Los juicios por YPF: la pesada herencia legal que recibirá el gobierno de Alberto Fernández

La petrolera argentina continúa lidiando con un gran problema que no muestra señales querer desaparecer en el corto plazo: su alarmante exposición económica a juicios internacionales.

El próximo 7 de diciembre, dos empresas españolas, Petersen Energía Inversora y Petersen Energía [NdE: sin vínculo con la homónima local el momento del juicio], y un fondo norteamericano, Eton Park Capital, presentarán un duro escrito en una corte neoyorquina oponiéndose al traslado a un juzgado de la Argentina del emblemático juicio por la expropiación de YPF en 2012. El Estado nacional, ya con un nuevo Gobierno, junto a la misma petrolera, posteriormente responderán a los demandantes ofreciendo un claro y contundente argumento para defender la necesidad de llevar este litigio fuera de los EEUU.

Pero esto no termina aquí ya que antes que culmine el año, un juez del Estado de Delaware deberá decidir si acepta el pedido argentino de cambiar la carátula de un juicio multimillonario contra la empresa argentina por daños ambientales y por vaciamiento fraudulento de una subsidiaria norteamericana de YPF y mudarlo desde una corte de quebrantos a una corte civil en EE.UU.

De recibir fallos adversos en los dos casos mencionados anteriormente –algo que no ocurrirá este año– YPF y el Estado nacional (todos los contribuyentes), debería pagar una cifra que supera los USD 1.700 millones y que podría llegar a los USD 19.000 millones (más adelante se explica este cálculo). Vale recordar que hoy el valor de mercado de YPF es de USD 3.600 millones.

Argentina es una nación conocida en el ámbito internacional por la notable cantidad de causas que enfrenta en las principales cortes civiles y comerciales del mundo. Ya sea Estados Unidos, el Ciadi o la Unctad, el país posee cerca de un centenar de litigios originados por acreedores de deuda soberana, por multinacionales que vieron sus concesiones terminadas prematuramente o por accionistas de empresas que fueron perjudicados por decisiones del Estado (contratos).

Para comprender bien la YPF que recibirá su nueva cúpula a partir del 10 de diciembre próximo, conviene analizar en detalle cada uno de estos casos.

Juicio por la expropiación

Tras la expropiación del 51% de las acciones de YPF que eran propiedad de la petrolera española Repsol, la empresa argentina, con el estado nacional como su principal accionista, tomó dos decisiones cruciales que hasta el día de hoy, siete años más tarde, continúa padeciendo.

En un primer lugar, YPF no pagó a sus accionistas los dividendos que tenía previsto abonar en mayo de 2012. Esta decisión fue tomada unilateralmente por el Gobierno nacional quien hasta junio del mismo año, no convocó una Asamblea de Accionistas para oficializar la cancelación del pago de dichos dividendos.

Las dos empresas españolas, propietarias del 25% del paquete accionario de YPF en el momento de la nacionalización, se vieron perjudicadas al no poder pagar un préstamo que habían obtenido de la misma Repsol y de bancos de Wall Street para adquirir en dos etapas las acciones de YPF. Eran el segundo accionista más importante de YPF después de Repsol.

Cuando el Gobierno nacional decidió cancelar todo pago dividendos tras la expropiación, las empresas cayeron en default. En 2015, el síndico español administrador de la liquidación, contrató los servicios de Burford Capital para que este inicie un litigio contra YPF y contra la República Argentina en las cortes de Nueva York. Burford Capital es una empresa angloamericana especializada en financiar litigios a nivel internacional.

Burford observó una oportunidad muy atractiva de lucrar rápidamente con este litigio y ya ha vendido a 40 inversores institucionales el 38% de posibles resarcimientos futuros por USD 236 millones. Un retorno en el capital invertido más que interesante. La empresa estima que el rango de su posible beneficio económico se encuentra entre USD 1.700 millones y USD 9.000 millones.

La demanda judicial tiene como eje principal la segunda decisión que tomó el Estado cuando expropió YPF en mayo de 2012. Según el prospecto de las acciones de YPF que fueron vendidas en Wall Street cuando fue privatizada en la década de los 90, y según su Estatuto, si llegara a haber un cambio en el control de la empresa, el nuevo propietario mayoritario (en este caso el Estado argentino), debe realizar una oferta pública de adquisición (OPA) por todas las acciones que no son de su propiedad. Argentina nunca dio la oportunidad a los propietarios del 49% de las acciones que no fueron nacionalizadas de poder vender en iguales condiciones que la mayoría, respetando las reglas dispuestas por YPF.

Este emblemático caso ya ha recibido decisiones adversas a los intereses argentinos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en la Corte del Segundo Circuito y en la Corte Suprema de los EEUU Hoy, la Juez Loretta Preska de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ha vuelto a recibir el caso en su corte neoyorquina.

Mientras tanto, el fondo Eton Park Capital, que en el momento de la expropiación de YPF era propietario del 3% de las acciones de YPF, tiene una causa paralela y reclama USD 495 millones en daños causado por la decisión del Estado argentino. Burford Capital, posee el 70% de los derechos económicos de este juicio.

Maxus Energy Corporation

La segunda pesada herencia legal que recibirá la nueva administración de YPF, es un juicio por supuestos daños ambientales y vaciamiento fraudulento presentada contra la empresa por la ex filial norteamericana, Maxus Energy. La demanda plantea si YPF y Repsol han tenido éxito en su esquema de ocultar daños ambientales en las plantas químicas propiedad de ambas compañías en los EE.UU. YPF adquirió originalmente todas las acciones en circulación de Maxus en 1995 en una apuesta para expandir sus operaciones de exploración y producción (E&P) en los Estados Unidos.

De acuerdo con documentos judiciales presentados por el demandante Maxus Energy, cuando YPF se dio cuenta por primera vez del alcance de los pasivos ambientales de Maxus como propietario de sitios contaminados en todo el país, comenzó a desprenderse de activos valiosos de su subsidiaria en un intento por ocultar un problema eminente. YPF resolvió con éxito posibles demandas contra Maxus y sus acreedores, y luego “enterró” a Maxus antes de que sus demandas ambientales manifestaran su verdadera extensión.

Actualmente, Maxus se encuentra en proceso de liquidación en un tribunal de Delaware y hoy demanda a YPF por una cifra que alcanza los USD 14.000 millones, algo imposible de abonar no solo para la empresa, sino que también para el Estado nacional que posee el 51% de las acciones.

Con el arribo de un nuevo Gobierno, muy probablemente se renueve la gerencia de YPF y con ella, su estrategia legal. No es coincidencia que el pasado mes de septiembre, la ya mencionada Juez Preska, haya postergado la continuación de la demanda por la expropiación de YPF hasta en 7 de diciembre porque deseaba que “se aclare quién estará a cargo de la estrategia legal argentina con la posible renovación de la presidencia del país”.

Esto ya ocurrió y ahora YPF enfrenta dos grandes citas antes que culmine el año.

Esta nota fue publicada Fin.Gurú (y preparada con la ayuda de Sebastián Maril)

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