1973, 1985, 1989 y 2011: cómo resultaron en la Argentina otras experiencias de controles de precios y tarifas

Se sabe que la historia de controles de precios, congelamientos, cuidados, administrados, y cualquiera otra forma de intento de obligar a los mercados que vendan a precios “acordados”, sea con empresas “formadoras” de precios, o por decreto, data desde hace más de 40 siglos, si embargo, en la Argentina se ha instalado la idea de quebrar la fuerza de la gravedad desde hace casi 70 años, cuando el ministro de Economía bajo la presidencia de María Estela Martínez de Perón, Alfredo Gómez Morales, se dispusieron congelamiento de los precios de los consumos básicos, como alimentos, higiene y medicamentos; y se extendió a los alquileres, arrendamientos, y el casi siempre presente, control de cambios, en busca de un ancla nominal. Cómo ahora, la inflación se ubicaba por arriba de 50% del año. La medida tuvo efectos de corto plazo, pero debió ser abandonado cuando el déficit fiscal se hizo crónico, y no había forma de financiarlo que con emisión y deuda pública.

En 1973, la insistencia de intentar fomentar el consumo y bajar la inflación con controles de precios llevó al ministro José Ber Gelbard, bajo la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, a decretar la "inflación cero", y en menos de 2 años derivó en lo que fue el primer gran precedente de la hiperinflación, con lo que se dio en llamar el "Rodrigazo", cuando el ministro Celestino Rodrigo liberó los precios y abrió las paritarias, y las empresas públicas no podían sostenerse con las tarifas congeladas.

Diferentes experiencias, con modificaciones cosméticas y set de productos y servicios seleccionados, se fueron experimentando en la década siguiente, algunas con medidas de abastecimiento, vedas al consumo de carne, importaciones de pollos, como vanos intentos para estabilizar los precios entre oferta y demanda, se experimentaron en la década siguiente, sin lograr nunca quebrar lo que ya se estaba consolidando una historia larga y de alta inflación.

En 1985, se intentó un novedoso esquema, con cambio del signo monetario, congelamiento de precios, desagio sobre los contratos financieros, que exigían repactar los intereses de un plazo fijo a 30 días a tasas de 30% mensual, a un nivel de 6% que se estimaba como efecto inercial de las medidas, pero rápidamente fracasó, porque el gobierno entonces de Raúl Alfonsín omitió encarar una profunda reforma del Estado, dado el abultado déficit de las finanzas públicas.

Sólo la crisis hiperinflacionaria de 1989 y 1990, generó el espacio para ensayar un corset monetario que posibilitara volver a registrar en más de 70 años un período de estabilidad de precios, incluso con meses de deflación, sustentado en tipo de cambio fijo y aumento de la deuda en dólares, bajo la presidencia de Carlos Menem, y Domingo Cavallo en Economía. Pero una vez más, el enamoramiento del tipo de cambio fijo entre el peso y el dólar, mientras se descuidaba la sustentabilidad de las finanzas públicas, y el avance de reformas estructurales, se llegó a una nueva crisis a fines de 2001-2002.

Desde entonces, ya con Néstor Kirchner como presidente, se mantuvieron precios regulados sobre las tarifas de los servicios públicos, pero también administrados sobre los aranceles de la medicina prepaga, educación privada, medicamentos.

Con Cristina Kirchner en la Casa Rasada, a partir de fines de 2011, se agudizaron las restricciones a la economía con la fijación de cepos cambiario y control de importaciones que volvieron a general presiones futuras de alzas de precios, sólo disimuladas por la intervención del Indec en 2008. También, a lo largo de sus dos mandatos, se implementaron esquemas de "precios cuidados", usos y abusos de la política monetaria y un largo default de la deuda pública.

Ahora, bajo un esquema inédito de emisión cero, en rigor negativo, porque por quinto mes consecutivo el Banco Central sobrecumple su meta de aumento de la cantidad de dinero primario, y objetivo de tender al déficit fiscal cero hacia fin de año; el Gobierno del presidente Mauricio Macri vuelve a anunciar un mini paquete de medidas para estabilizar los precios del conjunto de la economía, cuya efectividad dependerá exclusivamente de la capacidad de generar un cambios en las expectativas en las empresas, primero, y población después.

Pero sólo podría tener efectos, como en casos anteriores en muy corto plazo, porque para bajar la inflación se requieren acciones de raíz, principalmente en el frente fiscal, donde casi mensualmente se anuncian medidas que van en la dirección a aumentar el gasto público y no bajarlo.

En ese sentido se inscribe el anuncio de congelar las tarifas de los servicios públicos hacia fin de año, y de fijar algunos precios, de 16 empresas, y 60 productos, lo cual puede llegar a constituir una muy buena noticia para muy pocos, pero no para las arcas del Estado, habida cuenta de que se destaca que "el costo de estas medidas será absorbido por Estado Nacional", cuando se debería haber dejado en claro que se compensaría con ahorros en otras áreas de la Administración.

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