El stock de deuda pública en moneda extranjera es el más alto desde 2001

Los detalles de la composición de deuda pública de Argentina en el tramo final de de 2019 permiten sacar algunas conclusiones acerca del desafío que tendrá que afrontar el futuro gobierno de Alberto Fernández por el peso de estos pasivos, cuando la actividad económica sigue en baja.

Por una parte, el stock de deuda pública lleva ya dos años estabilizado en un umbral superior a los USD 300.000 millones, en parte debido a la restricción que tiene la Argentina para acceder al financiamiento externo después del colapso del peso en 2018 y 2019, período en el que la moneda doméstica perdió dos terceras partes de su valor.

En el tercer trimestre de 2019 la deuda pública bruta alcanzó los USD 311.251 millones, al contabilizar pasivos contraídos con el sector privado, organismos multilaterales y agencias del sector público. La Secretaría de Finanzas divulgó además el dato parcial de la deuda bruta a octubre, con escasas variantes y un stock de USD 310.479 millones.

Si se suman los USD 12.786,8 millones de los cupones atados al PBI, la deuda bruta asciende a unos 324.000 millones de dólares.

Este monto es comparable a los USD 305.708,2 millones de deuda bruta registrada en el tercer trimestre de 2017, cuando la economía todavía crecía, había acceso al crédito y no se había cursado ningún auxilio financiero del FMI. Si se le suman los valores negociables vinculados al PBI, el total de los pasivos sumó entonces 319.423 millones de dólares.

En los cuatro años de gobierno de Cambiemos, la deuda pública bruta (excluido el cupón PBI) creció 29,3% o USD 70.586 millones, desde los USD 240.665 millones (52,6% del PBI) del cuarto trimestre de 2015. La dificultad para encarar los pagos de capital e intereses de la deuda en los próximos años no pasa tanto por el monto, sino porque la ponderación de la deuda emitida en moneda extranjera es la más alta desde el default.

A la vez es un obstáculo todavía insalvable la carencia de crédito para refinanciar los vencimientos (roll over) de forma voluntaria, sin el auxilio del Fondo, en una economía que acumula dos años de contracción, lo que incrementa el ratio de la deuda del Estado nacional en relación al PBI.

En base a los cálculos del resultado fiscal de septiembre, el PBI medido en dólares ascendía a unos USD 377.125 millones, por cuanto puede inferirse que al cierre del tercer trimestre la deuda pública bruta representa un 82,5% del Producto. En ese sentido, se advirtió este año una ligera baja respecto del ratio deuda/PBI de 2018, que alcanzó el 86% en el cuarto trimestre.

Dicho esto, Argentina padece el proceso de elevado endeudamiento en dólares en el que incursionó la administración de Mauricio Macri hasta el primer trimestre de 2018. La deuda emitida en moneda extranjera superó el 80% del total por primera vez desde 2001, el último año de la convertibilidad, que “estalló” en una crisis política y económica, con una histórica cesación de pagos por 81.800 millones de dólares.

En 2001 la deuda pública ascendía al 53,7% del PBI, pero un 96,9% estaba emitido en moneda extranjera. Esta condición, más una progresión de pagos imposible de afrontar con una actividad económica en declive, llevó a la declaración del default, del que no se pudo salir hasta el canje de febrero del 2005. En 2002, con un PBI que a precios constantes se derrumbó 10,9%, la deuda pública creció al 166% del Producto, aunque el stock en moneda extranjera (dólares, euros, yenes, libras y francos suizos) se redujo a 79,1% del total.

En 2019 presenta un estado intermedio entre 2001 y 2002, con una deuda en moneda extranjera que alcanza el 80,3% del total (USD 249.900,5 millones) y el resto, un 19,7%, en moneda doméstica (equivalente a USD 61.350,5 millones), cuya reducción se debió a la devaluación del peso. La composición en moneda extranjera creció más de diez puntos porcentuales durante la presidencia de Macri, desde el 69,3% al cierre de 2015.

Asimismo, la relación de la deuda pública respecto del PBI, en torno a 82,5%, es algo inferior al 86% de 2018 pero la más alta desde 2004. En ese momento, representó el 118% del PBI, antes del canje de bonos en default impulsado por el gobierno de Néstor Kirchner en febrero de 2005.

2020: SIN CRÉDITO NI AHORRO FISCAL

Un informe de Ecolatina enfatizó que tras “la crisis cambiaria del año pasado y el ajuste acelerado del rojo fiscal primario implementado luego del acuerdo con el FMI, las necesidades de financiamiento se redujeron a los pagos de capital e intereses de la deuda existente”.

Sin embargo, la consultora advirtió que para el próximo Gobierno se “abren interrogantes sobre la capacidad de pago del stock existente”, en un marco de recesión, los límites para alcanzar superávit fiscal -un gasto inelástico y presión tributaria récord- y el elevado peso de la deuda en moneda extranjera, mientras que “el cierre absoluto de los mercados de crédito refleja las dudas que tienen los inversores sobre nuestro grado de solvencia”.

Solo en 2020, el gobierno del Frente de Todos deberá responder a vencimientos por casi USD 40.000 millones, un 10% del alicaído PBI. Según cálculos del FMI, el perfil de vencimientos de amortizaciones más intereses ronda el 8,2% del PBI, sin tener en cuenta las Letras emitidas este año con vencimiento 2020 y los adelantos transitorios del BCRA. Hasta 2023, cuando finalice el mandato de Fernández, esa proporción de vencimientos anuales se mantendrá en un nivel similar.

Los vencimientos de 2020 se concentran en la primera mitad del año y unos USD 20.000 millones de éstos serán por pagos de deuda relevante, es decir la contraída con acreedores privados y organismos.

Los pagos de vencimientos de deuda tienen a priori dos fuentes de financiamiento: el superávit fiscal y el roll over. “Sin embargo, en un contexto de no acceso al mercado voluntario de deuda como el enfrentado actualmente por Argentina, la segunda alternativa se ve limitada y las opciones deben apoyarse en la primera”, describió un estudio de PwC Argentina.

“La probabilidad de no alcanzar un resultado de superávit es elevada considerando un contexto donde el 63% del gasto público constituye prestaciones sociales y, de ello, el 84% se encuentra indexado a la inflación pasada, con lo cual tiene asegurado un crecimiento real positivo al momento en que comiencen a desacelerar la inflación”, evaluó PwC Argentina.

Agregó que otro obstáculo para mejorar los números fiscales del año próximo “está asociado a las tarifas de servicios públicos, ya que, de no trasladarse la devaluación del dólar acumulada a los precios de éstos, deberán ser subsidiados; con su consecuente impacto en los gastos corrientes del sector público”.

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