En busca de apoyo empresario para el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, el Gobierno se reunirá este miércoles con los representantes de las principales cámaras sectoriales. Desde algunos sectores, ya habían manifestado su conformidad en general, pero mostraron reparos hasta conocer todos los detalles, la llamada "letra chica", que aún no trascendió.
Hasta el momento, está confirmado que los empresarios serán recibidos por el ministro de Producción y Trabajo Dante Sica; el canciller Jorge Faurie; el secretario de agroindustria Luis Etchevehere; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales Horacio Reyser; y la secretaria de Comercio Exterior Marisa Bircher.
Del lado empresario, habrá representantes de la Unión Industrial Argentina, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Sociedad Rural, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Cilfa), la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) y la Corporación Vitivinícola (Coviar). La reunión será a las 14:30 en la Quinta presidencial de Olivos.
En la reunión, podrían surgir planteos de algunas de las cámaras que apoyaron el acuerdo en general, pero dicen que no tienen en claro cuál es la letra chica
"En términos de geopolítica y economía, una mayor integración siempre es positiva para la Argentina, por eso es irresponsable criticar el acuerdo solo por haberse firmado. Se puede observar la falta de conocimiento de la letra chica", señaló José Urtubey, dirigente de la UIA, que apuntó a las declaraciones recientes en contra del acuerdo del candidato a presidente Alberto Fernández, a las que calificó de "desacertadas".
Sobre el escenario de que algunas industrias podrían desaparecer como consecuencia del acuerdo, Urtubey consideró que es un tema que no se puede tomar livianamente. "No se puede decir que un sector no es competitivo cuando al mismo tiempo no tenés financiamiento, hay alta presión impositiva y el sistema financiero está escasamente direccionado a la producción. El desafío es encarar reformas estructurales", advirtió.
En la reunión, podrían surgir planteos de las cámaras que apoyaron el acuerdo en general, pero que aún no tienen en claro qué fue exactamente lo que se negoció, especialmente de los sectores más sensibles, como vinos, calzado, textiles, la industria farmacéutica o de la madera. Desde el Gobierno, informaron que el objetivo es analizar todos los detalles del acuerdo y aclararon que el diálogo con el sector privado estuvo siempre presente.
Desde la CAME, por ejemplo, ven el acuerdo como una oportunidad enorme, pero aseguran que se debe hacer un trabajo previo para "equilibrar la cancha" y mejorar la competitividad de la Argentina, con menos carga tributaria e impuestos distorsivos, la logística y la legislación laboral. "En Europa hay mucha resistencia, hay que ver si se aprueba en el Parlamento. Más del 60% de lo que exportamos a Europa son productos de base agro, sin industrialización. Tenemos mucho para ganar y podríamos industrializar productos en origen", señaló Pedro Cascales, vocero de CAME.
Los representantes de la industria maderera advierten que en su caso aún no conocen cuáles son los plazos para la liberalización total de los aranceles en su sector. "No se puede estar en absoluto desacuerdo, pero hay una serie de derechos y obligaciones. Nadie tiene dudas de las asimetrías entre las economías y debería haber un acuerdo entre el sector público, incluido el Congreso, sindical y privado para asumir las responsabilidades", indicó Pedro Reyna, presidente de la Federación Argentina Industria de la Madera (Faima), otra de las entidades invitadas.
La Corporación Vitivinícola (Coviar) es otra de las entidades que considera importante conocer los detalles. "No conocemos la proporcionalidad de la desgravación de los productos vitivínicolas. Es de ocho años para el vino fraccionado y de doce para los espumantes pero no sabemos los porcentajes hasta llegar a 0", explicó Carlos Fiocheta, gerente de la corporación, que también coincidió en la necesidad de un programa de mejora de competitividad para moderar asimetrías entre los bloques.
La entidad planteó, por ejemplo, que el jugo concentrado de uva tenga una liberalización automática al momento de la puesta en marcha del acuerdo, pero aún se desconoce si fue aceptado. Otro tema clave para el sector es conocer qué pasará con la propiedad intelectual del vino, sobre todo con las denominaciones de origen.
Por el lado de los laboratorios, la expectativa es que se mantengan las líneas rojas en materia de derechos de propiedad intelectual.
El lunes pasado, la cancillería argentina dio a conocer algunos ejemplos sobre cómo quedarán los aranceles de acceso para bienes industriales y agroindustriales al mercado europeo. En el caso de los industriales, el plazo más largo será para las autopartes, que hoy tienen aranceles de 10% a 20%, llegarán a la liberalización total en 7 a 10 años. Para químicos, maquinarias y equipamiento médicos será de 0 a ocho años, según el caso.
Para los bienes agroindustriales, habrá una liberalización inmediata de aranceles para frutas secas y disecadas. Y plazos para verduras, vinos y cítricos que pueden ir de cero a siete, ocho y diez años según el caso.
El Gobierno advirtió que el acuerdo tuvo en cuenta las “sensibilidades” que existen en diferentes rubros de la economía, con plazos de adaptación de entre 10 y 15 años
De acuerdo con el Gobierno, la asociación estratégica entre Mercosur y la Unión Europea implica la integración de un mercado de 800 millones de habitantes, casi una cuarta parte del PBI mundial y con más de USD 100.000 millones de comercio bilateral de bienes y servicios.
Por su parte, Etchevehere aseguró que Europa demanda principalmente lo que nosotros mejor sabemos hacer y advirtió que el acuerdo tuvo en cuenta las "sensibilidades" que existen en diferentes rubros de la economía, con plazos de adaptación de entre 10 y 15 años.
El titular de la cartera agroindustrial nacional estimó que los beneficios en tiempo serán visibles en aproximadamente dos años, al indicar que se trata de 10.000 posiciones arancelarias, de las cuales alrededor de 1.800 son de agroindustria que fomentarán el agregado de valor.
Seguí leyendo