El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne destacó que "el acuerdo con el FMI prevé una cláusula 'inédita' en la historia de acuerdos con el organismo que permite aumentar los fondos para asistencia social". "Prevé eventuales relajamientos en la meta de déficit fiscal para aplicar una porción del gasto a programas sociales, y esta política fue recibida por el Fondo con mucho apoyo. Estamos mostrando algo novedoso: se trata de una cláusula de salvaguarda social, inédita en los acuerdos del Fondo y la Argentina", apuntó.
Una fuente cercana al Gobierno explicó a Infobae que se trata de la posibilidad de que en caso de una fuerte reducción del ritmo de actividad económica habrá una posibilidad de aumentar el déficit fiscal en un 0,2 % del PBI, unos USD 1.200 millones extra para reforzar lo que el Gobierno paga de planes sociales. Lo concreto es que a diferencia de los acuerdos que firmó la Argentina con el FMI –el último fue el de septiembre de 2003– nunca se incluyó esta cláusula de relajamiento de las metas fiscales.
"Esto muestra una gran diferencia con respecto al 'blindaje' financiero por unos USD 40.000 millones que Argentina suscribió a fines de diciembre del 2000, con un acuerdo stand by donde se le pedía al gobierno de Fernando de la Rúa un fuerte ajuste fiscal sin considerar los problemas que podría ocasionar a las clases más bajas de la población", manifestó la fuente a Infobae. Agregó que "la inclusión de salvaguarda social explica que el FMI ha hecho una autocrítica de los acuerdos firmados en el pasado, en particular el blindaje financiero del 2000 y el megacanje del 2001, que estrangularon a la economía argentina y la llevaron a una megadevaluación y al default de la deuda más grande en la historia mundial".
El FMI ha hecho una autocrítica de anteriores acuerdos que estrangularon a la economía argentina
Pero más allá de este análisis lo concreto es que el FMI le pide a la Argentina para el año que viene un fuerte ajuste fiscal de unos USD 9.000 millones que deberá estar incluido en el Proyecto de Presupuesto que el Gobierno deberá enviar al Congreso antes del 15 de septiembre próximo.
Las reducciones del gasto, de acuerdo con las planillas elaboradas entre los técnicos del FMI y del Ministerio de Hacienda, muestran que la reducción de los gastos saldrá de un recorte de los planes de obra pública, de una reducción de los subsidios a la energía y el transporte, de los salarios y bienes y servicios que paga el Estado, de las transferencias del Gobierno a las provincias. Con esta reducción de los gastos se pasaría de un déficit primario del 2,7 % este año a un resultado negativo del 1,3% en el 2019 para llegar a un déficit fiscal cero en el 2020.
Pero sin dudas lo más novedoso de este acuerdo, más allá de su monto, es que incluye una cláusula "inédita" en la historia entre el organismo y la Argentina para aplicar una porción extra del gasto a programas sociales que paga el Gobierno, en los que se gastan unos $100.000 millones por año.
El acuerdo incluye una cláusula inédita que prevé eventuales relajamientos en la meta de déficit para ayuda social
En el comunicado dado a conocer el jueves se explicita en un párrafo que "el programa es innovador ya que protege especialmente a los sectores más vulnerables de la población. Se incluye específicamente el monitoreo de indicadores sociales y por primera vez en un programa stand by del FMI se contempla una salvaguarda que permite incrementar el déficit por un aumento del gasto social si el Gobierno argentino lo considera necesario. Esto significa que en caso de que la economía no crezca como se espera, podrían hacer ampliaciones en el gasto focalizadas especialmente en programas de Asignación Universal por Hijo (AUH) y por embarazo".
En la comunicación del FMI se aclaró que "el acuerdo a nivel del personal técnico está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que examinará el plan económico de Argentina en los próximos días". La fecha será el 20 de junio. En la conferencia de prensa, Dujovne aseguró que el 30% de los USD 50.000 millones del crédito del FMI a la Argentina, unos USD 15.000 millones, estará disponible a partir del 20 de junio, cuando lo apruebe el directorio.
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