El tarifazo en las villas miseria

Carina Lorena Azcurraire vive junto con su pareja y siete hijos en la Villa 21-24 de Barracas. Recibe el subsidio del Programa Hogar, que creó el gobierno anterior y mantuvo el actual, para que cubra parte de lo que cuesta el gas con el que cocina, que como sucede en toda villa o asentamiento, e incluso en otras zonas residenciales, es gas en garrafa y mucho más caro que el gas por redes.

Le depositan todos los meses $152, lo que en teoría le cubriría el 70% de los $216 que tiene como precio oficial la garrafa de 10 kg. Pero sucede que en su villa la garrafa se vende a $290, y que como suele durarle quince días necesita comprar dos. En síntesis, Carina Lorena Azcurraire paga $580, recibe $152 y tiene un gasto neto de $428. Más que un tercio de los usuarios de gas natural.

Casos como el de Carina hay millones. En la Argentina hay más de 3 millones de hogares sin gas natural, de los cuales unos 2,8 millones son asistidos por el Programa Hogar a través de ese subsidio que se deposita o se cobra en sucursales del Correo Argentino.

Compensación mínima para bolsillos flacos

Un relevamiento de la organización villera La Poderosa también describe la situación de Cinthia Yegros de la Villa 31 de Retiro, que vive con su marido y dos hijas y consume dos garrafas por mes que le cuestan $600 y recibe $152 del Estado. Y la de María Correa del Barrio Challet en Santa Fe, que por tener un hijo discapacitado debería recibir el doble de asistencia pero generalmente le depositan solamente un subsidio.

Y es la realidad de María Rosa del Barrio Los Pumitas en Rosario, que suele tener problemas para cobrar la asistencia porque con su pareja y sus tres hijos vive junto con otra familia que también tiene subsidio en una misma casa precaria, y la suma de los ingresos supera los dos salarios mínimo vital y móvil, que es uno de los requisitos para que la Anses pague el subsidio.

Y la de Rosa María Troche del Barrio San Juan Bautista de Formosa, a la que tampoco le alcanzan los 152 pesos para comprar ni siquiera una garrafa, y se las arregla para cocinar con fuego a leña para su marido y sus cinco hijos.

Si bien el Gobierno ha mantenido el Programa Hogar, la diferencia entre lo que paga y el precio de la garrafa ha aumentado de manera exorbitante. En abril de 2015 el precio oficial de la garrafa era $88  y el subsidio $77, lo que dejaba un gasto neto de $11 por garrafa.

Ahora el gasto neto es de $64 si se considera el precio oficial (216-152): casi un 500% de aumento. El encarecimiento es aún más elevado si se toma el precio real de la garrafa.

La casi inexistente disponibilidad de garrafas a precio oficial ha empujado a un grupo de senadores oficialistas a elaborar un proyecto de ley para que el Ejecutivo garantice el abastecimiento a ese valor.

La iniciativa de Julio Cobos que acompañan los radicales Ángel Rozas y Luis Naidenoff y los de PRO Humberto Schiavoni y Néstor Braillard Poccard, le fue presentada al ministro Juan José Aranguren en la reunión que se realizó la semana pasada en Casa Rosada para tratar las quejas que brotaron dentro del oficialismo por el tarifazo gasífero.

Difusión del problema

La Poderosa está por publicar en su página de Internet varias placas sobre "Tarifazos 2018". Aparece destacado el aumento del 33% entre enero y abril de este año en el precio real de la garrafa de 10 kg; figura la suba de la Sube, y también el alza de $50 a $100 en el precio del botellón de agua de 20 litros.

En la Argentina de 2018 hay millones de personas que viven en villas, asentamientos y barrios pobres sin agua potable ni cloacas.

Lo que no aparece en las placas es el tarifazo eléctrico. La razón es muy sencilla. Si bien todos los argentinos tienen electricidad, en las villas no se paga. Por un acuerdo que se remonta a los primeros años de la privatización del sector durante el menemismo, las distribuidoras instalaron medidores comunitarios de un servicio que, según el caso, le corresponde pagar al gobierno porteño, el bonaerense y al de la Nación. Se calcula que en las zonas de Edenor y Edesur hay más de 300.000 familias que están conectadas a la red que captan esos medidores.

Además hay un número indefinido de hogares, pero que se estima en cientos de miles, que están colgados de la red. En muchísimos casos se trata de familias que viven en las periferias de villas o asentamientos y no están incluidos dentro de la red que abarca el medidor comunitario.

El grueso de los políticos y casi toda la atención periodística está focalizada en el golpe de los tarifazos sobre la clase media, la media-alta y las pymes.

Sin embargo, y a pesar de la aplicación de tarifas sociales para gas y electricidad y de la existencia del subsidio a la garrafa, el impacto sobre los más pobres ha sido igualmente duro.

El todavía viceministro de Hacienda Sebastián Galiani publicó un artículo en un portal especializado (www.focoeconomico.org) que indica la incidencia de los aumentos de gas y electricidad en cada uno de los quintiles, es decir en cada uno de los cinco bloques de 20% en que se puede dividir a la población según ingresos.

El gasto en servicios de gas y electricidad como proporción del ingreso total de un hogar promedio de la población se multiplicó por cinco, pasando del 0,7% en 2015 a 3,4% ahora.

Para el 20% más pobre el peso de esos servicios subió del 0,9% en 2015 al 4,1% ahora. Son más de tres puntos porcentuales de pérdida de poder adquisitivo para el resto de los bienes y servicios.

Por todo lo anterior y mucho más, los tarifazos están a la cabeza de los malestares sociales y son motivo principal de la caída de la imagen del gobierno.

El peso en el presupuesto de las familias

Pero aunque cuesta creerlo, aun después de tremendos aumentos, el peso de los servicios públicos no es alto en términos comparativos.

En un reciente informe de la consultora Economía & Energía se observa que la factura de electricidad representa actualmente en la Argentina el 2% del salario medio, mientras que en Chile equivale al 4,8%, en Brasil al 5% y en Uruguay al 5,7 por ciento.

En cuanto al gas, el gasto actual representa aquí el 3,4%, en Brasil el 3,3, en Chile el 7,4 y en Uruguay el 6,8 por ciento. Son cálculos de una consultora creada por funcionarios del área energética del gobierno kirchnerista.

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