Crece el rechazo a que las empresas involucradas en los cuadernos sigan participando en obra pública

Nombres prominentes del empresariado argentino decidieron incorporarse al listado de "colaboradores" en la causa de los cuadernos, entre ellos, Carlos Wagner (ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción y titular de ESUCO), Angelo Calcaterra (ex titular de IECSA), Luis Betnaza (director corporativo de Techint), Armando Loson (Grupo Albanesi), Juan Chediak (también ex titular de la Cámara de la Construcción), Aldo Roggio (que por el escándalo renunció a la presidencia de sus dos empresas constructoras), Héctor Zabaleta (ex director de Administración de Techint), Javier Sánchez Caballero (ex gerente de IECSA), Jorge Guillermo Neira (gerente de Electroingeniería), Juan Carlos de Goycoechea (Isolux Argentina), Claudio Glazman (Sociedad Latinoamericana de Inversiones) y Gabriel Romero (Grupo EMEPA).

El propio Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, respaldó la declaración de su subordinado Betnaza, cuando en el congreso de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) la semana pasada reconoció pagos en Venezuela para destrabar el resarcimiento por la nacionalización de la siderúrgica Sidor.

El escándalo por el pago de sobornos en las licitaciones de obra pública aún extiende sus alcances a la actualidad, aunque la investigación se haya enfocado en las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner: varias empresas son hoy contratistas del Estado o aspiran a participar de los proyectos de Participación Público-Privada (PPP).

En estas horas, crece el rechazo a que las empresas de la "patria contratista" vinculadas al pago de retornos a funcionarios para hacer negocios con el Estado continúen en la carrera por adjudicarse licitaciones para millonarios proyectos de infraestructura en Argentina.

El economista Guillermo Nielsen fue enfático en remarcar que "las empresas cuyos CEO o dueños admitieron el pago de coimas no pueden participar de los procesos de licitación de obra pública. Y ya a partir de este momento, no es necesaria una sentencia firme, porque hay declaraciones de los máximos ejecutivos bajo juramento que admiten haber pagado sobornos. Es suficiente".

Nielsen consideró que "si hay empresas en proceso judicial, aunque no tengan sentencia, esto les tiene que jugar en contra. Pero en el caso de aquellos directivos que ya admitieron el pago de sobornos, no se necesita de esa conclusión de la Justicia".

"Ahí hay declaraciones de los máximos ejecutivos o dueños sobre haber pagado las coimas. Eso es en sí mismo motivo suficiente para que queden excluidas de la licitación. En los EEUU una empresa en situación similar ya está al horno y le pega a la cotización", subrayó a Infobae el economista y ex secretario de Finanzas de los primeros años de gobierno de Néstor Kirchner.

El economista José Luis Espert afirmó a Infobae que "es absolutamente improcedente y falto de ética que las empresas involucradas en sobornos continúen participando de licitaciones, aunque se presuma que es una cuestión de directivos y que la empresa no tenga nada que ver".

"Tiene que suspenderse toda la obra pública y barajar y dar de nuevo. Basta de jugar con el dinero de los contribuyentes. Hay que terminar con esa argumentación de la redistribución del ingreso y permitir la malversación de fondos y sobreprecios porque hay que seguir adelante con la obra pública y extender la red de cloacas", puntualizó Espert.

Para el abogado Enrique Guillermo Avogadro, "hay que tener en cuenta un factor estrictamente legal, porque se trata de delitos cometidos por las personas, más allá de la inconsistencia que podría existir en los balances de la propia empresa, que la responsabilidad debería ser de los auditores. En este episodio de coimas ha habido casi con certeza una mala praxis, como mínimo, de los auditores, los profesionales encargados de verificar la consistencia de las cifras de los balances".

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Avogadro expresó a Infobae que "los dueños o directivos de las empresas que pagaron las coimas tienen que ir presos, como con Marcelo Odebrecht en Brasil", pero estimó que "con los controles y filtros del caso" es posible que las empresas "puedan segur participando en las licitaciones" de la obra pública.

"Surgen dos alternativas, en lo político y económico: usted puede excluir a todas las empresas involucradas en la investigación, con lo que se puede quedar sin empresas para cubrir las licitaciones, y abrir el mercado a todas las empresas del mundo que quieran participar. Pero es complicado también, porque los impuestos que pagamos en cierta forma se van al exterior. Otra opción es que con los filtros y los controles del caso, a esta altura habría que dejarlos participar para evitar la desocupación y la caída de la actividad del sector. Además, en el caso de las que cotizan en Bolsa, si se las excluye, también perjudica al ya dañado mercado de capitales local", describió Avogadro, especialista en Derecho Empresarial.

No obstante, Guillermo Nielsen refutó esta visión: "Este argumento de que la gente pierde empleo si no se le da la obra a determinada empresa afecta a un grupo muy chico de empleo. Incluso si a la licitación la gana una corporación del exterior, esta va a contratar a la mayor parte de los ingenieros, profesionales y operarios en nuestro país".

"¿Cuál es el argumento al decir que la gente se va a quedar sin trabajo si las empresas de los cuadernos no participan de las licitaciones? Las empresas de construcción toman la mayor parte del personal con la obra y despiden a ese personal una vez que se concluye la obra. Eso pasa con todas. Solo una parte menor del plantel es un staff permanente", describió el economista.

"Acá se escuchan argumentos insólitos, como los del ministro (Guillermo) Dietrich de querer mantener una situación que es ilegal. Se trata de obra pública pagada con impuestos que pagamos los contribuyentes. La ley es clarísima en este aspecto por más que Dietrich busque disfrazarla. La sentencia vendrá después, pero en este caso es el CEO el que lo admite. Y no es que no existen otras grandes empresas en el país o el exterior con capacidad suficiente para desarrollar las obras. Estas cuentan con esa capacidad porque coimearon y desplazaron a compañías que compitieron en las licitaciones con transparencia", refirió Nielsen.

El abogado Beltrán Gambier, experto en Derecho Administrativo, expresó que "en términos generales la confesión de un directivo sobre un contrato afecta, en primer lugar, al contrato en concreto".

"Sí puede ser que los pliegos de una nueva licitación puedan querer excluir a las empresas implicadas. En estos casos debe tenerse en cuenta que esa exclusión podría ser cuestionable por las empresas si se funda en cuestiones que están sometidas a un procedimiento administrativo -ejemplo: exclusión de un registro de licitadores- o judicial", acotó Gambier, siempre teniendo en cuenta que "la presunción de inocencia es un principio que se proyecta al Derecho Administrativo".

Gambier precisó que "el artículo 10 del Decreto 1023/01, que dice que dar u ofrecer dinero a funcionarios será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación. El artículo 28 establece que no podrán contratar con la Administración Nacional "…e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción".

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Por ello, el abogado entendió que "los 'arrepentidos' están procesados, aunque también que el contrato no lo celebrarían ellos, sino las empresas que representan. Por lo tanto, quizás la situación no encuadre en este inciso e) del artículo 28, aunque si en el artículo 10″.

En ese sentido, Gambier amplió que "si bien podrían presentarse, las ofertas deberían ser rechazadas sin evaluarlas", ya que "basta para esto con la admisión del soborno, sin necesidad de esperar a la sentencia penal".

LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA CORRUPCIÓN

Para el economista y sociólogo Juan Llach, "a las extremas debilidades de la situación económica heredada en 2015 y a la corrida contra el peso y otros activos argentinos puede llegar a sumarse el impacto del 'affaire de los cuadernos' en la economía. Hay quienes ya lo asimilan al 'Lava Jato' de Brasil, después del cual la economía cayó un 7% en dos años. Pero esta afirmación ignora que tamaña recesión coincidió con una muy fuerte caída de los commodities y, al poco tiempo, con el juicio político a la presidenta Dilma Rouseff".

"Tan necio como negar que el affaire puede tener efectos negativos en la economía –por la retracción temporal de la inversión y del crédito bancario– es afirmar que serán análogos a los de Brasil. Sí puede decirse, en cambio que, si se hace justicia imparcial castigando a todos los corruptos, estaríamos en presencia de un gran progreso institucional para el país", acotó Llach, ex ministro de Educación y ex secretario de Política Económica.

Guillermo Nielsen aseveró que "el contenido de los cuadernos con absoluta claridad transgrede las normas de los países desarrollados, que son los países donde se emite deuda. Allí está claro que no podés ser proveedor del Estado si pagás sobornos, pero también se está transgrediendo la propia legislación argentina, que es muy clara al respecto".

"En cuanto a la caída de las acciones y los bonos de deuda en el exterior, confluyen muchas otras cosas. No es cuestión de echarle la culpa a los cuadernos, es poco serio. Si la Argentina supera esto bien, va a ser un país mucho mejor, más transparente, y lo mismo le cabe a Brasil, que está atravesando un proceso parecido", evaluó el economista.

El abogado Enrique Avogadro planteó una disyuntiva: "La pregunta que es si estamos verdaderamente los argentinos dispuestos a pagar, por la limpieza de tanta inmundicia, el costo económico y social que significaron los procesos Mani Pulite y Lava Jato, que se tradujo en un encarecimiento del 'riesgo país', en la pérdida de valor de las acciones y en la devaluación, ya nos está siendo cobrado, y el mundo ha comenzado a dificultar el financiamiento".

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