La conferencia que dieron el ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en la que presentaron nuevas medidas para el control y la reducción de gastos de la Administración Pública Nacional parecía una película.
"En el marco de la política de austeridad llevada adelante por el Gobierno Nacional y con el objetivo de reducir el déficit fiscal", define el comunicado oficial. Algo muy parecido al "Plan de ReestructSeuración y Desburocratización del Estado", anunciado por el Jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro Andrés Ibarra el 13 de enero de 2017.
Aquellos eran tiempos del gradualismo fiscal y de la entrada de dólares del exterior para las operaciones de carry trade al vender dólares para posicionarse en Lebacs. y donde las reservas del BCRA subían constantemente. Hoy, son tiempos del fuerte ajuste fiscal que pide el FMI.
Lo concreto es que Dujovne e Ibarra, anunciaron un plan de ajuste en el sector público que permitirá ahorrar $20 mil millones por año. "Se trata de 20.000 millones de pesos, es una cifra relevante, dinero disponible para bajar el déficit o para priorizar otros gastos de mayor impacto como el gasto social o de infraestructura", destacó el titular de Hacienda. Por su parte, Ibarra destacó que "se darán de baja los convenios por asistencia técnica con universidades nacionales a partir del 31 diciembre y ya no podrá utilizarse esta modalidad para proveer servicios personales".
Puntos salientes son que no habrá ingresos al Estado durante 24 meses bajo cualquier tipo de modalidad, el relevamiento de los vehículos de uso oficial, el final de los viajes aéreos de funcionarios en primera clase y el cese de los choferes desde subsecretarios de Estado para abajo, entre otros.
Poco más de un año atrás
Más allá de los montos y la urgencia, los recortes de estos días coinciden en su mayoría con la Decisión Administrativa 12, publicada el 12 de enero de 2017 en el Boletín Oficial. Fue el primer paso para que el Gobierno pusiera en marcha del llamado "Plan de Desburocratización y Reforma del Estado", que apuntaba a reestructurar la Administración Pública Nacional o, dicho de otra forma, a hacer más eficiente el gasto público.
Lo cierto es que un año y medio después el Gobierno se vuelve a anunciar algo bastante parecido. Esta Decisión Administrativa, incluía como novedad la instrumentación de un censo de empleados en el seno del Poder Ejecutivo Nacional al 31 de diciembre de 2016, con los cargos permanentes y contratados, y las limitaciones para incrementar la cantidad de empleados.
En esos puntos anunciados en enero del 2017, cuando recién llegaba Dujovne se prometía un censo de cargos, que Modernización podría modificar la distribución de cargos, congelamiento de las vacantes, reducir secretarías, subsecretarías y otros organismos, cursos de capacitación del personal para instalar una suerte de "meritocracia", entre otros.
Entonces se hablaba de una "una gran cantidad de iniciativas para poder transformar la cultura organizativa dentro del sector público y para modernizar la administración pública".
Otra de las novedades era que el salario podría determinarse a fin de cada mes en función del cumplimiento de objetivos. Esto será un pago adicional y si se cumplen los objetivos, el plus salarial podrá alcanzar, a fin de año, entre uno y dos salarios más. La intención es calcular la productividad como una de las variables para determinar el salario. Este será uno de los puntos de discusión de la mesa de diálogo tripartita entre el Gobierno, la CGT y las distintas cámaras empresariales.
El plan consistía en ahorrar entre $60.000 y 80.000 millones, aproximadamente un 1 % del PBI entre el 2017 y el 2019. Los funcionarios manifestaron que "se pondrá en marcha la madre de todas las batallas contra la burocracia del Estado.
Tiempos de gradualismo versus tiempos de ajuste, aunque el ministro Ibarra haya negado que se trate de un pedido del FMI. "La semana que viene se publicará en Boletín Oficial el nuevo decreto para modernizar y desburocratizar el Estado", dijo el ministro. Una película que se prometió estrenar hace un año y medio en la Argentina del ajuste fiscal gradual, pero que al parecer terminará estrenándose bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional.
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