Medidas de corto plazo contra la inflación nunca pueden solucionar un problema histórico

Un Gobierno afectado por la pérdida de credibilidad en materia económica, fundamentalmente porque se ha fijado desde su inicio un vara muy alta de superar cuando técnicamente y socialmente era casi imposible de alcanzar con políticas aisladas, y con la aún ausencia de un ministro ejecutor con poder político, además de técnico, para revertir no sólo una larga historia de alta inflación, sino también la normalización de los principales precios de la economía, como tarifas, tipo de cambio y tasas de interés, para que induzcan a inversiones productivas, incrementen el empleo, la productividad y la competitividad sistémica.

La incapacidad y falta de convicciones en el equipo de Gobierno para explicar desde un inicio del mandato la gravedad del cuadro heredado, las medidas correctivas, sus efectos negativos inevitables en el comienzo, pero con paliativos como se hizo para los sectores de menores recursos, para llegar al objetivo buscado, llevaron a un desgaste que pudo ser evitado, y que ahora intenta reafirmar la iniciativa, sin afectar el compromiso asumido con el FMI para que no se caiga el acuerdo de financiamiento ampliado, que es lo único que contribuyó a evitar un nuevo escenario de default.

"Es lo máximo que pueden hacer, por eso se ha tenido mucho cuidado en favorecer a mucha gente sin afectar las restricciones comprometidas con el FMI, por eso los créditos favorecen a sectores de medianos y altos ingresos que habían sido descuidados por la gestión Cambiemos, y por tanto afecta al potencial electorado que busca el peronismo federal. Las medidas se verán en el camino si son suficientes o no", le decía a Infobae un experimentado economista que ocupó la Secretaría de Comercio en el pasado.

Nada se dijo de un refuerzo del plan de recorte real del gasto público, con una estructura gubernamental más pequeña y más eficiente, y que muestre cuáles serán los ahorros adicionales que se lograrán para enfrentar el costo de las medidas, que en el caso del congelamiento de las tarifas de los servicios públicos se estimó en $9.000 millones.

Más aún cuando el día anterior los ministros Marcos Peña y Nicolás Dujovne avalaron, a través de una nueva Decisión Administrativa aumentaron las partidas de gasto público para lo que resta del año en más de $16.000 millones, más allá de que siempre cuenten con el recurso de subejecutarlo, para no incurrir en desvío de la meta fiscal base caja.

Los 4 ejes de acción y sus probables efectos

BANCO CENTRAL- Tomó la delantera en los anuncios, con motivo del Informe Quincenal de Política Monetaria, el día previo a los anuncios de medidas de congelamiento de tarifas, pocos precios y facilidades financieras, el presidente de la entidad, Guido Sandleris, comunicó que el Copom, Comité de Política Monetaria, había decidido estabilizar hasta fin de año el piso y techo de la zona de no intervención, en un intento de cambiar las expectativas alcistas del tipo de cambio.

Sin embargo, más allá de que por factores estacionales cabe esperar hasta  fines de agosto, hasta las PASO, con un excedente de oferta de divisas del sector exportador de granos y complejo oleaginoso, y el efecto de la subasta diaria de dólares que Tesoro recibió del FMI, la amplia brecha entre los extremos habilita un canal ascendente hasta fin de año de un 20% para la venta al público en general, y de un 23% para el comercio exterior. Se trata de un ajuste compatible con una tasa esperada de inflación hasta antes de las últimas medidas de 36 por ciento.

Pero además se sumaron medidas, que si bien van orientadas a reducir el costo de los comercios, como que las empresas emisoras de tarjeta de crédito reduzcan de 19 a 10 días hábiles el plazo transfieran el dinero por las compras con esos medios de pago; como la prohibición a las entidades financieras a cobrar una comisión por los depósitos en efectivo, que es de 1% a 2%. Esta última, constituye un desincentivo a la difusión del dinero electrónico y representa una marcha atrás hacia el blanqueo y mayor bancarización de la actividad económica. 

CRÉDITOS ANSES – La ampliación de la oferta de préstamos a tasa subsidiada, "con montos más altos, menor interés y más plazo" sin duda constituye una muy buena noticia, pero pese a estar destinada a un universo de "18 millones de jubilados, beneficiarios de pensiones no contributivas; de la  Asignación Universal por Hijo y de Asignaciones Familiares en general", con una partida asignada de $124.000 millones, en realidad muy pocos estarán en condiciones de tomarlo, dado que apenas reúnen los recursos para llegar a fin de mes, menos de un 5 por ciento.

Además, una tasa de 40% anual, cuando el Gobierno cree que la tasa de inflación cederá a 36% anual, no tiene nada de subsidio, aun cuando resulten notablemente menores a las que rigen en la plaza financiera donde el Banco Central en su afán de sobre cumplir el objetivo de emisión cero subió la tasa de referencia de mercado a más de 67% anual.

De ahí que algunos economistas y analistas de la realidad sociales consideren que se trata de una clara señal a la franja alta de jubilados y pensionados, con haberes superiores a $40.000, 0, más aún, $50.000, que son los que, según sea su estructura familiar, podrían generar algún excedente financiero mensual para poder afrontar la cuota de un crédito para consumo, o refacción de la vivienda.

Por el contrario, se considera efectiva la ampliación del beneficio de descuentos de medicamentos a familias receptoras de planes sociales, como AUH, Hacemos Futuro, Proyectos Productivos Complementarios y el programa Más Vida de la Provincia de Buenos Aires que no cuentan con cobertura médica. Pero no tendría efecto sobre el valor de los fármacos, y consecuentemente sobre el Índice General de Precios al Consumidor.

Mientras que convocar para un nuevo Plan ProCreAr parece una medida más orientada a impulsar la construcción y el empleo, que ofrecer una solución de acceso a la vivienda, habida cuenta de la fuerte caída del salario real del promedio de la economía, en particular en los sectores de menores ingresos que se desempeñan preponderantemente entre las actividades más afectadas por la recesión, como la textil, los alimentos frescos y la construcción.

PRECIOS – Como ha sido costumbre en la mayor parte de los fracasados planes de emergencia no podía faltar entre las medidas de búsqueda de contención de la inflación un acuerdo de precios con los frigoríficos exportadores para que ofrezcan al mercado interno cortes remanentes de "asado, vacío y matambre, por un total de 120.000 kilos por semana en la feria minorista del Mercado Central".

Se trata de un volumen irrisorio para intentar constituirse en un referente de precios del mercado, habida cuenta de que una economía recesiva, el consumo de carne vacuna descendió a un promedio en todo el país de 50  kilos por habitante por año, unos 50 millones de kilos por semana en todo el país, y unos 20 millones de kilos por semana en el área del Gran Buenos Aires, zona de influencia del Mercado Central. De ahí surge que los 120 mil kilos semanales de la nueva oferta de 3 cortes de carne vacuna representan unos 14 kg por cada 10.000 kg de demanda promedio habitual.

TARIFAS – El congelamiento de los cuadros de los servicios públicos esenciales era una demanda generalizada de las asociaciones de consumidores y dirigentes de partidos de oposición. Sin embargo, interrumpir el proceso de eliminación de los subsidios, en particular en el área metropolitana de Buenos Aires, tiene el costo que se pagará con más gasto público, para no afectar las finanzas de las empresas prestadoras.

Pero se trata de una decisión que, en la que en la medida que persista, inevitablemente un escenario de inflación, aunque menor al pico de marzo, y por tanto el tipo de cambio tienda a converger hacia la zona extrema de no intervención, obligará a un recupero hacia fin de año, con su nuevo efecto negativo sobre las expectativas de inflación, o de lo contrario de exigencia de mayores subsidios para que no se afecte la calidad y oferta de los servicios.

Durante más de 70 años se intentaron estrategias de acuerdos de precios y congelamientos muchos más amplios que los que ahora dispuso el Gobierno para contrarrestar el pico inflacionario del primer trimestre, y fracasaron, algunos más tarde que temprano, pero todos tuvieron el defecto de atrasar el crecimiento y potenciar la inflación posterior.

Sin duda que no cabe esperar otra cosa cuando en lugar de poner el acento en acelerar la reducción del gasto público e inducir a la baja de las tasas de interés de referencia, pese a que el tipo de cambio se movió en el sendero bajista, se pretende bajar la inflación con el acuerdo con  apenas 16 de las más de 600.000 empresas y por 64 productos de los 320.000 precios que releva el Indec.

Sin embargo, la buena noticia, es que por primera vez en décadas el Gobierno se ha embarcado desde octubre de 2018 en un plan de emisión cero y tendencia al déficit fiscal cero que, por su propio proceso de maduración, podría comenzar a reflejar desaceleración efectiva de la inflación y modesta recuperación del consumo y la producción, no sólo respecto al mes previo, sino incluso en comparación con un año antes.

Y como observó Daniel Artana, los ortodoxo van adjudicar esa mejora a las políticas acordadas con el FMI; mientras que los heterodoxos dirán que fue la consecuencia de las medidas de congelamientos de tarifas, subsidio al crédito social y acuerdos de fijación de precios.

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