La Argentina muestra avances en materia de inclusión financiera aunque también mucho camino por recorrer. La bancarización de las jubilaciones y planes sociales, la expansión de los medios electrónicos de pago y el uso de los canales digitales de atención apuntan en ese sentido, según el primer Informe de Inclusión Financiera publicado por el Banco Central.
La principal paradoja consiste en la capacidad ociosa de los bancos argentinos surgida de que hay muchos clientes bancarios que, sencillamente, no saben que lo son. El informe asegura que un 80% de los argentinos adultos tiene una cuenta bancaria. Pero, a la vez, existe una “falta de percepción de esa tenencia por una gran parte de la sociedad”, ya que solo el 48% manifiesta poseer una cuenta. El desafío es hacer que aquellos que cobran un haber utilicen esa cuenta para otras funciones básicas (pagar servicios, transferir dinero) en lugar de retirar su dinero una vez al mes y vivir en efectivo.
“Hay un tema de percepción. El 80% tiene un producto asignado pero solo el 49% es consciente de ello, el resto no lo sabe. En ese sector suelen ubicarse los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros beneficios sociales, que fueron bancarizados en los últimos años”, explicó el economista Ignacio Carballo, de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Un segundo desafío es que los que sí saben que tienen una cuenta, la utilicen más. “Dentro de ese 49%, 8 de cada 10 personas retira sus ingresos una vez por mes. Eso obedece a la desconfianza en el sector financiero que genera la incertidumbre constante de nuestra macroeconomía, pero también por los costos tributarios y la falta de educación financiera”, apuntó Carballo.
En materia de infraestructura, según el informe del BCRA la Argentina está en niveles similares a Brasil, México y Colombia en materia de cantidad de puntos de acceso (PDA), lo que incluye sucursales, cajeros y terminales de autoservicio. La gran diferencia está en los corresponsales bancarios, una figura extendida en otros países y muy reciente en la Argentina. Se trata de cadenas comerciales que pueden ofrecer servicios financieros (tarjetas, préstamos, etc.) como actividad secundaria, actuando por cuenta y orden de un banco.
La normativa que autoriza esta figura existe hace solo un año y hasta el momento ha sumado solamente 30 puntos de acceso. Pero existen en el mercado muchas conversaciones en marcha que unen a bancos con recaudadoras y otras empresas para extender la distribución de sus productos.
Hay expectativas en el BCRA en cuanto a que los corresponsales bancarios mejoren la capilaridad del sistema y ayuden a eliminar las fuertes diferencias regionales. Las provincias del norte, por caso, están por debajo del promedio.
Fomentar los canales digitales es otra forma de incrementar el alcance de los servicios financieros. La gratuidad de las transferencias electrónicas disparó su uso, que se incrementó de 1,5 operación por adulto en 2015 a 4 transferencias en 2018. El uso de tarjetas de crédito y débito también se elevó, en particular estas últimas luego de que la AFIP determinara la obligación para los comercios de aceptarlas. Otros factores que ayudaron a este fenómeno fueron la expansión de los pagos con código QR, la aparición de 900.000 POS móvil (ya superan a los fijos) y la aceptación de tarjetas de débito por parte de las recaudadoras extrabancarias (Rapipago, Pagofácil, etc.).
Otros datos explican la capacidad ociosa del sistema y la subutilización de las redes existentes. Según el BCRA, del total de titulares de cuentas (cajas de ahorro o cuentas corrientes) que podría utilizar servicios de homebanking, solo el 35% llega a registrarse y el 24% los usa con frecuencia. En banca móvil, los porcentajes se reducen a 20% y 7%. El resto no utiliza estos sistemas, pese a que las cuentas para individuos son gratuitas.
El Informe destaca el crecimiento de los puntos de extracción no bancarios. Estaciones de servicio, supermercados y otros comercios permiten retirar efectivo a la hora de comprar con tarjeta de débito. Ya existen 4.900 locales que lo ofrecen, que se suman a otros 3.500 de las recaudadoras. Hay 8.400 nuevas opciones para retirar efectivo, un número importante frente a los 16.000 cajeros automáticos que funcionan en el país.
No puede obviarse para el análisis de la inclusión financiera el rol de las fintech, si bien el informe no alude a ellas ya que el BCRA no las regula ni recopila su información. En los bancos suele decirse que su función inclusiva es limitada, ya que captan clientes ya bancarizados. Las fintech afirman lo contrario.
“No se puede decir que las fintech están captando a los no bancarizados porque no hay datos sobre sus clientes. Solamente tenemos relatos. Las más populares dicen que llegan a las personas excluidas de los bancos por aparecer en el Veraz. Pero no hay ningún estudio sobre eso. Si las fintech están haciendo inclusión financiera debieran mostrar datos concretos”, apuntó Carballo.
“Por intuición, creo que no están yendo al excluido financiero sino al sub-bancarizado, aquel que tiene un producto pero la banca tradicional no lo satisface, por lo que acude a una fintech para tener un servicio más ágil,” agregó el experto.
Ya sea a través de fintech o de bancos, la propia diversidad de la geografía argentina hace que los canales digitales sean más eficientes para hacer llegar los servicios a cualquier lugar y segmento social. “Los costos de acercar los servicios a través de sucursales o cajeros son mucho más amplios que hacerlo con canales digitales. Pero la inclusión financiera es más que facilitar el acceso, incluye también el uso, el bienestar y la calidad de los servicios,” concluyó Carballo.
Por último, el informe del BCRA, que abarca los últimos cuatro años, afirma que “el acceso al crédito en el sistema financiero de la población adulta alcanzó un 51% de los adultos a marzo de 2019, avanzando cuatro puntos porcentuales desde diciembre 2015. A lo largo del período, las financiaciones mediante tarjetas de crédito continuaron siendo el instrumento de financiación más difundido entre la población adulta (32%), mientras que en el otro extremo se encontraban los créditos hipotecarios (0,7%).”
En materia de crédito para personas jurídicas, el informe establece que hasta agosto de 2018 “un 40% de las microempresas tenía una línea de crédito con el sistema financiero, mientras que un 52% de las mismas tomó algún financiamiento. En el caso de las empresas pequeñas y medianas, el 74% y 76% de las mismas, respectivamente, habían tomado algún tipo de financiamiento entre septiembre de 2017 y agosto de 2018.”
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