A diez días de las elecciones presidenciales, los empresarios se unieron para pedirle a los candidatos garantías en materia de institucionalidad y políticas de Estado. La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA); el Foro de Convergencia Empresarial y el Instituto de Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) están terminando de pulir un documento que será difundido en los próximos días y que buscará la adhesión de los distintos candidatos.
El documento apuntará a la necesidad de garantizar la institucionalidad y hará especial hincapié en los cargos públicos. Según precisaron los banqueros en un almuerzo organizado con periodistas en el marco del 55º Coloquio de IDEA, el objetivo es pedirles a los políticos que analicen que los referentes de algunas instituciones como el Banco Central, la AFIP, la Anses y la Unidad de Información Financiera, por nombrar algunos casos, puedan eventualmente continuar en sus puestos si han hecho una buena gestión. No es una imposición, claro, ni un pedido directo con nombres y apellidos sino una apuesta a cierta continuidad institucional.
“Reafirmaremos la importancia de que los cargos públicos se elijan por mérito y con transparencia, y que aquellos funcionarios que tuvieron una buena gestión, puedan continuar en sus puestos, más allá del cambio de signo político del Gobierno”, dijeron fuentes de ABA.
La iniciativa surgió luego de las PASO y el objetivo es lograr que los presidenciables lo suscriban la semana próxima. El principal destinatario del pedido es el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien no estará presente en el 55 Coloquio de IDEA.
Ramos Padilla
Además, el Foro de Convergencia Empresarial de manera individual expresó hoy su preocupación por la investigación judicial que alcanza a varios periodistas que está llevando adelante el Alejo Ramos Padilla, juez Federal de Dolores.
“Consideramos que dicho procedimiento es inconstitucional ya que viola las garantías legales que protegen la labor del periodismo consagradas en la Constitución Nacional. Adicionalmente existen objeciones fundadas de la Fiscalía que considera que se están violando principios fundamentales del derecho como el debido proceso, el del juez natural y el del derecho a la defensa”, dice el comunicado de organismo que preside Miguel Blanco.
También se critica que el magistrado le haya dado intervención para que dictamine a la Comisión Provincial de la Memoria, “un organismo que no es auxiliar de la justicia ni posee la idoneidad necesaria para juzgar la labor del periodismo y que, además, tiene un marcado sesgo ideológico, decisión ésta que por su irregularidad debería ser motivo de análisis y cuestionamiento por parte del Consejo de la Magistratura”.
“Exhortamos a las instancias superiores de la Justicia, en la oportunidad en las que les toque intervenir, a encausar este proceso como corresponde a derecho ya que está en juego la libertad de prensa y la labor del periodismo de investigación que son necesarios para mantener la transparencia en el accionar del Estado en sus distintos niveles”, cierra el documento del Foro.
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