Con un aporte de USD 300 millones del Banco Nación, el Gobierno creó un fideicomiso para que no se frene la obra pública

El Gobierno anunció este lunes la creación de un fideicomiso para evitar que el escándalo por los cuadernos de la corrupción ponga un freno a la obra pública por las dificultades para conseguir financiamiento que probablemente afrontarán las empresas. El objetivo es garantizar la continuidad de las obras de extensión de seis corredores viales que ya fueron adjudicadas a empresas a través del mecanismo de participación público-privada (PPP).

"Se crea un fideicomiso que va a permitir que los aportes de los bancos para el financiamiento en las primeras etapas de las obras viales vayan del Estado a las empresas, que con este dinero van a comenzar las obras y después la devuelven al fideicomiso y después a los bancos", destacó  Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, durante una conferencia de prensa en la que remarcó en varias oportunidades la decisión del Gobierno de diferenciar entre las personas físicas involucradas en causas de corrupción y las personas jurídicas, las empresas. 

"Sabemos que la llamada causa de los cuadernos ha generado incertidumbre en las obras de PPP. Estamos acá para confirmar que las obras no se van a detener y van a comenzar. Hemos trabajado para asegurar que esto suceda", anunció Dietrich. El comienzo de las obras en los seis corredores viales —que incluye, por ejemplo, la transformación de la ruta 3 en autopista entre Buenos Aires y Azul— está previsto para fines de octubre y principios de noviembre.

Javier González Fraga, presidente del Banco Nación, detalló que la entidad aportará al fideicomiso entre USD 200 y USD 300 millones en condiciones de mercado que se van a definir en los próximos días. Además, precisó que otros $30.000 millones se destinarán para el financiamiento de la obra pública a través de descuento de certificados de obra pública. "Tendrán valor cierto, no sujeto a valores imprevistos, más apetecibles para el mercado financiero. Son de corto plazo, vamos a ser un participante más y el sector privado tiene una gran apetencia por el descuento de estos certificados", dijo el presidente del banco.

"Para dar inicio en tiempo y forma es necesario instrumentar financiamiento de corto plazo, mientras las empresas estructuran y concretan su financiamiento de largo plazo en los mercados internacionales", señaló José Luis Morea, subsecretario de Proyectos de Participación Público Privada.

Además, el Gobierno pondrá en marcha un nuevo marco "ético y de integridad" para las empresas que participan en la obra pública, que está siendo elaborado por distintos organismos del Estado como Sigen, la Oficina Anticorrupción, la CNV. "Es un giro fundamental. Hoy el control del Estado se limitaba al proceso de contratación, ahora un paso adicional es la exigencia a estas empresas de aplicar principios de integridad y de ética. El Estado va a tener la facultad de ejercer el monitoreo y el control del cumplimento de estas normas", indicó Bernardo Saravia Frías, procurador del Tesoro Nacional.

Con todo, los funcionarios advirtieron que no se apartará de los procesos de obra pública a las empresas que hoy están siendo investigadas por corrupción en el marco de la causa por los cuadernos de las coimas. "No es momento de considerar responsabilidades civiles en hechos que están siendo investigados en la justicia. Las personas físicas que se encuentren responsables penalmente deberán dar un paso al costado en su rol de socios o directores de las empresas si desean continuar realizando obras públicas en el país", afirmó Saravia.

"Estamos generando instrumentos para que puedan continuar las obras públicas para resguardar los trabajos de las personas. Las responsabilidades que tengan las va a determinar la justicia. Tenemos que tener paciencia. Esto es inédito, es el cambio que ha pedido la gente. Tenemos que respetar los tiempos de la justicia y en el mientras tanto las obras continúan", aseguró Dietrich.

La primera etapa de proyectos viales PPP comprendió la licitación de seis nuevos corredores viales (A, B, C, E, F y Sur) que abarcan más de 3.300 kilómetros de rutas nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe. El plan implica obras en más de 2.500 kilómetros a través de la construcción de nuevas autopistas, rutas seguras y obras especiales. Las primeras obras comenzarán en octubre de este año.

La inversión total estimada para la primera etapa es superior a los USD 8.000 millones: USD 6.000 millones durante los primeros cuatro años y más de USD 2.000 millones durante los siguientes, en obras complementarias y de mantenimiento. Durante el proceso licitatorio de esta etapa se recibieron 32 ofertas de 10 consorcios, compuestos por 19 empresas nacionales y 7 internacionales.

El 20 de julio pasado, se realizó la firma de contratos de los primeros dos corredores viales bajo el sistema PPP: el A a cargo del consorcio integrado por las empresas Paolini, Vial Agro e INC y el C, administrado por José Cartellone Construcciones Civiles.

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