Por qué las tarifas de gas y electricidad se encarecen mucho más que la inflación

El incremento de las facturas de los servicios públicos es uno de los ítems de mayor peso en los presupuestos familiares. Desde que Mauricio Macri asumió el Gobierno se tomó la decisión de un "shock" tarifario después de más de una década de congelamiento de los servicios públicos, que se diferenció de la política gradual elegida en otros ámbitos de la economía.

Para reducir el déficit fiscal, que al contemplar los pagos de servicios de deuda asciendía a cerca del 7% del PBI, la administración de Cambiemos se concentró en reducir los subsidios económicos, es decir los aplicados a empresas, y mantener los sociales, que financian en forma directa a la demanda, como es el caso de las familias de escasos recursos que acceden a la "tarifa social".

A la vez, habilitó el aumento de los precios regulados, como los de servicios públicos, transporte y combustibles. En el caso de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con visible atraso en comparación a los distritos del interior del país. Este fuerte incremento registrado a partir de 2016 representó una importante transferencia de recursos de los sectores sociales medios, que no acceden a tarifa social, a las empresas proveedoras de servicios que, al mismo tiempo, resignaron recursos que recibían del Estado a través de los subsidios.

El llamado "tarifazo" generó descontento en una franja social que en buena parte dio respaldo electoral a Macri, hecho que sumó una preocupación política al oficialismo.

Un informe de IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino) señaló que "el sinceramiento tarifario es tan antipático como necesario", pues "la alternativa de emitir billetes para pagar subsidios es socialmente más costosa porque potencia la inflación".

El centro de estudios que dirige Jorge Colina consideró "explícito y visible" el impacto negativo de los "tarifazos" sobre las familias de más bajos ingresos y las pequeñas empresas, pero alertó que la vía de "usar fondos públicos para mantener las tarifas por debajo de los costos que demanda producir los servicios lleva, por un lado, a la escasez y a la baja calidad de los servicios y, por el otro, a mayor inflación porque obliga a pagar subsidios con emisión monetaria", tal como ocurrió hasta 2015.

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IDESA también apuntó sobre los "costos sociales ocultos" del atraso de las tarifas, como una caída de la producción y empleo, el deterioro de los servicios y una "distribución del ingreso más regresiva, tanto porque se exacerba la inflación como porque se usan fondos públicos para que sectores medios y altos de la sociedad paguen los servicios a precios artificialmente bajos".

Tomando como referencia los ajustes en la tarifa de gas residencial en la Ciudad de Buenos Aires, con datos de facturación de la empresa Metrogas, IDESA observó que en el 2016 el metro cúbico de gas subió 49%, mientras que la inflación fue 41%. En 2017 el alza fue de 88% y 25%, respectivamente, mientras que en el primer cuatrimestre de 2018 la suba fue de 41% para el gas domiciliario, frente a una inflación en torno a 15 por ciento.

Un estudio de CIFRA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina), dependiente de la CTA, midió el efecto conjunto de los incrementos de gas natural y electricidad en el salario, que en abril de 2018 promedió $29.140 para trabajadores registrados y  $14.870 para el total de ocupados, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.

"Su suma pasó de representar el 1,4% al 7,4% del salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado y del 2,7% al 14,5% de los ingresos laborales del conjunto de los ocupados en el período considerado", donde se toman en cuenta trabajadores formales e informales, detalló CIFRA.

La otra cara del salto tarifario es la disminución del peso de los subsidios en las cuentas públicas. En el primer trimestre de 2018 el Gobierno sobrecumplió la meta fiscal: el rojo primario (previo al pago de deuda) fue de 0,3% del PBI, frente a un objetivo inicial del 0,6 por ciento.

Delphos Investment ponderó que entre los gastos corrientes "los subsidios económicos fueron el principal mecanismo de ajuste, en un contexto de importantes correcciones tarifarias". Añadió que que los subsidios económicos dejaron de ser el segundo concepto más significativo en cuanto a participación, al pasar "de representar el 14% del gasto total en 2016, a 9% en 2017, y 4% en el primer trimestre de 2018".

"MOCHILA" TRIBUTARIA

Para el IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), "la quita de subsidios al gas y a la energía eléctrica está generando una suba importante del valor de las facturas", que obliga a discutir "sobre el impacto de la carga tributaria" sobre las mismas. En el mismo sentido, IDESA planteó que "una manera de morigerar los impactos negativos del sinceramiento es disminuir la carga impositiva espuria que encarece las tarifas".

La carga tributaria en el caso de la energía eléctrica representa más del 30% del valor de la factura. En forma indirecta, el costo impositivo que recae sobre el consumo final, tanto de energía eléctrica como de gas natural, se compone básicamente de Impuesto al Valor Agregado (IVA, 21%), Impuesto a los Ingresos Brutos provinciales (5%), tasa municipal general (1%) y tasa municipal específica. En el caso de la ciudad de Córdoba, por ejemplo, esta alícuota alcanza el 10% para totalizar por todo concepto el 37 por ciento.

En la provincia de Buenos Aires esta carga impositiva puede alcanzar el 44% de la factura al sumar IVA (21%), Contribución Municipal (6,4%), Contribución Provincial (0,6%), otros impuestos provinciales (10%, Leyes 7290/67 y 8016/73) y Fondo provincia de Buenos Aires (5,5%, Ley 9038)

En un ejercicio teórico, el IARAF calculó cuánto se reduciría el aumento tarifario si éste fuera acompañado por un recorte de la carga tributaria. Para ello, consideró la tarifa plena, entendida como costo del servicio antes de impuestos.

Si se estuviera en una situación en la que las tarifas no crecieran más de aquí en adelante, "la eliminación de la carga tributaria indirecta permitiría una reducción del 27% del valor de la factura del usuario", refirió el informe.

En caso que fuera necesario aún el incremento de las tarifas, el instituto estimó que "ante una suba del 100% de la tarifa, si se eliminara completamente la carga tributaria indirecta, el valor de la factura a pagar para el usuario solamente subiría el 46 por ciento".

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En esta dirección apunta la iniciativa anunciada por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sobre la quita de un impuesto para morigerar el impacto en las boletas de la suba de tarifas.

PULSEADA CON PROVINCIAS

En las últimas horas trascendió la intención del Gobierno de proponer, en el marco del Consejo Federal de Energía (CFE), "compartir" con las provincias el costo de la tarifa social, hoy asumido en su totalidad por el Estado nacional.

Al respecto, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, advirtió sobre la intención de "coparticipar" por alguna vía el costo fiscal y político de los incrementos tarifarios: "Tenemos que sentarnos a rediscutir cuál es la relación fiscal entre la Nación y las Provincias. Porque, si las provincias se van a  hacer cargo del subsidio de las tarifas, como nos hacemos cargo de la Salud, de la Educación, de la Seguridad, de la Justicia y, aparte de todo eso, el Gobierno nacional se queda con el 75% de los recursos, hay algo que a mí no me cierra".

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"En las provincias, particularmente en la nuestra y en el Norte, venimos pagando bastante más energía que en todo lo que es el área del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires)", señaló el mandatario salteño.

Urtubey argumentó que "hay todo un tramo de la tarifa que está subsidiada todavía o se están eliminando recién subsidios en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires,  pero en la provincia de Salta y en muchas provincias ya no existían. Entonces, cuando se aumenta todo por igual, acá sigue aumentando la tarifa, pero sigue aumentando inclusive más de lo que se paga en otro lado. No es que se igualan las tarifas, acá siguen siendo más caras de lo que se paga en Buenos Aires y es totalmente absurdo".