Pese al compromiso de extrema austeridad fiscal, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Hacienda volvieron a autorizar modificaciones en las pautas originales del Presupuesto 2018 que, al no contar con la correspondiente contrapartida de ingresos extraordinarios equivalentes, determina, en los papeles, un aumento del déficit fiscal aprobado.
De todas formas, en el Gobierno relativiza el efecto final de esos cambios por la posibilidad siempre concreta de "subejecutar" las partidas de "autorización" de gasto máximo, es decir, no se trata de una "obligación" de ejecución.
La medida se publicó en el Boletín Oficial, a través de la Decisión Administrativa 1853/18, de fecha 7 de diciembre, por la cual se autoriza un incremento en el cálculo de recursos por $21 millones y de gastos por $1.940,9 millones, lo que determina un resultado financiero deficitario adicional al aprobado para la Administración Pública Nacional en $1.919,8 millones.
Las fuentes financieras aumentan $900 millones y las aplicaciones financieras disminuyen en $1.019,8 millones.
El análisis detallado de la Dirección de Análisis Fiscal de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública de la DA 1853 y sus 90 folios anexos detectó que "los gastos corrientes se incrementan en $1.090,4 millones y los gastos de capital aumentan en $850,5 millones; las cuales se desagregan en transferencias por $1.528,7 millones; gastos en personal $926 millones y bienes de consumo por $3,7 millones, mientras que disminuyen bienes de uso en $511,9 millones y servicios no personales por $5,6 millones".
Las mayores autorizaciones de gastos adicionales se concentran en transferencias a empresas proveedoras de servicios públicos por $1.529 millones, y pagos de salarios, principalmente del Consejo de la Magistratura por $926 millones
Las modificaciones presupuestarias con incrementos más importantes registradas por la ASAP corresponden a:
Poder Judicial de la Nación: $1.048,1 millones con destino a gastos en personal del Consejo de la Magistratura $918,1 millones y la Corte Suprema de Justicia de la Nación $130,0 millones;
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable: $1.032,8 millones. Se incrementan las transferencias con destino a AYSA para financiar gastos de capital por $900 millones y gastos corrientes $100 millones. Adicionalmente se refuerzan las partidas para la Administración de Parques Nacionales en $32,8 millones;
Ministerio Público: $357,0 millones a fin de atender gastos en personal de la Procuración General de la Nación $231,5 millones y de la Defensoría
General de la Nación $125,6 millones;
Ministerio de Energía y Minería: $123,6 millones con destino al Ente Nacional Regulador de Gas para afrontar gastos de personal;
Ministerio de Cultura: se refuerzan los créditos del Instituto Nacional del Teatro en $66,3 millones para la partida transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro dentro del programa "Fomento, Producción y Difusión del Teatro".
Ministerio de Finanzas: $4,3 millones con destino al pago de servicios
no personales del Programa "Prevención del Lavado de Activos".
Por el contrario, los ministros aprobaron el recorte de las Obligaciones a Cargo del Tesoro en $691,2 millones con destino al programa "Otras Asistencias Financieras".
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