En el frente local, pocos eventos marcaron tanto la agenda económica y política del 2018 como la decisión del Gobierno de pedir, de forma preventiva, ingresar a un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional. Si el 2019 va a ser recordado como uno de los tantos años marcados por el factor electoral, el 2018 fue, sin dudas, el año que Argentina volvió al Fondo.
La historia del acuerdo entre Argentina y el FMI año se divide en dos, en rigor, porque hubo dos pedidos a Washington, donde está la sede del organismo: el primero en junio, y el segundo en septiembre. El primer capítulo se dio en las últimas semanas de abril cuando, después de un comienzo de año con una relativa calma en materia cambiaria, el valor del dólar empezó a dispararse.
Para el Gobierno las "turbulencias", así las llamó, fueron resultado de una combinación de factores externos (la suba de las de interés de la Reserva Federal de EEUU) e internos (la aprobación de un proyecto de ley que permitió aplicar un impuesto a la renta financiera para los tenedores extranjeros de Lebacs). A lo largo de 7 días, el tipo de cambio terminó aumentando un 11,44 por ciento.
Frente a una escalada tal, el Gobierno salió a calmar las aguas. En un mensaje de poco más de 3 minutos, el presidente Mauricio Macri anunció que se había comunicado con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, para comenzar negociaciones de una línea de asistencia financiera con el organismo multilateral de crédito.
El 7 de junio el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, anunciaron que el crédito otorgado a Argentina era el más grande en la historia del organismo multilateral de crédito: USD 50.000 millones en derechos especiales de giro (las unidades usadas por el Fondo para expresar sus líneas de crédito). Las condiciones en ese momento eran los siguientes:
– Los fondos iban a estar bajo el marco de un acuerdo stand-by, con USD 15.000 millones en una primera cuota para reforzar de forma equitativa las reservas del Central y las arcas del Tesoro Nacional.
– Los USD 35.000 millones restantes iban a ser entregados en partes iguales a lo largo del periodo 2018-2022.
– Cada desembolso iba a estar atado a una evaluación por parte de una misión del Fondo en base al cumplimiento de metas fiscales e inflacionarias propuestas por Gobierno al organismo multilateral.
– El Gobierno se comprometía a acelerar el sendero de reducción de déficit fiscal primario, pasando a déficit fiscales primarios de 2,7% del PBI para 2018; 1,3% en 2019; alcanzar el equilibrio primario en 2020 y registrar un superávit de 0,5% del PBI para final de 2021.
Entre los puntos del Memorándum de Políticas Económicas y Financieras (MPEF) que se compartió desde el Gobierno se incluyó un pedido del Fondo de avanzar con un desarme de las Lebac. La letras del Central eran un peso importante para la autoridad monetaria y cada vencimiento significaba una señal de alerta. La expresión "súper martes" pasó de ser una novedad a una costumbre cada par de meses.
Pero el anuncio de los detalles del Acuerdo I no cumplió con su propósito. A pesar de las subastas diarias del Central, el primer desembolso de USD 15.000 millones no logró calmar las aguas cambiarias. El dólar escaló un 11% en una semana. Siete días después de acompañar a Dujovne en la conferencia de prensa, Sturzenneger renunció. Luis Caputo, hasta ese momento ministro de Finanzas, se puso al frente del ente monetario.
Luego, sin un cambio fuerte en política o contexto, hubo relativa calma. Julio fue el primer mes en el año que registró una caída en el valor del dólar, un 5 por ciento.
La paz duró poco. La segunda semana de agosto, el dólar saltó un 9,45% en cuatro días. Y después de un breve recreo de dos semanas, los últimos días del mes y el comienzo de septiembre vieron una escalada del tipo de cambio en más de 23,76 por ciento.
En lo que para muchos analistas fue una maniobra poco feliz, bajo el supuesto consejo de Caputo, el presidente Mauricio Macri anunció que el Gobierno iniciaría una segunda ronda de negociaciones con el Fondo para cambiar el esquema de desembolsos. En principio, se buscaría ajustar los tiempos, adelantando todos los fondos antes del final de 2019.
En septiembre el dólar tocó un máximo en $41,87. Se llegó a un punto de quiebre en las últimas semanas del mes, cuando todos los días traían consigo el titular "máximo histórico del dólar" en portales. La regla de no intervención en el mercado cambiario se relajó para darle a "Toto" Caputo más poder de fuego.
El 25 de septiembre, durante las primeras horas de operación, el presidente del Central que se jactaba de una política de "sorprender" al mercado para pelear las subas en el tipo de cambio, dio una última sorpresa y renuncipo. Macri y Dujovne estaban en Nueva York a apenas unas horas de anunciar el nuevo esquema de desembolsos con Lagarde.
En el Acuerdo II, el Gobierno planeaba recibir cerca de USD 50.000 millones entre 2018 y 2019, a lo que se sumarán USD 7.100 millones entre 2020 y 2021. A cambio, se acelerará el camino al equilibrio fiscal, con el Gobierno comprometiéndose a un déficit primario cero respecto del PBI.
Con el acuerdo llegó un nuevo presidente en la autoridad monetaria, el tercero en cuatro meses. Guido Sandleris, el ex-número dos de Dujovne, empezó a implementar el nuevo programa monetario acordado con el Fondo. Se cambió de estrategia respecto de las fallidas metas de inflación y se acordó un congelamiento en el crecimiento de la base monetaria para secar la plaza de todos los pesos excedentes en circulación.
Otro elemento en la nueva estrategia del equipo monetario atendía la recurrente preocupación de los analistas sobre la capacidad del Gobierno de evitar las fuertes fluctuaciones en el dólar que generaron la recesión en la que se encontraba el país. Las bandas cambiarias, o zonas de no intervención, le pusieron un techo y piso claro al valor del dólar con el que el Central se sentía cómodo.
Desde el comienzo, en el Gobierno parecían determinados a mostrar un compromiso inquebrantable con el aspecto fiscal del programa económico. El sobrecumplimiento de las metas fiscales durante el primer acuerdo daba un margen de error, y el Gobierno se sentía confiado que en los hechos le aseguraba los desembolsos en el tramo restante de 2018.
El último desembolso se aprobó el 19 de diciembre, luego de que el directorio ejecutivo del Fondo se reuniera por última vez en el año y diera el visto bueno de los avances en materia no solo fiscal sino también monetaria.
En 2018 Argentina recibió USD 28.000 millones del FMI. Desde el Gobierno confían en que la continua seriedad demostrada en el plano fiscal será suficiente para asegurarse los desembolsos por lo menos de la primera mitad de 2019.
Termina un año en el que la economía local estuvo signada por el Fondo. El que viene, 2019, habrá elecciones. No hay dudas de la influencia que tendrán los resultados del primero sobre el segundo.
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