Ley de góndolas: los especialistas advierten que es incumplible y los supermercados prometen ir a la Justicia

Los intentos de las cámaras empresarias por evitar que los diputados avancen con el proyecto de Ley de Góndolas no dieron resultado. La Cámara baja le dio ayer media sanción a la iniciativa de la oposición que había logrado dictamen de mayoría y que propone, entre otros puntos, que una empresa no podrá tener más del 30% del espacio disponible en la góndola por cada categoría de producto y que tiene que haber un mínimo de cinco proveedores por cada uno. El objetivo, según el texto, es que haya igualdad de oportunidades para las pequeñas y medianas empresas en las estanterías de los supermercados y que la mayor competencia ayude a bajar los precios.

Sin embargo, diversos economistas y representantes de las empresas proveedoras y supermercados alertaron que esta norma, si se sanciona, generará el efecto contrario: suba de costos, aumento de precios y despidos de personal.

Sin éxito en Diputados, las empresas proveedoras y las grandes cadenas avanzarán ahora con gestiones ante los senadores para evitar que la iniciativa se convierta en ley, aunque está claro que el nuevo gobierno apoya el proyecto y buscará impulsarlo de cualquier manera. Tanto es así que figura como una de las propuestas bajo estudio del plan contra el hambre que diseñó el legislador y futuro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

En este contexto, avanza entre las cámaras la decisión de judicializar el tema, que ya había sido analizado cuando la gobernadora María Eugenia Vidal buscó impulsar una iniciativa de estas características en la provincia. Ya en esa oportunidad, desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que nuclea a los grandes supermercados, trabajaron en torno a esta posibilidad, que hoy está cada vez más cerca.

De convertirse en ley, la intención es presentar un amparo para declarar su inconstitucionalidad. Las gestiones en contra del avance de este proyecto fueron encaradas no sólo por ASU, sino también por la Cámara de Comercio norteamericana en el país (Amcham), que advirtió, en una reciente carta que le envió a la diputada y titular de la Comisión de Defensa del Consumidor, Marcela Passo, que el proyecto “atenta no sólo contra garantías básicas como el ejercicio de la industria licita, el comercio, el uso y disposición de la propiedad -todas ellas consagradas en nuestra Carta Magna-, sino que también abre la puerta a controversias internacionales.

Además, la cámara advirtió en esa misiva que la pérdida de puestos de trabajo, por pérdida de rentabilidad y eficiencias, se estima entre 5000 y 7000 personas, y que se prevé un aumento de los costos laborales en la cadena de comercialización del 20% y un aumento de precios de venta final al público por traslado de costo incremental del 10% al 12%. “Es así que el proyecto pone en riesgo a toda la cadena de comercialización que abastece al 70% del mercado. Teniendo en cuenta además que, de los 10 mayores empleadores privados de la Argentina, 4 son cadenas de comercialización que serán afectados por la norma en cuestión”, planteó Amcham.

Advierten que el tope del 30% de participación en la góndola planteado en el proyecto “generará complicaciones operativas para reponer los productos en tiempo y forma, provocando desabastecimiento en góndolas y/o quiebres de stock, lo que tendría una incidencia al alza en el precio de los productos, con los consecuentes incrementos de costo por mano de obra adicional de reposición”.

El avance en el Congreso de la iniciativa también generó reacciones adversas por parte de varios economistas. Es el caso de Fausto Spotorno, de Ferreres & Asociados, que vía Twitter envió un hilo de tweets con una detallada explicación de cómo funciona el mercado y de por qué los argumentos de quienes apoyan el proyecto, como la diputada Elisa Carrió, carecen de realismo. “Al tratarse de un servicio, el carnicero vende confianza, lo mismo que el almacenero o el verdulero, el supermercado vende disponibilidad y facilidad de compra. Y lo más importante es que los consumidores elegimos y maximizamos nuestro bienestar, haciendo las compras en diferentes lugares. De hecho, los supermercados son solo el 30% del mercado minorista de consumo”.

“Todo este esquema es complejo, está el productor en un lado, transportistas, servicios logísticos, supermercados, almacenes, en el medio, y el consumidor en el otro. Cuando el Estado se mete en el medio de estás relaciones comerciales sin saber no facilita nada. Una regulación es un costo. Un costo más alto reduce el valor agregado. Al aumentar los costos de intermediación, de alguna manera, este se terminará distribuyendo ente los intermediarios, los consumidores y los productores. Por eso la ley de Góndolas es tan nociva”, aseguró el economista.

Consultado por Infobae, el economista de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, señaló que si bien los supermercados pueden cometer abusos muchas veces en patear pagos a proveedores, avanzar con este tipo de regulaciones no es la forma, y además generará mayores costos que se trasladarán a precios. Según remarcó, “no hay que regular a los intermediarios sino favorecer que los productores puedan llegar directamente a los consumidores. Favorecer la competencia implica tratar de derribar barreras y trabas. Hay que preguntarse por qué los supermercados se manejan con las grandes empresas y por qué la chica no puede llegar. Y si es porque las grandes ponen plata, hay que sancionarlo”, remarcó Tiscornia.

Por su parte, Agustín Etchebarne, de la Fundación Libertad y Progreso, aseguró que “la ley de góndolas es una estupidez, incumplible y con objetivos contradictorios”. Señaló que “creará más burocracia inútil, mayores costos y más corrupción, y por ende, aumentará los precios. “Aumenta la ineficiencia de la economía. Requeriría un ejército de inspectores con cintas métricas. El socialismo estatista logró que Venezuela pase de ser el más rico al más pobre de Latinoamérica y metió a la Argentina en depresión desde 2012. No vamos a salir con más estatismo y más socialismo”, enfatizó el analista.

A su vez, Guido Lorenzo, de la consultora LCG, enfatizó: “La iniciativa está bien en los papeles, pero es imposible de controlar. Ojalá contribuya a ampliar la oferta y variedad de productos, principalmente en lo que refiere al espacio de góndola que no supera el 30% la misma variedad. Respecto a los 5 proveedores, difícilmente para algunos productos se encuentren esa cantidad”.

Para Aldo Abram, en tanto, el proyecto es “absurdo, incrementará los costos de comercialización y, por ende, los precios que pagará el consumidor, al hacer más ineficiente el uso del espacio Además, generará un montón de empleo público inútil para controlar. O sea, más impuestos".

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