En qué se gastó y cuánto quedó sin ejecutar del último presupuesto de Mauricio Macri

Con datos a menos de 22 días para terminar la gestión y de 43 de finalizar el año se observan notables disparidades, en particular por tipo de programas claves. Quiénes ganaron y quiénes perdieron

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El presidente de la Nación en la última reunión de gabinete de ministros
El presidente de la Nación en la última reunión de gabinete de ministros

La información del Ministerio de Hacienda da cuenta de que al 18 de noviembre se había cumplido con menos del 75% del Presupuesto ampliado durante el año a casi $5 billones, es un 19,5% superior al original, $814.479 millones más, por efecto del singular desborde de la inflación de una tasa esperada del 34% a más de 54% prevista al cierre del ejercicio, aunque se amplía a casi 97% respecto del cronograma planeado hasta esa fecha.

Si se tiene en cuenta que al 18 de noviembre se transitó poco más del 83% del total del año, el haber gastado “sólo” el 74,3% del máximo autorizado para ese período indicaría que, pese a tratarse de un año electoral, el Gobierno optó por seguir una política fiscal austera, en línea con el compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional en la revisión y ampliación del acuerdo stand-by, en septiembre de 2018. Sin embargo, no fue tan así, porque si se coteja lo gastado con la meta prevista hasta esa fecha, prácticamente no hubo desvíos, al menos a nivel de grandes agregados por jurisdicción ministerial y los 3 poderes de gobierno.

El haber gastado “sólo” el 74,3% del máximo autorizado para todo el año indicaría que, pese a tratarse de un año electoral, el Gobierno optó por seguir una política fiscal austera, sin embargo, no fue tan así, porque respecto a la partida prevista hasta el 18 de noviembre representó el 97 por ciento

Por grandes jurisdicciones y Ministerios ejecutores del gasto público nacional, Infobae pudo detectar que en los más representativos sobre el total general el grado de ejecución para el período transcurrido fue superior a 95%, como son los casos de Salud y Desarrollo Social (43,9% del total), con 96,1% de la partida para el período transitado y 76,7% de la correspondiente a todo el año; pago de intereses de la deuda pública (21,2%) fue del 97% y 67,1%, respectivamente; Obligaciones a cargo del Tesoro (4,9%) alcanzó a 100% y 73,9%, del parcial y asignado para el ejercicio, en cada caso; Educación, Ciencia y Cultura (4,6%) fue de 99,4% y 80,9%, en el orden señalado; Transporte (4,2%) fue de 95,5% y 69,8%; entre otros.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso detalla que al 31 de octubre “el gasto total alcanzó a 70,6% del total actualizado, 11,2 puntos menor al nivel de ejecución de un año antes, por efecto principalmente de las modificaciones presupuestarias a través de decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo”, porque elevaron la base de comparación, cuando un año atrás, también con inflación muy superior a la proyectada, la reasignación de partidas se concentró el 15 de noviembre.

De ahí que, salvo los casos de las prestaciones sociales y salarios, en el resto de los rubros: subsidios económicos y gastos de capital (obra pública) se registró el menor grado de ejecución de los últimos 5 años para los primeros 10 de meses de cada ejercicio.

Subejecuciones marcadas

Y si bien en los grandes desagregados del gasto público de la Administración Nacional el gobierno de Mauricio Macri fue muy cuidadoso en el último año de gestión de no desatender la ejecución de partidas, Infobae verificó que en el “interior” de cada jurisdicción se observaron notables abstinencias, entre las que se destacaron la Procuración del Tesoro, apenas usó 69,3% del previsto para el período corrido; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la cartera que conduce Germán Garavano, utilizó 83% del máximo autorizado; el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, conducido por Oscar Aguad, 83,5%; el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, en el ámbito de la Presidencia de la Nación, 83,9%; y de la Secretaría de la Presidencia 85,3%; entre otros.

En el ‘interior’ de cada jurisdicción se observaron notables abstinencias, entre las que se destacaron la Procuración del Tesoro, apenas usó 69,3% del previsto para el período corrido

Un fenómeno similar se registró en los casos de la ejecución presupuestaria por programas, donde las áreas con muy baja asignación de recursos fueron las más “castigadas” con el cumplimiento de sus objetivos:

- Acciones para el Desarrollo de Emprendedores 6,4% de $27 millones;

- Actividades comunes de programas de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos 38,3% sobre $154 millones previsto para todo el año;

- Acciones vinculadas a la adquisición de insumos médicos (compra centralizada) 40,7% sobre $212 millones;

- Desarrollo de la salud sexual y la procreación responsable 56,5% de $677 millones;

- Prevención e investigación contra el terrorismo, el crimen organizado y el ciberdelito (Justicia 2020) 56,6% de $6,2 millones;

- Afianzamiento de la justicia como valor (Justicia 2020) sube a 60,6% de $483 millones:

- Gestión productiva 61,7% sobre una partida habilitada de $26,9 millones;

- Mantenimiento y reparación de obras de arte 62,8% de $30,8 millones;

- Acciones de seguridad vial 66,7% sobre un total de $948 millones;

- Definición de políticas de comercio exterior 66,9% de $670 millones;

- Desarrollo del Plan Antártico 68,2% de $288 millones; y

- Defensa y representación jurídica de Estado 69,3% sobre $502 millones; entre otras subejecuciones.

De todas formas, pese a semejantes grados de subutilización del Presupuesto a menos de 45 días de terminar el año, según un análisis detallado de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Públicas (ASAP) del movimiento de las cuentas públicas en los tres primeros años del gobierno de Cambiemos, cabe esperar que antes de la entrega del mando a la fuerza política electa el 27 de octubre, se acelere el ritmo de ejecución de partidas y finalmente el año cierre con un saldo remanente, promedio de toda la Administración Central de 2% a 3 por ciento.

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