Fuego amigo: la complicada relación que le espera a Alberto Fernández con los gobiernos provinciales

“Los argentinos decimos vivir en un país federal, pero vivimos en un país enormemente unitario. Nos llenamos la boca con el federalismo, pero no lo practicamos”, dijo Alberto Fernández el 14 de octubre pasado, 13 días antes de la elección que lo consagró presidente, al cerrar el “Foro de Ciudades” organizado en Rosario por la Federación Argentina de Municipios, (FAM), un lobby político dominado por el peronismo. El entonces candidato prometió esa vez que él encabezaría un gobierno de “un presidente y 24 gobernadores”.

La cuestión es anterior a la elección de octubre e incluso a las PASO de agosto. Desde el dedazo de Cristina Fernández en mayo pasado se especuló que Alberto Fernández armaría una alianza política con los jefes provinciales para no quedar preso del poder de su vice, quien controlará ambas cámaras del Congreso, puso funcionarios en áreas clave -para el caso, el ministro del Interior, el camporista Eduardo “Wado” de Pedro- y tiene con varios gobernadores relaciones más estrechas -incluso familiares- que el presidente.

En su campaña por las provincias o en reuniones con gobernadores y ministros, Alberto Fernández fue regando promesas y recibiendo pedidos. En mayo, apenas “nominado”, viajó a Santa Cruz, donde asistió a una plenaria del gabinete de Alicia Kirchner y escuchó pedidos a su (potencial) futura gestión: terminar la llamada “megausina” térmica de Río Turbio, proyecto que el kirchnerismo lanzó en 2007, debía terminar en 2011, inauguró truchamente en vísperas electorales en 2015, “generó” algunas semanas con carbón importado de Chile y nunca más volvió a funcionar.

La lista de pedidos fue engordando y a fines de septiembre ya incluía, según celebraron los diputados del Frente para la Victoria los “compromisos” del ahora Presidente, la finalización del acueducto Lago Musters-Caleta Olivia, el “acueducto multipropósito” Lago Buenos Aires, el gasoducto troncal Perito Moreno-Los Antiguos y la interconexión energética de la localidad de Piedrabuena con Puerto San Julián y Gobernador Gregores,

Marche un secretario de Minería

Poco después, el entonces candidato a presoidente recibió en Buenos Aires a gobernadores, funcionarios y dirigentes mineros, en lo que fue el primer “toque” del mandatario sanjuanino, Sergio Uñac, para postular a su entonces secretario provincial de minería, Alberto Hensel, como secretario de Minería de la Nación, movida que se perfeccionó a principios de octubre, en un “cónclave minero” celebrado en San Juan y al que también asistió el candidato al que ya todos auguraban una cómoda victoria electoral.

El frente minero remarcó allí la importancia de los “dólares productivos” que puede aportar el sector .... si no lo apuntan con nuevos impuestos a alícuotas. "A los empresarios les preocupa la estabilidad fiscal, las reglas de juego”, dijo Javier Castro, de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), en coincidencia con Hensel, en el infrecuente ejercicio de un funcionario y un dirigente gremial haciendo de voceros del sector empresario.

Habrá que ver cómo funciona, ya en la presidencia, esa red de apoyos y compromisos. Los gobernadores no son aliados baratos. Pueden ser una red de apoyo político y poroteo legislativo, pero también un frente demandante de fondos en un contexto fiscal de escasez como el que pintó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Santa Cruz ya planteó un reclamo de $1.000 millones por “fondos previsionales adeudados”. Y anticipó que irá por más. Apenas ratificado por la reelecta gobernadora Alicia Kirchner, el ministro de Economía provincial, Ignacio Perincioli declaró: “trataremos de que nos paguen los fondos que nos deben y después recuperar las cosas que nos han sacado en los últimos años, como los fondos de la Anses para la Caja y otras cuestiones que dejaron de venir”.

Es, además, una de las diez provincias de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) que le pedirá al secretario de Energía, Sergio Lanziani (uno de los pocos representantes del interior en el Gabinete ampliado de Alberto Fernández, sobrepoblado de porteños y bonaerenses) la propuesta de atar canon y regalías petroleras al precio del crudo y tener más injerencia en la formulación de la política energética. Son provincias que no comparten la idea de congelar el precio de los combustibles o cosas parecidas. Lanziani estará al frente de la cartera energética pese a ser un desconocido en el sector de hidrocarburos, que explica casi el 90 % de la producción de energía en la Argentina. Llegó por recomendación del gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua.

De hecho, todas ellas y unas cuantas más demandaron a la Nación ante la Corte Suprema al ver afectada la masa de fondos de coparticipación federal cuando, tras las PASO, la administración Macri eliminó el IVA a alimentos de la Canasta Básica, alivió el impuesto a las Ganancias sobre los salarios y congeló por un tiempo los combustibles. La Corte les dio la razón, por lo que la “devolución de fondos” que inició el gobierno de Macri la deberá proseguir el de Fernández. “Poner plata en el bolsillo de los argentinos, siempre que no afecte un centavo de la nuestra” parece ser el lema de los gobernadores.

Las provincias incluso plantearon sus quejas por el DNU 740, que Macri emitió el día después de la victoria electoral de Alberto Fernández, echando mano a recursos no usados del presupuesto 2019 del ministerio del Interior, el INTA, el Enacom, la Superintendencia de Seguros de la Nación (organismo que Alberto encabezó en sus años menemistas) y el Instituto Nacional de Promoción Turística, que financia eventos y promociones turísticas de las provincias en todo el mundo. A cambio, Nación comprometió pagarés con emisión el 13 de diciembre de 2019 y vencimiento el 12 de marzo de 2020, por $86.800 millones.

Además, los gobernadores coinciden, y tendrían el visto bueno de la nueva administración, en posponer los compromisos del Pacto Fiscal de 2017, por el cual a cambio de algunas mejoras en las transferencias de fondos, financiadas a costa del sistema previsional, se habían comprometido a bajar las alícuotas de impuestos “distorsivos” como Ingresos Brutos o Sellos.

Ya antes de asumir, además, los equipos de Alberto Fernández recibieron en Puerto Madero las visitas de gobernadores y enviados de varias provincias.

Uno de los que está en situación más acuciante es el mandatario de Chubut, Mariano Arcioni, aliado de Sergio Massa, que a pocos meses de ganar la gobernación -que ya ejercía por completar el mandato del difunto gobernador Mario das Neves- enfrentó una aguda crisis al no poder afrontar los aumentos salariales que había otorgado en el tramo final de su campaña. Acompañado de su ministro de Economía, Oscar Antonena, Arcioni fue uno de los que primero pasó por las oficinas de Puerto Madero, pero los chubutenses guardan silencio sobre la respuesta que recibieron . Ya presidente, Alberto asistió a la asunción de Axel Kicillof en Buenos Aires, a la de Omar Perotti en Santa Fe y a la de Gustavo Bordet en Entre Ríos.

El reelecto mandatario entrerriano aspira a un nuevo esquema de distribución de las regalías hidroeléctricas de la represa de Salto Grande y a una mayor injerencia en el manejo de la Comisión Técnica Mixta de la Represa. “Salto Grande es de los entrerrianos, lo establece la Constitución de 1994”, declaró. Perotti, en tanto eligió como ministro de Economía a Walter Agosto, reconocido tributarista y expresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, que conoce bien los meandros de la burocracia presupuestaria.

Pero si todos demandan, ¿quién cederá? Seguramente no la Nación, que recauda 80 % de los ingresos y explica el 60% del gasto consolidado Nación-Provincia-Municipios, en tanto éstos recaudan el 20% pero explican el 40% del gasto total, según precisa el especialista Alberto Porto, en un texto sobre “Federalismo Fiscal”.

La señal más clara de cómo buscará el gobierno resolver el tironeo la dio Cristina Fernández en la asunción de Fernando Espinoza como intendente de La Matanza. "En Capital hasta los helechos tienen luz y agua, mientras en el conurbano chapotean en agua y barro”, dijo en su discurso, apuntando a la víctima propiciatoria del proyecto (en etapa de cocción en el Consejo Federal de Inversiones) por el que se buscará aumentar los recursos de algunos distritos.

La Matanza vs CABA

“En la Matanza viven dos millones de personas en 320 kilómetros cuadrados y recibió 10 mil millones de pesos ¿Saben cuánto recibió la Capital, donde viven 3 millones de personas en 200 kilómetros cuadrados?: 350 mil millones de pesos. Esas cosas son las que debemos discutir”, enfatizó, pasando por alto los 36 años que el peronismo lleva gobernando el partido más populoso del conurbano y confundiendo las transferencias de Hacienda con el presupuesto total de CABA.

Por otra parte, si la cifra que citó Cristina para La Matanza fuera correcta, ¿qué cabría decir de los más de $23.000 millones en coparticipación y otras transferencias directas de la secretaría de Hacienda que al cabo de 2019 habrá recibido Santa Cruz para sus aproximadamente 360.000 habitantes?

En rigor, durante la mayor parte de la gestión macrista, las provincias aumentaron la porción que recibían de Nación, debido a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que en noviembre de 2015, dos días después del balotaje que consagró presidente a Macri, dio a conocer un fallo a favor de Santa Fe, Córdoba y San Luis, que habían demandado a la Nación por la no devolución de los fondos que ésta les había detraído de las provincias para financiar la transición por la privatización (en 1994) del sistema previsional.

Cuando en 2008, en la primera gestión de Cristina Kirchner, se volvió al sistema de reparto, la Nación no repuso a las provincias el 15 % de la recaudación de Ganancias que dejaba fuera de la masa coparticipable para financiar las jubilaciones. Presionado por el fallo a favor de Santa Fe, Córdoba y San Luis, Macri extendió la devolución al conjunto de las provincias, que vieron así mejorar sus ingresos de origen nacional. En 2019 eso ya no ocurrió, debido a la extensión de la recesión iniciada en el segundo trimestre de 2018 y a la cada vez más alta inflación, que superó los aumentos nominales de las transferencias. En los últimos meses ese deterioro llegó a punto que -dijo hace unos días a Infobae el ministro de Finanzas de Córdoba, Oscar Giordano- "pone a varias provincias en riesgo operativo”.

Mientras esperan que se envíe al Congreso el proyecto elaborado en el seno del CFI, los gobernadores buscan dilucidar ante quién tendrán que hacer lobby fiscal. En la gestión Macri, las transferencias automáticas provenían de Hacienda, pero las decisiones discrecionales las manejaba el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. La división de tareas sea ahora entre el jefe de Interior, Wado de Pedro, el ministerio de Economía y la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca.

Los repartidores

Entre esos funcionarios se decidirá también el sesgo que tendrá la relación con los Municipios, en especial en aquellos distritos donde no haya una buena relación con los gobernadores. Un ejemplo de hasta cuánto puede llegar esa distinción es, de vuelta, Santa Cruz. A fines de 2011, el entonces gobernador Daniel Peralta chocó con Máximo Kirchner y los camporistas de su gabinete renunciaron masivamente a sus cargos en el gobierno provincial. En adelante, Peralta fue olímpicamente puenteado por el gobierno de Cristina, que eligió a dedo los intendentes a auxiliar. Un estudio de la Auditoría General de la Nación sobre las transferencias directas de Nación a Municipios en el quinquenio 2010-2014 lo muestra claramente a partir del análisis de 850 transferencias a 357 municipios de los más de 2.200 de todo el país. El estudio aclara que son partidas para “gastos corrientes” y precisa que 19 distritos habían recibido el 78% de los fondos.

Un cuadro del trabajo muestra que ocho municipios de Santa Cruz, que sumaban entonces aproximadamente 0,5% de la población total del país, recibieron 56 % de las transferencias. La Matanza y sus dos millones de habitantes aparecen allí recibiendo el 1% de las transferencias directas de la Nación, contra más de 26% que recibió Caleta Olivia, 7% de Piedrabuena, 6% de Las Heras o poco menos de 4% de El Calafate. Hasta qué punto el gobierno de Alberto Fernández respetará el automatismo de las transferencias de Hacienda o reeditará el sesgo partidista de las transferencias discrecionales es una de las preguntas a dilucidar. Otra es quién tendrá mayor injerencia en la asignación de obras públicas nacionales, rubro en el que compiten la ministra de Vivienda y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, que ya le birló Vialidad Nacional al de Transporte, Mario Meoni. Además, por supuesto, del filtro político de Wado de Pedro en Interior.

Son algunas de las preguntas que se hacen las provincias mientras revisan presupuestos y prioridades, se apresta el envío al Congreso del proyecto elaborado en el Consejo Federal de Inversiones y los gobernadores esperan la respuesta de Alberto a su lista de reclamos a ver si echan detrás de él el peso político y territorial de su apoyo.

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