El gobierno nacional promulgó este lunes la Ley 27.506 que dispone la creación de un Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y que establece reducciones e incentivos fiscales para empresas de software, informática, biotecnología, servicios profesionales exportables e industrias del entretenimiento y creativas, entre otras.
Esta ley fue sancionada por unanimidad el 22 de mayo pasado en el Senado de la Nación. Y en su artículo tercero dispone la creación del Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento en el que deberán inscribirse quienes deseen acceder al nuevo régimen.
Con la implementación de la normativa se estiman generar más de 400.000 puestos de trabajo calificado y llegar a exportar USD 15.000 millones de dólares en el transcurso de la próxima década
La nueva normativa reduce los costos laborales para el sector, ya que adelanta el Mínimo no Imponible que la reforma tributaria prevé para el 2022. Además, otorga un bono de crédito fiscal transferible equivalente a 1,6 veces las contribuciones que debieran abonarse sobre ese mínimo no imponible. Este beneficio, puede utilizarse para cancelar impuestos nacionales, como IVA o Ganancias. Además, contempla una alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias del 15%.
Por otro lado, la ley estipula que los exportadores que hayan abonado o se le hayan retenido impuestos similares al Impuesto a las Ganancias en el país destino de la exportación, podrán deducir lo pagado contra el impuesto a las Ganancias, obteniendo un alivio fiscal.
También, fomenta la creación de nuevas empresas. A partir de ahora, aquellas empresas con una antigüedad menor a 3 años, y categorizadas como micro en el Registro Pyme, pueden ser una actividad elegible acreditando solamente el 70% de su facturación sin necesidad de cumplimentar otros requisitos.
Por último, entre otros beneficios, la normativa implica una mayor estabilidad fiscal para sus beneficiarios ya que no podrán ver aumentada su carga tributaria total nacional a partir la inscripción en el Registro, incluyendo los derechos de exportación.
La medida —un impulso a las actividades productivas que se caracterizan por el uso intensivo de tecnología y que requieren capital humano altamente calificado— es una continuidad de la Ley de Promoción del Software, del año 2003. Con la implementación de la normativa se estiman generar más de 400.000 puestos de trabajo calificado y llegar a exportar USD 15.000 millones de dólares en el transcurso de la próxima década, según estimaciones del sector.
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