Un impuesto cuestionado y con impacto sectorial que la Argentina aplica hace más de un siglo

La Argentina es uno de los pocos países del mundo que desalienta sus exportaciones con un impuesto. De hecho, eso son las retenciones al sector agroexportador que, según calculó el economista Gonzalo Agusto en un estudio para la Bolsa de Cereales de Córdoba, en los últimos 16 años aportó por ese concepto, a valor actual, nada menos que 95.000 millones de dólares a los ingresos fiscales de la Nación.

Semejante suma es, paradójicamente, una maldición para el sector, que lejos de ser apreciado por la sociedad en general como el principal aportante de divisas (cuya escasez es la principal limitante histórica al crecimiento de la economía argentina) es visto como la vaca de la cual extraer la leche fiscalmente salvadora de las retenciones.

Esa dualidad tiene su origen en una peculiaridad histórica, destacada por historiadores como Pablo Gerchunoff. En la medida que la Argentina “exportaba lo que comía” (principalmente carne y trigo), las ventas al exterior restaban al consumo doméstico y terminaban encareciendo “la mesa de los argentinos”. Tal la justificación por la que tantos gobiernos recurrieron a las retenciones como recurso fiscal y “herramienta de política económica”, aunque en las últimas décadas, con la preponderancia de la soja, aquellas justificaciones hayan perdido consistencia.

El investigador y docente de la UBA Mario Rapoport traza el origen de las retenciones a 1862, bajo el gobierno de Bartolomé Mitre. En la década del cuarenta del siglo pasado, en tanto, el peronismo creó el Instituto Argentina para la Promoción del Intercambio (IAPI), que directamente imponía los precios internos y de exportación, al operar como único comprador, hasta que fue disuelto en 1955.

El gobierno de la “revolución libertadora”, sin embargo, impuso derechos de exportación de hasta 25%, que fueron variando con el tiempo durante los gobiernos de Frondizi e Illia, básicamente como mecanismo compensador de las variaciones cambiarias.

Luego, las retenciones fueron una herramienta central del plan de estabilización lanzado en 1967 por el ministro de Economía, Adalbert Krieger Vasena, durante la dictadura de Onganía. En 1972, incluso, el gobierno de facto de Alejandro Lanusse introdujo los “derechos especiales móviles”, pero con un techo de 15%. Y la dictadura del llamado Proceso de Reorganización Nacional les eliminó inicialmente. pero las repuso en 1982 con un plan de estabilización diseñado por Roberto Alemann (hoy, con 97 años, el exministro de Economía más longevo de la historia argentina).

Renacida la democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín, acuciado por la crisis de la deuda y las urgencias fiscales, también aplicó retenciones, pero con alícuotas decrecientes, que el gobierno de Menem eliminó casi por completo en 1991 (las semillas de soja y girasol, por caso, siguieron siendo alcanzadas por una tasa de 3,5%)

La feroz crisis del fin de la convertibilidad llevó a que, en febrero de 2002, el gobierno de Eduardo Duhalde restableciera las retenciones con una tasa inicial de 10% para trigo y maíz, 13,5% para soja y girasol y 5% para los productos procesados. Poco después, las alícuotas se ajustaron a 20% para trigo y maíz y 23,5% para soja y girasol.

La era kirchnerista

Bajo el kirchnerismo las alícuotas fueron dando sucesivos saltos, al ritmo de la angurria fiscal y con base jurídica en el “Código Aduanero”, un decreto ley sancionado en 1980 por la dictadura, hasta llegar a 35% para la soja en noviembre de 2007, poco antes de que Néstor Kirchner dejara el gobierno en manos de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner.

El hito histórico que convirtió a las retenciones en un tema nacional y les dio una fortísima resonancia política fue la famosa “resolución 125” que introdujo las “retenciones móviles” en marzo de 2008 y disparó una verdadera rebelión fiscal, punto de quiebre para el kirchnerismo, que sufrió a manos del campo una derrota política que no sólo se llevó consigo funcionarios de alto rango, como el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Lousteau, sino que fue el acta de bautismo de la “grieta” como principal línea demarcatoria de la política nacional.

El hoy senador Lousteau diseñó aquel esquema de alícuotas móviles (que se empinaban rápidamente con la suba de los precios internacionales, pero bajaban muy suavemente si las cotizaciones cedían) en respuesta a una iniciativa más simple y radical del entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que proponía una alícuota fija de 62%. El propio Lousteau reconoció hace poco que tras aquel fracaso recurrió a sesiones de psicoterapia.

A poco de asumir, el gobierno de Mauricio Macri eliminó las retenciones para el trigo, el maíz, la carne y productos regionales, dejando la alícuota para la soja en 30%, alícuota que a partir de enero de 2018 empezó a reducir en 0,5% mensual. La crisis que lo sorprendió en abril de 2018 lo llevó a archivar ese esquema de reducción y en agosto del mismo año cesó la aplicación de ese esquema y dispuso las medidas que ahora el gobierno de Alberto Fernández decidió reemplazar con su decreto sabatino.

Por un puñado de dólares

El viernes, antes de que se conozca el decreto oficial, Agusto calculó el efecto fiscal de las retenciones bajo dos “escenarios”. En el más parecido a los cambios dispuestos por el gobierno, las retenciones sobre el sector agroexportador aportarán en la campaña 2019/2010 aproximadamente 5.000 millones de dólares a las arcas fiscales, unos 400 millones más de los que se recaudarían manteniendo el esquema vigente hasta el día de ayer.

Parece una recompensa fiscal moderada para una medida que, indudablemente, quita competividad y desalienta las exportaciones. Al respecto, el economista Ramiro Castiñeira, disparó por Twitter contra la “receta para destruir el aparato exportador argentino”, que resumió en tres pasos: 1) desdoble el tipo de cambio y otorgue el más bajo al exportador, 2) ponga retenciones, lo que bajará más el tipo de cambio, y 3) si después de 1 y 2 alguien todavía exporta, imponga cupos a las exportaciones.

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