Pocos minutos antes de que comenzara el debate en le Senado sobre las tarifas, donde se aprobaría el proyecto de la oposición que retrotrae las tarifas de los servicios públicos al año y que el presidente Mauricio Macri vetaría de inmediato, el ministerio de Hacienda detalló que el costo fiscal de la norma –si eventualmente entrara en vigencia– tendría un costo fiscal estimado de más de $115,000 millones.
No es la primera vez que Nicolás Dujovne habla del tema y menciona una cifra similar, pero quizás ahora en su nuevo rol de coordinador y responsable de hacer bajar el déficit de cara al acuerdo con el FMI, el ministro vuelve a la carga con la idea de "comunicar" el impacto de una medida que considera "irresponsable". Justamente la comunicación, tanto de la crisis cambiaria como de la "herencia" kirchnerista, fue uno de los cuestionamientos a Cambiemos –internos y externos– en medio de los días de "turbulencia" financiera.
"Es una irresponsabilidad absoluta. Perjudica a la economía y agranda el agujero fiscal. Hacer eso en este momento es una locura", aseguran desde el entorno del ministro.
Es una irresponsabilidad absoluta. Perjudica a la economía y agranda el agujero fiscal. Hacer eso en este momento es una locura
Según los datos de hacienda, el costo fiscal extra de $115.029,25 se desglosa de la siguiente manera: gas, $34.643 millones; electricidad, $74.936,25 millones; agua, $5.450 millones (sólo de costo impositivo).
Los siete puntos de impacto del proyecto opositor, siempre según Dujovne, son los siguientes:
– Declaración de la emergencia para servicios públicos de gas, electricidad, agua y en la normativa que regula el transporte terrestre y ferroviario y los peajes nacionales, para el periodo 2018-2019.
– Los cuadros tarifarios vigentes se retrotraen al 1 de abril de 2017, definiendo un nuevo mecanismo de ajuste, eliminando la recomposición tarifaria aprobada por audiencias públicas.
– En caso que los usuarios hubieran abonado por el servicio un monto mayor al establecido por el nuevo régimen, contarán con un crédito a favor aplicable al próximo periodo del consumo.
– Se reduce a 10,5 % la alicuota de IVA aplicable a la venta de gas, energía eléctrica y aguas reguladas por medidor y telefonía (actualmente en 21%).
En el caso de MiPyMEs, la alicuota aplicable de IVA se establece en 21% (actualmente en 27%).
– Los usuarios incluidos en dicho régimen gozarán de una bonificación del OCHENTA POR CIENTO (80%) del precio del suministro Eléctrico y/o Gas Natural o Propano y/o Agua Corriente en sus consumos más los costos fijos administrativos de los servicios. Además, para los usuarios de servicios públicos de gas y energía eléctrica, la alícuota aplicable del IVA será de CERO POR CIENTO (0%).
– Finalmente, el proyecto establece que costo fiscal de la presente Ley será soportado por el Estado Nacional.
– Este análisis no incluye telefonía ni servicios de transporte (que podría alcanzar $25.000 millones adicionales).
"Este proyecto es inadecuado para la solvencia fiscal, la estabilidad, para seguir construyendo una Argentina que crece", había dicho Dujovne días atrás. La ley, si se aprueba, será vetada. Igual, parte de la estrategia por estos días parece ser insistir para que algunas cuestiones importantes para el Gobierno queden claras. Y que la (falta de) comunicación no sea nunca más un problema.