Un informe de Cippec concluyó que la Argentina tiene una de las estructuras estatales más grandes de la región

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) dio a conocer su análisis del Estado reciente, con una conclusión primaria contundente: “El gabinete de Mauricio Macri es uno de los más grandes de América latina, y también desde la vuelta de la democracia en la Argentina desde 1983”, aunque no muestra valores comparativos. Alberto Fernández hizo declaraciones similares en las últimas horas y Andrés Ibarra, vicejefe de Gabinete, le respondió.

Estas conclusiones forman parte del documento de Cippec “GPS del Estado-Radiografía y balance de la Administración Pública Nacional 2015–2019. El círculo vicioso entre el deterioro fiscal y el escaso desarrollo de las capacidades estatales”, de Gonzalo Diéguez, José Gasparin, Jimena Rubio y Lucía Aruanno, que se presentó en forma anticipada a la prensa, en un encuentro del que participó Infobae, y que luego también se le acercó a las autoridades nacionales, según pudo constatar este medio.

Para llegar a esa conclusión, los autores del informe se concentraron exclusivamente en la estructura organizativa de la Administración Pública Nacional, el organigrama del Poder Ejecutivo, con cargos y funciones, y su evolución desde 2016 hasta la actualidad, sin incluir referencias a la totalidad de la nómina de empleados asalariados y contratados; y sin agregar las empresas públicas y organismos descentralizados.

Sobre esa base, se concluyó: “en el período no hubo un patrón de reducción, y por el contrario, se generaron costos para hacer políticas públicas, porque persistieron las dificultades para plantear propuestas de largo plazo y construir confianza, al mantener una burocracia tan inestable que afecta no sólo a los cargos políticos, sino también técnicos”, observaron los investigadores de Cippec.

El trabajo hizo foco en que mientras a fines de 2015 se contaban 669 cargos distribuidos en 18 Ministerios; 69 Secretarías de Estado; 290 direcciones nacionales; 166 subsecretarías; y 127 direcciones generales; se elevó a 880 en 2017, y luego, con la crisis cambiaria y el ajuste del gasto público para poder acceder a un acuerdo de crédito stand-by a mediados de 2018 se volvió a una estructura de 694 cargos, y en 2019 totalizaba 691 casilleros, sin especificar cuántos empleados tenían a cargo por área y en esos años.

Como consecuencia de ese proceso, se estimó: “el resultado fiscal de la Administración Pública Nacional, no incluye ni empresas, ni organismos descentralizados, ni provincias ni municipios, pasó de un déficit de 3,7% del PBI en 2015 a 5,6% en 2018, y se prevé que cierre 2019 con un resultado negativo que rondaría 4% del PBI”.

Y concluye, previo detallar que solo “17% de los funcionarios técnicos mantuvo el puesto durante los 4 años de gobierno de Cambiemos; y 24% en el caso de los funcionarios políticos", que la persistencia de esos desequilibrios “se explica, en parte, por el deterioro de los ingresos al arca del Estado, por la reducción de impuestos; la devolución a provincias de los fondos que financiaban Anses, así como también por los bajos niveles de actividad económica".

“La baja permanencia de los funcionarios técnicos muestra que faltaron políticas de profesionalización, como procesos meritocráticos de selección y de trayectoria profesional con cierta independencia de los vaivenes políticos”, sostuvo Gonzalo Diéguez, director de Gestión Pública de Cippec y coautor del documento.

Hasta el primer trimestre de 2019 en el gobierno de Macri, hubo 125 llamados a concursos para cargos ejecutivos en la administración pública nacional central. Sin embargo, su impacto fue poco significativo: las posiciones finalmente concursadas hasta principios de 2019 eran solo un 5% del total del nivel directivo.

El contrapunto del Gobierno

Infobae consultó a fuentes de la Administración Pública Nacional sobre las conclusiones a las que llegó el trabajo de Cippec y rápidamente mostraron su “sorpresa”, principalmente porque “el estudio no hace comparaciones con gobiernos previos; ni tampoco pondera los efectos de las medidas ni toma en consideración las medidas que se tomaron en los cuatro años para reducir la burocracia y la papelería en cada trámite de los ciudadanos”.

Y enumeran:

1. “Nuestro Gobierno fue el que más cargos de la Alta Dirección Pública (ADP) concursó en la historia de nuestro país. Más que cualquier otra gestión. Durante el kirchnerismo -y durante todas las gestiones anteriores- solo se habían concursado 7 cargos de la ADP, mientras que el Gobierno de Macri concursó 328, es decir un 4.500% más".

2. “Como nunca antes, esta gestión ha articulado con todos los organismos del Estado, teniendo un órgano rector que centraliza todas las acciones (Modernización). Es la primera vez que se desarrolla un enfoque integral para optimizar la articulación entre todas las dependencias, basado en la implementación de tecnología y jerarquización de sus empleados. Hoy todos los Ministerios cuentan con evaluaciones y tableros de control para el seguimiento de proyectos y cumplimiento de compromisos públicos”.

3. “Para entender la magnitud de esta transformación: hoy más de 300.000 empleados públicos se capacitaron en el manejo de herramientas digitales, en especial en el sistema de Gestión Documental Electrónica, que permitieron que no solo los expedientes se resuelven más rápido ya que pasan por la plataforma de organismo a organismo, evitando traslados físicamente, sino que también permitió que más de 1.800 trámites ciudadanos que antes eran presenciales, hoy se hacen por internet y a distancia. Posibilitó un ahorro de más de $2.000 millones por año".

4. “En 2015 el 90% de los municipios del país no tenían herramientas digitales; hoy hay más de 5.000 herramientas digitales en 1.600 municipios”.

5. “En 2005 había 124.409 empleados en la Administración pública Nacional (Poder Ejecutivo), subió a 237.889 hacia 2015 y se redujo a 194.273 a septiembre de 2019; en el sector público nacional pasó de 540.373 en 2005 a 798.702 diez años después; y se redujo a 740.780 en 2019, principalmente por el traspaso de la Policía Federal al gobierno de la Ciudad, y en parte por la racionalización administrativa; en cambio en el conjunto de las provincias la nómina se elevó de 1.643.638 en 2005 a 2.309.712 en 2015 y ahora asciende a 2.379.451 personas; mientras que en el agregado de los municipios se elevó de 399.001 en 2015, a 575.562 en 2015 y a 605.746 ahora".

Dos miradas diferentes de la gestión pública

Las dos lecturas de la evaluación de la gestión pública no permiten determinar si una está en lo cierto y la otra está equivocada, porque a primera vista pareciera que las dos tienen signos de veracidad, y por tanto de legitimidad.

Claramente, muchos se sentirían más cómodos con un Estado más eficiente con menor estructura y mejores resultados; con la eliminación del déficit fiscal con menos impuestos y menos gastos por empleado y por habitante.

Mientras que otros no estarían dispuestos a correr el riesgo a que una reducción severa de la nómina de empleados públicos presione a la baja sobre sus ingresos en términos reales, porque muchos estarían dispuestos a trabajar en el sector privado, incluso por menores salarios a los que de modo transitorio (contratados) obtienen del Estado.

Hecha esa aclaración, y pese a que Cippec omitió presentar estadísticas comparativas con administraciones anterior, parece claro que en los cuatro años de Cambiemos no se han visto progresos en la simplificación del organigrama de la Administración Pública Nacional.

Pero al mismo tiempo, la distribución de la nómina de empleados en la APN, comprendiendo asalariados y transitorios, muestra una alta cuota de reducción. Y no sólo en comparación con lustros previos, sino también respecto del conjunto del sector público nacional, que incluye empresas públicas y organismos descentralizados o autárquicos, y más aún en contraste con el conjunto de las provincias y municipios.

Aunque a favor de estos se destaca un esfuerzo por revertir la onda expansiva de años previos, y también que parte del aumento de la nómina se vincula con el crecimiento vegetativo de la población que demanda aumento de personal en las áreas de la educación, sanidad y policía, principalmente.

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