Es comprensible que María Eugenia Vidal presione a la Casa Rosada para obtener algo más para el Fondo del Conurbano a cambio de lo que la provincia de Buenos Aires aportará al superajuste fiscal haciéndose cargo de parte de los subsidios. En el clásico trapicheo que sucede a esta altura del año son comprensibles esos tironeos y varios otros más.
E incluso es comprensible que Miguel Angel Pichetto, Sergio Massa, y varios otros diputados de la oposición se preocupen en suavizar el impacto de Bienes Personales sobre la clase media, con un proyecto que excluye de la base imponible las viviendas que tengan un valor de hasta $18 millones, y que en principio fue aceptado por el oficialismo.
Lo que resulta inadmisible es que en medio de un superajuste que claramente perjudica a los más pobres y a las empresas más débiles, y en el que los salarios han perdido – según datos del Indec- casi 10 puntos porcentuales de poder adquisitivo entre enero y agosto y 12,5 puntos porcentuales en los últimos doce meses, los diputados oficialistas y del peronismo no kirchnerista se hayan puesto de acuerdo en cuidar el bolsillo de la clase media pero también el de la clase alta, dado que el esquema que queda en vigencia para el único impuesto a nivel nacional que grava al patrimonio de los sectores medios y altos seguirá cobrándoles montos obscenamente bajos.
El esquema que queda en vigencia para el único impuesto a nivel nacional que grava al patrimonio de los sectores medios y altos seguirá cobrándoles montos obscenamente bajos
El proyecto consensuado establece que los bienes alcanzados pagarán un 0,25% si su valor no supera los 3 millones de pesos por sobre un mínimo no imponible de $2 millones. Si superan ese mínimo por un monto de entre 3 y 18 millones de pesos les corresponderá un monto fijo de $7.500 más el 0,50% sobre lo que supere los 3 millones.
Y si superan el mínimo por más de $18 millones deberán pagar $82.500 más el 0,75% por lo que exceda de esa base.
La prueba de que el resultado será decepcionante para todo aquel que considere que la Argentina tiene una estructura tributaria muy regresiva y favorable a los más ricos, y que Bienes Personales debería ser una de las herramientas para corregir esa injusticia, son las proyecciones de recaudación que difunden quienes consensuaron los cambios en el impuesto.
El Senador rionegrino y precandidato del llamado peronismo Federal o Alternativo estima que la excepción para las viviendas de hasta 18 millones de pesos implicará una merma de $3.000 millones anuales que rebajará la recaudación a 33.000 o 30.000 millones de pesos. Esos montos equivalen a nada más que 1,65% de los ingresos tributarios previstos en el proyecto de Presupuesto, y a apenitas más que el 1% de los ingresos tributarios sumados a los de la Seguridad Social.
O sea que el impuesto que casi la totalidad de los especialistas en el tema aconsejan como uno de los más apropiados para dotar de progresividad y equidad al sistema tributario recaudaría una porción insignificante del total.
El impuesto que casi la totalidad de los especialistas en el tema aconsejan como uno de los más apropiados para dotar de progresividad y equidad al sistema tributario recaudaría una porción insignificante del total.
Entre esos especialistas están los del Fondo Monetario Internacional, que en su último Monitor Fiscal titulado Tackling Inequality (takleando la desigualdad) recomendaban "evaluar distintos tipos de impuestos sobre la riqueza (…) e impuestos selectivos sobre bienes de lujo".
Sólo la hipocresía explica por qué nada parecido figuró en alguno de los acuerdos firmados recientemente con la Argentina, para que la inequidad del ajuste sea algo menor y la estructura tributaria menos regresiva.
Ni la regresividad tributaria ni la insignificancia de Bienes Personales son novedad en la historia reciente de la Argentina. En el cuadro se observa cómo ha venido cayendo la incidencia de Bienes Personales como proporción de la recaudación total, incluyendo la Seguridad Social y los gravámenes aduaneros.
Queda claro que, con altibajos, la tendencia desde 2003 es descendente. Queda claro también que esa tendencia se intensificó muchísimo desde que Mauricio Macri asumió la Presidencia.
Los datos oficiales que ayer difundió la AFIP muestran que en los primeros diez meses del año Bienes Personales redujo a la mitad la ya insignificante participación que tenía en el mismo período del 2017.
Determinantes del absurdo de la baja recaudación
1. La causa madre es de índole política, por la evidente falta de voluntad para que la situación sea diferente. A la vista de la historia de los últimos años y de los hechos más recientes, esa responsabilidad le cabe al grueso de la clase dirigente, con diferencias de grado pero no demasiado significativas.
2. Derivado de la causa anterior, está la inoperancia o el desinterés de la AFIP en exprimir más un esquema que, de todas maneras, no podría dar mucho jugo adicional dadas las alícuotas reducidas que existen, las exenciones vigentes y la laxitud reglamentaria para tasar inmuebles.
3. Un par de datos del último anuario de la AFIP ilustran la gigantesca evasión que existe. Para el período fiscal 2016 el mínimo no imponible fue de $800.000, un monto relativamente pequeño que debería haber dejado al alcance del impuesto a millones de contribuyentes. Sin embargo, al momento del vencimiento sólo se presentaron algo más de 600.000 personas con declaraciones juradas que implicaban algún pago.
Sólo hubo 5.151 presentaciones que declaraban bienes por más de $60 millones, es decir que sólo 5151 contribuyentes reconocieron ante la AFIP poseer bienes gravados por más de 4 millones de dólares al tipo de cambio promedio de ese año.
Una verdadera burla. Mucho más en una sociedad con 30% de pobres y más de 100.000 personas con patrimonio millonario.
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