¿Esta vez será la vencida? El Gobierno volverá a intentar la aprobación de una Ley Nacional de Alquileres. El año pasado, un proyecto que contaba con media sanción del Senado no llegó a debatirse en Diputados y perdió su estado parlamentario. Ahora, la Secretaría de la Vivienda, encabezada por el secretario Iván Kerr, busca consensuar con las asociaciones de inquilinos y de las cámaras inmobiliarias una nueva legislación.
Este mediodía, los funcionarios de la secretaría de Vivienda y el diputado Daniel Lipovetzky se reunieron con distintas asociaciones de inquilinos y del sector inmobiliario para conocer su opinión sobre el nuevo proyecto. Los puntos que generan más discusión son el pago de las comisiones —que quedarían a cargo solo de los propietarios— y el plazos mínimos de los contratos, que aun no está claro si será de dos o tres años. Ese es uno de los temas que generó resistencia el año pasado y que ahora se busca llegar a un acuerdo con los distintos sectores.
La Secretaría de la Vivienda busca consensuar con las asociaciones de inquilinos y de las cámaras inmobiliarias una nueva legislación para alquileres
"Los representantes del gobierno están en sintonía con los intereses del mercado inmobiliario. Por eso redactaron un proyecto que elimina del proyecto original gran parte de las medidas que nos favorecían. Los dos puntos centrales de nuestra iniciativa no figuran en la propuesta oficial: no extienden el plazo mínimo de los contratos ni regulan seriamente el aumento de los alquileres", explicó Gervasio Múñoz, de la asociación porteña Inquilinos Agrupados. Esta agrupación apoyo otro proyecto que acaba de ser presentado en el Congreso por la senadora Silvina García Larraburu.
Desde las cámaras inmobiliarias se mostraron de acuerdo con algunos puntos, como la actualización de los alquileres y las distintas opciones de garantías. "Si se logra consenso es muy factible que el proyecto llegue al Congreso este año. Sugerimos agregar la posibilidad de una mediación a través de un arbitraje privado del Colegio de Abogados, por ejemplo", indicó Alejandro Bennazar, titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).
Aquí los principales detalles del nuevo proyecto que presentará el Gobierno:
Comisión
Para el caso de inmuebles que se alquilan como vivienda, de acuerdo a la propuesta del Gobierno, no podrá exigirse al locatario (inquilino) el pago de comisión, gastos de publicación o certificación de firmas.
Actualización del valor de los alquileres
Según el borrador del nuevo proyecto, se podrán realizar ajustes semestrales al precio del alquiler basados en un índice formado en partes iguales por el índice de precios al consumidor (IPC) y el coeficiente de variación salarial (CVS) elaborado por el Indec.
Esta actualización se podrá aplicar a las cuotas menores al equivalente a 1000 UVAs (unos $35.000) o el límite que establezca cada provincia o la ciudad de Buenos Aires mediante una ley especial.
Garantía
El inquilino puede proponer al locatario al menos dos de las siguientes garantías: garantía real, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza y garantía personal del locatario o del fiador (que se documentará con recibo de sueldo o certificado de ingresos). El locador deberá aceptar una de las garantías propuestas por el locatario.
Depósito
Si el destino es habitacional, no puede requerirse al locatario el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes ni depósitos de garantía mayor al importe equivalente al primer mes de alquiler.
Además, el depósito en garantía debe ser devuelto al momento de la restitución del inmueble, actualizado mediante el mismo procedimiento de ajuste utilizado durante el trascurso del contrato.
Expensas extraordinarias
Según el proyecto, solo estarán a cargo del locatario aquellas expensas que deriven de gastos habituales —servicios normales y permanentes— "independientemente de que sean considerados como expensas ordinarias o extraordinarias".
Alquiler social
El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Vivienda, deberá promover la creación de un programa para apoyar a quienes tengan dificultades en acceder a una vivienda en alquiler, teniendo especial consideración con las personas que se encuentren en "situación de violencia de género".
La secretaría podrá disponer la creación de un seguro que cubra la falta de pago de alquileres, el pago de indemnizaciones por daños o ocupación indebida del inmueble.
Métodos alternativos de resolución de conflictos
A través del área competente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en forma concertada con las provincias y la ciudad de Buenos Aires, se fomentará el desarrollo de ámbitos de mediación gratuita o de bajo costo para la resolución de conflictos derivados de la relación locativa.
El sector inmobiliario acaba de conformar la mesa de la Comisión de la Industria del Mercado Inmobiliario Argentino, donde además de las cámaras del sector participa la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y entidades de inquilinos como Asociación en Defensa de Inquilinos (ADI). Una de sus propuestas es contar con un sistema de arbitraje voluntario para la resolución de conflictos entre propietarios e inquilinos.
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