A partir de las 16 en el Senado de la Nación comenzará a debatirse el proyecto de blanqueo laboral promovido por Cambiemos. Durante el plenario de comisiones que contará con la participación de representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) se dará inicio al tratamiento de la iniciativa que apunta a la "regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social y registración laboral".
Presentado por el senador oficialista Roberto Basualdo, el proyecto busca blanquear el empleo no registrado, impulsar la creación de nuevos puestos y reducir la litigiosidad. Será debatido en la comisión de Trabajo y Previsión Social que preside el senador Daniel Lovera (PJ), y en Presupuesto y Hacienda que conduce Esteban Bullrich (Cambiemos).
Al respecto, desde el Ministerio de Producción y Trabajo manifestaron: "En la Argentina, un 35% de los trabajadores se encuentra en la informalidad. Esto significa que 1 de cada 3 de ellos no cuenta con cobertura de Seguridad Social ni de salud. No tiene un salario de convenio ni asegurados sus derechos. Este nivel de informalidad genera además, un menor financiamiento al sistema de Seguridad Social, que afronta la cobertura de las jubilaciones".
Entre los 21 artículos que contiene la iniciativa propone otorgar un plazo de 365 días a los empresarios para blanquear trabajadores a cambio de una condonación del 100% de la deuda por capital, intereses, multas y punitorios. A los empleadores que contraten personal dentro del año desde la aprobación de la ley se les reducirán por dos años los aportes y contribuciones
Entre otros puntos, Cambiemos plantea que se exima de multas a los empresarios y se los retire del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) si registran empleados.
Con respecto al trabajador, se le computarán hasta cinco años de aporte o la menor cantidad de meses por las que se los regularice. Estos serán calculados sobre un monto mensual equivalente al promedio del salario básico inicial del convenio colectivo de trabajo del que se trate, establece el inciso d del artículo 2° del proyecto.
Para reducir la litigiosidad la norma establece el salario mínimo como unidad de medida para fijar el monto de una multa. De esta forma al ser sencilla de calcular y unívoca no existe la necesidad de resolverla en la justicia. Sobre este punto, el Ministerio de Producción sostiene que "brinda previsibilidad y aumenta las multas para aquellos empleadores que tengan contratados de manera informal a trabajadores del rango de salarios más bajos, que son aquellos que más comúnmente tienden a ser afectados por la informalidad".
Durante meses fue trabajado y consensuado este proyecto entre el Gobierno y la CGT, por lo que desde la central obrera sostienen que los derechos de los trabajadores están resguardados y que ningún punto generará rechazo. Sin embargo, desde la UIA consideran que puede haber reclamos de trabajadores sobre "registración deficiente" cuestionables que obligarán a las empresas a pagar el doble de indemnización por ejemplo en un despido sin causa, advirtieron sobre el punto que trata la litigiosidad.
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