El Banco Central publicó este viernes un listado con todos los nombres de las personas que compraron más de USD 10.000 a pesar de la prohibición que rige desde el 1º de septiembre. La sorpresiva decisión desató rápidamente la polémica y movilizó a muchos referentes del mundo económico y del Derecho a manifestar públicamente su rechazo.
“Señalar públicamente a alguien como infractor por defender su patrimonio, se asemeja más a comportamientos fascistas que a una democracia republicana”, sentenció categórico Roberto Cachanosky.
Ante la consulta de Infobae, el economista también señaló que al publicar los nombres de quienes compraron más de USD 10.000 se pone en riesgo la seguridad de esas personas porque “pasa a ser información que tienen los delincuentes, por ejemplo los que hacen secuestros virtuales”.
Y desde el punto de vista político, lamentó el “comportamiento totalmente contradictorio” de un gobierno que “si en algo se diferenció del kirchnerismo, fue en ser respetuoso de los derechos individuales”.
“Me trajo inmediatamente a la mente el escrache público que en su momento le hizo Cristina Kirchner al ‘abuelito amarrete’ en la época del cepo cambiario o cuando también ‘escrachó públicamente’ al empleado de una inmobiliaria haciendo pública su situación fiscal violando la ley al ignorar el secreto fiscal”, recordó.
Por su parte, el economista Diego Giacomini dijo la medida fue obra de la Gestapo, en referencia a la policía secreta del régimen nazi, e ironizó en que ya ni siquiera la candidata del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, se animará a calificar al gobierno de Mauricio Macri como liberal. En esa línea, señaló que el Banco Central es un “instrumento de la casta política para avanzar sobre el individuo” y pidió cerrarlo.
En la misma línea, el abogado y analista de mercados financieros Carlos Maslatón, aseguró que se trata de una violación del secreto financiero “ilegítima desde todo punto de vista porque no debería ser motivo de repudio que una persona quiera adquirir moneda extranjera”.
Además, argumentó que no debería imputarse una infracción cambiaria a quienes superaron el límite porque “fue el mismo sistema electrónico del BCRA el que habilitó las presuntas duplicaciones en la compra”.
Desde el punto de vista legal, el abogado tributarista Jorge Haddad también cuestionó la violación del secreto bancario. “Cuando entra en el sistema financiero, la persona jurídica o humana se encuentra amparada por el denominado secreto bancario que implica una relación personal y excluyente entre la entidad financiera y la persona. No pueden publicarse sus datos o las operaciones que realiza con lo que al difundir las identificaciones personales y las operaciones realizadas como mínimo se está violando esa obligación, lo que debe ser considerado un hecho grave dentro del sistema financiero”.
A partir de ahora, si alguna persona que se encuentra en la lista considera que hay un error, deberá acercarse a las oficinas del BCRA para enmendar la situación y recuperar el CUIT.
En ese sentido, el tributarista argumentó que “la suspensión del CUIT la puede realizar solo la AFIP con causas determinadas y fundamentadas; no es el BCRA la autoridad de aplicación o competente para efectuar esa grave sanción”. Según su visión, si el BCRA realizó sumarios debería evitar publicar la información hasta tenga una sanción firme. Es importante tener en cuenta que este tipo de sanciones se apelan ante el fuero Penal Económico. “Falta mucho para que estén en condiciones de difundir los nombres de los sancionados”, resumió Haddad.
Para Carlos Echezarreta, abogado laboralista, este tipo de medidas afecta la confianza en las instituciones debido a que la misma se basa en el uso prudente y razonable del poder. “La posibilidad de investigar faltas o delitos no está comprometida de modo que la medida aparece injustificable y afectará la conducta de los contribuyentes no precisamente para bien”, explicó el letrado.
"Es normal que el BCRA emita comunicaciones "C" que son de carácter informativo o rectificativo. Lo cuestionable es que la misma se publique con los nombres y apellidos, cuando se podría haber hecho solo con la clave única de identificación tributaria. Está en colisión con los principios del secreto financiero contenidos en la Ley 21.526, pero lamentablemente los distintos tipos de escraches son moneda corriente", sumó Pablo Das Neves, abogado y licenciado en finanzas.
El listado publicado este viernes incluye a 434 contribuyentes, con sus correspondientes números de documento y CUIT.
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