Nicolás Dujovne ya había acordado con el Presidente Mauricio Macri que continuaría en su cargo. La única condición que había impuesto era avanzar ahora sí con las reformas estructurales que garantizaran el crecimiento en la segunda gestión. Luego de haber llevado adelante la durísima tarea de ajustar las cuentas públicas para cumplir con el déficit primario cero este año, consideraba que Argentina tendría por delante años de bonanza.
Por supuesto que aquellos planes chocaron con la dura derrota electoral del domingo, que tuvo dos efectos: desnudó los serios problemas de la gestión económica y redujo a su mínima expresión al posibilidad de reelección.
Pero más allá de la decepción por el resultado electoral, la gota que rebalsó el vaso para Dujovne fueron las medidas anunciadas en los días posteriores a las elecciones primarias. El motivo es que vuelven incumplible la meta de equilibrio fiscal que se había comprometido ante el FMI para este año.
Nicolás Dujovne nunca se movió de su rol de ministro de Hacienda. Era el “garante” de cumplir con las metas fiscales comprometidas con el FMI. Pero el último paquete de medidas tiró por la borda el objetivo de “déficit cero”
Dujovne siempre procuró cumplir con el rol para el que fue convocado: ministro de Hacienda. Esto es, velar por el cumplimiento de los objetivos fiscales. Y a eso comprometió su tarea desde el día uno. Desde el primer momento, además, fue el encargado de poner la cara ante el Fondo como garante de que se cumplirían con los objetivos planteados en materia de gastos e ingresos.
Consiguió, además, algo inédito desde la crisis de 2001: una disminución del gasto primario en relación al PBI, que bajó de 25% en 2015 a 17,6% en 2019. Pero ese ajuste quedó eclipsado por el fuerte aumento de los pagos de intereses de la deuda especialmente a partir de 2018.
Los últimos anuncios tendrán un elevado costo y sin lugar dudas aumentarán significativamente el agujero fiscal en estos meses que quedan hasta fin de año. Expresándolo coloquialmente, Macri decidió "tirar la chancleta". Evitar a toda costa los efectos de la nueva devaluación en el bolsillo de los argentinos. Algo que claramente no había sucedido en tres años y medio de gestión.
La único que se informó sobre el primer paquete de medidas (suba del mínimo no imponible de Ganancias, bono a estatales, nuevos planes de pago a PYMES, entre otras) tendrían un costo de $ 40.000 millones. Sólo se dijo que sería compensado con una "reasignación de partidas", sin mayores detalles.
Pero luego llegarían otras decisiones, especialmente la suspensión del IVA para 24 alimentos básicos hasta fin de año. En ningún momento se informó cuál sería el costo fiscal, pero según un informe elaborado por IARAF sería de $ 11.400 millones hasta fin de año, repartido entre Nación y provincias. Hasta Alberto Fernández, aún en medio de la campaña, alertó por el efecto negativo sobre las cuentas provinciales.
También el congelamiento de las cuotas de los créditos UVA tendrá un peso sobre las arcas estatales, que pondrá la diferencia que hubiera correspondido por el ajuste por inflación.
La nueva devaluación, que llevó al dólar de $ 46 a $ 58 en una semana, añade otro fuerte costo a las arcas públicas. Al estar congeladas las tarifas hasta fin de año, el subsidio necesario para que no aumente el peso de las facturas crecerá mucho más de lo previsto originalmente.
Ahora el que tendrá que dar la cara ante el FMI para explicar el desfinanciamiento que sufrirán las arcas públicas en los próximos meses será el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. Pero por ahora es un misterio cuál será la respuesta del organismo.
La próxima misión del FMI debería llegar en los próximos días a Buenos Aires. En lo formal se trata de la revisión de las metas fiscales y monetarias del segundo trimestre, cumplidas con holgura. Pero resultaría inocente pensar que los técnicos del organismo sólo se concentrarán en el pasado. Tras las PASO y esta cantidad de medidas anunciadas por el Gobierno, también proyectarán si hay posibilidades todavía de cumplir con el "déficit primario cero" comprometido en el acuerdo vigente.
Por lo tanto, el próximo desembolso de USD 5.400 millones -que debería llegar para mediados de septiembre- no está asegurado ni mucho menos. Se trata de recursos que el Gobierno precisa más que nunca para llegar a diciembre. Y además es el último gran desembolso que tiene previsto el Fondo Monetario en el acuerdo. Luego llegarán a razón de USD 1.000 millones trimestrales hasta mediados de 2021. Casi un "vuelto" en comparación con toda la plata desembolsada desde mediados de 2018.
Los técnicos del FMI tendrán que evaluar si están dadas las condiciones para mantener con vida el acuerdo o hay que renegociarlo, como reclama la oposición. Pero la decisión final sobre los futuros desembolsos la tendrá Estados Unidos
En 2001 la suspensión de un desembolso del FMI en medio de la crisis que atravesaba la Argentina aceleró la salida de depósitos y a los pocos días el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, instrumentó el "corralito".
El acuerdo vigente con el organismo significó entonces un verdadero salvavidas de plomo. Le dio algunos meses más de aire al Gobierno de Fernando de de la Rúa en 2001, pero luego lo terminó condenando.
Las discusiones que se producirán en los próximos días son vitales. Es posible que el equipo de técnicos encabezados por Roberto Cardarelli se muestre reticente a seguir aprobando desembolsos millonarios ante la falta de disciplina fiscal. O exigirá que se realicen ajustes en otras partidas para llegar lo mejor posible a la meta de déficit cero.
La última palabra la tendrá, sin embargo, el directorio del Fondo. Ahí llegará la hora de la verdad: ¿Estados Unidos seguirá apoyando a la Argentina, sabiendo que lo más probable es que desde diciembre el país será gobernado por la fórmula Fernández-Fernández? Un misterio hoy imposible de develar pero que dice mucho sobre cómo será este complejo tránsito político y económico hasta el 10 de diciembre.
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