento formal del tipo de cambio
Las reservas comenzaron a utilizarse una vez que Martín Redrado dejó el Banco Central, cuando el Gobierno fracasó en las negociaciones que venía manteniendo con un grupo de bancos internacionales para salir del default y reabrir el mercado de la deuda, con Amado Boudou como ministro de Economía. Redrado entendía que había que seguir buscando una solución al default, dado que el uso de las reservas afectaría la capacidad del Central de enfrentar una corrida cambiaria y, además, alimentaría la espiral inflacionaria.
Fuertes vencimientos
Hasta abril los vencimientos de deuda suman 15 mil millones de dólares, aunque la mayoría son en pesos. El Gobierno tiene la opción de pagarlos o de acordar un reperfilamiento; en cambio, caer en default formal sería más costoso para la estrategia de volver a crecer rápidamente.
Si bien Mauricio Macri utilizó parte de las reservas luego de las elecciones primarias de agosto (cuando se frenaron los nuevos desembolsos del FMI), no apeló a estos recursos en forma sistemática. Ahora, con el mercado voluntario cerrado y sin dinero del FMI, la única caja que queda en dólares parece ser la del Central.
La semana pasada, el presidente Alberto Fernández dijo que quiere tener una relación constructiva con el FMI, mientras que desde el organismo multilateral dijeron que esperan sentarse a negociar cuando se conozcan los detalles del programa económico argentino, ya que el país le debe USD 44 mil millones a pagar entre 2021 y 2022. “La deuda se pagará con las reservas del Central”, indicó.
Allí está el origen del “impuesto al turismo” que se incluirá en la ley que se enviará al lunes al Congreso: el Gobierno quiere cerrar el déficit de unos USD 6.000 millones de la balanza turística del último año encareciendo los viajes al exterior.
“Con ese impuesto y el cepo cambiario, que disminuyó la salida de capitales en forma notable, tenemos mucho más oxígeno”, indicó la fuente, entre una reunión y otra de las tantas que hubo durante el fin de semana en el equipo económico.
La duda de algunos analistas es por qué en lugar de un impuesto no se aplica una retención al turismo como ocurrió en la última gestión kirchnerista, a través de una resolución general inmediata de la AFIP que conduce Mercedes Marcó del Pont, dado que, mientras se tramite la sanción de la ley, se seguirán yendo dólares. ¿Habrá un cambio repentino en esta estrategia si la discusión parlamentaria se demora?
Es que, al igual que ocurrió con el agro, los sujetos con capacidad de efectuar pagos sin el impuesto aprovecharán cada minuto para adelantar sus gastos en el exterior.
La otra preocupación oficial es que, con el aumento de las restricciones, no crezca la brecha entre el dólar oficial y el resto de las cotizaciones.
Si se produjera este fenómeno, todo el mundo estaría esperando el momento en el cual el Gobierno deberá devaluar el tipo de cambio oficial y, por lo tanto, aumentarían las expectativas inflacionarias.
Por este motivo es que, luego de algunas dudas iniciales, ningún integrante del equipo económico optó por impulsar el desdoblamiento formal del mercado cambiario. Dada la experiencia del pasado, como la de fines de la década del 80, creen que con dos tipos de cambio legalizados, todos los agentes económicos fijarían todos sus precios en base al dólar más alto (en este caso, el turístico). En ese escenario, la brecha podría crecer al 50 por ciento o más y la estabilidad correría peligro.
“Desdoblar formalmente alimentaría las expectativas inflacionarias y de una mayor devaluación; además, crecería el volumen de un mercado paralelo que hoy es muy marginal”, se explicó.
Sin ajuste del gasto en 2020
Claro está que la decisión oficial, según la fuente, ha sido preservar las cuentas fiscales subiendo impuestos y no bajando el gasto público en 2020 en términos reales, por el crítico panorama social.
“No se puede hacer el ajuste de dos puntos del PBI que se necesita recortando el gasto, así que hay que financiarlo con más impuestos”, sentenció.
De ahí el aumento de las retenciones a las exportaciones, la suba del impuesto a los bienes personales (con una alícuota mayor para los activos en el exterior) y el impuesto al turismo, entre otras medidas decididas en los últimos días entre Gobierno, Economía, la AFIP y el Banco Central.
La expectativa oficial es que si en marzo se cierra la negociación con los acreedores privados (es decir, baja la carga del pago de la deuda) y empiezan a ingresar los dólares del trigo y, en menor medida, de la soja, será más sencillo afrontar las necesidades financieras y políticas del nuevo presidente, Alberto Fernández, que prometió “ponerle plata” a la gente.
Esto requiere, además, que el denominado “pacto social” se cierre lo antes posible, también para evitar mayores expectativas de devaluación.
En este estrecho sendero se moverá el equipo económico en el corto plazo, mientras no cierre un acuerdo externo. Para sellar este acuerdo, confían en la amplia experiencia del ex secretario de Finanzas Daniel Marx, un nombre que, en otro contexto, jamás podría haber figurado en el staff de un autodenominado “gobierno progresista”.
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