Como en viejas épocas, el riesgo país pasó a ser el dato clave para monitorear por parte de los inversores, casi minuto a minuto. Ayer se registró otra ola de venta de bonos en dólares, lo que llevó a este indicador a subir 4,5%, tocando los 637 puntos. Se trata de niveles que no se veían desde 2015, cuando aún reinaba la incertidumbre sobre quién gobernaría la Argentina, si Mauricio Macri o Daniel Scioli.
El Bonar 24 fue el mejor reflejo de la gran desconfianza que se desató en el mercado respecto a los activos argentinos. Este título empezó el año rindiendo un 4,5% anual en dólares. Pero ayer sufrió una caída de 0,7% y finalizó a USD 103, 8, con lo que pasó a rendir arriba de 8% anual. A estos niveles, imposible que ni el Gobierno ni las empresas consigan financiamiento internacional, incluso para plazos inferiores a los cinco años. Nada parece, a esta altura, ser capaz de recuperar la confianza de los mercados.
Los problemas que tiene el Gobierno para conseguir dinero fresco quedaron reflejados anteayer en la licitación de Letes, a un plazo de solo seis meses. No solo el Tesoro consiguió cancelar apenas poco más de la mitad del vencimiento, sino que además se vio obligado a pagar una tasa del 5% anual en dólares, demasiado alta para un plazo tan corto (el título vence muchísimo antes de la elección presidencial).
La falta de acceso al financiamiento internacional es un problema más importante para las empresas y para las provincias, que no reciben los dólares que aporta el FMI
La saga de los cuadernos de la corrupción generó un fuerte impacto negativo en los activos argentinos. Ya desde fines de la semana pasada los inversores comenzaron a preguntar sobre la posibilidad de que se vea afectada la obra pública. El motivo es que algunas de las empresas elegidas para llevarla adelante se vean salpicadas por las revelaciones de los cuadernos del remisero Oscar Centeno. Incluso plantean que puede peligrar el financiamiento de los consorcios que se adjudicaron los corredores viales, bajo la figura del programa de Participación Público Privado (PPP).
Claro que en la medida en que esas dudas afecten a los bonos y suban las tasas para acceder a financiamiento, los temores de los inversores se vuelven una suerte de "profecía autocumplida". Sin acceso al crédito, está claro que las empresas tendrán mucho menos margen para llevar adelante sus inversiones y esto agravaría la recesión que ya sufre la economía.
Nada hoy parece suficiente para recuperar la confianza de los inversores, en medio de los escándalos por los cuadernos de la corrupción. El Gobierno buscará dar más señales de solvencia fiscal para calmar los ánimos
Según las estimaciones de FIEL, la actividad económica estaría cayendo a un ritmo interanual cercano al 6%, habiendo ya perdido todo lo que se había ganado especialmente en la segunda mitad de 2017. El economista jefe de la institución, Daniel Artana, estimó que "recién en el segundo trimestre del 2019, gracias a la cosecha de soja, la recuperación sería más palpable". Sin embargo, también aclara que si la suba del riesgo país persiste el derrumbe de la actividad podría ser incluso peor al que se venía vaticinando.
El ala económico del Gabinete busca llevar tranquilidad, explicando que los dólares del Fondo le permiten avanzar en el ajuste fiscal prometido sin necesidad de recurrir a los mercados. La próxima misión del organismo que arranca el lunes examinará las metas comprometidas para junio pasado, pero se descuenta que dará un visto bueno. Esto habilitará a un nuevo desembolso de USD 3.000 millones, que le permitirá al Gobierno llegar hasta fin de año.
Sin embargo, distintos estudios de consultoras privadas reconocen que solo con la plata del FMI no alcanza para cumplir con el plan financiero de 2019. El Gobierno deberá conseguir también dólares frescos el año que viene de otras fuentes, aunque no está claro cómo lo logrará si no bajan las tasas de los bonos.
Un artículo de la agencia Bloomberg resaltó que grandes nombres de la obra pública fueron mencionados por las acusaciones: IECSA, Albanesi, Grupo Roggio y Techint, entre los más importantes.
Ante esta situación, fue el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien tuvo que aclarar que "ninguna obra pública será frenada por el escándalo de los cuadernos", pero está claro que los mercados no le creen. Y prefieren mirar cómo sigue este escándalo mirando todo desde afuera y con el menor peso posible de bonos y acciones argentinas en sus carteras.
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