La distribución a lo largo de varias facturas de exactamente el mismo aumento que iba a impactar en las facturas invernales de gas, junto con la alternativa del pago en cuotas, fue una muy módica concesión que alcanzó para acallar la disidencia interna, y que confirma la continuidad de una política que la Casa Rosada considera innegociable.
Innegociable por dos razones fundamentales:
1. Es que el recorte de subsidios derivados del encarecimiento de los servicios públicos vino siendo un elemento clave para perseguir el objetivo de reducir el déficit fiscal.
2. Si bien reconocen que el incremento en las facturas fue enorme, están convencidos de que lo que se paga actualmente no solo no es caro, sino que sigue siendo barato en comparación con lo que cuesta y en comparación con lo que se paga en otros países. Y ese convencimiento lo comparten el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña, su vicejefe Gustavo Lopetegui y el ministro Juan José Aranguren, que son los cuatro que tallan en el tema, y que ayer lograron conformar a sus socios con migajas.
En el Poder Ejecutivo están convencidos de que lo que se paga actualmente no solo no es caro, sino que sigue siendo barato en comparación con lo que cuesta y en comparación con lo que se paga en otros países
Un objetivo irrenunciable
Para entender a este gobierno conviene tener siempre presente que Mauricio Macri cree que el principal problema de la Argentina no es la corrupción, ni la inseguridad, ni el mal funcionamiento de la justicia, ni ninguna de las preocupaciones que aparecen en las encuestas, ni mucho menos los desequilibrios de la estructura productiva, la falta de inversión, la debilidad exportadora o la desigualdad social. Macri cree que el principal problema es el déficit fiscal.
No solo lo piensa sino que lo ha dicho públicamente. Considera que esa es la causa madre de la inflación, esa enfermedad crónica tan argentina que él esperaba curar fácilmente pero le está resultando indomable.
Mauricio Macri cree que el principal problema es el déficit fiscal
En tren de ir reduciendo el déficit fiscal, hasta el año pasado la vía central fue el recorte de subsidios como contracara de los aumentos de tarifas.
Recorte de subsidios
Luego de un 2016 en el que poco pudo hacer por los frenos judiciales, en 2017 los subsidios a la electricidad y el gas bajaron en $75.000 millones: pasaron de 200.600 a 125.600 millones. Fue una abrupta caída del 37% en términos nominales, es decir sin considerar el efecto inflacionario. Pero dejaba en pie nada menos que $125.600 millones.
El plan para este año era continuar con la poda en electricidad y gas, y al menos frenar el alza en los subsidios al transporte, que en 2016 y 2017 siguieron subiendo de manera significativa porque fueron años en los que hubo poco aumento de trenes y colectivos.
Los datos de la Secretaría de Hacienda muestran que el plan estaba cumpliéndose. En el primer trimestre de este año los subsidios energéticos bajaron $7.145 millones en relación a igual período del año pasado, y al transporte desaceleraron fuertemente su incremento. Una noción de la relevancia de ese ahorro lo da el hecho de que equivale a casi el 70% de lo que se redujo el déficit en el trimestre.
El ahorro en subsidios equivalió en el primer trimestre a casi el 70% de lo que se redujo el déficit fiscal
La segunda razón de la intransigencia en materia tarifaria está expuesta en un informe confidencial que la Jefatura de Gabinete preparó para el Presidente y que en parte fue exhibido en las diversas reuniones con dirigentes de Cambiemos que hubo en la Casa Rosada.
Con el título Resumen Facturas de Gas de Invierno, el informe muestra a cuánto ascenderán las boletas referidas a la temporada de mayor frío y mayor consumo.
Segmentación del mercado
De acuerdo a esa estimación oficial y dejando de lado los beneficiarios de la tarifa social, 39% de los clientes residenciales pagará menos de $500 por mes; 21% entre $501 y $1.000; 12% entre $1.001 y $1.500; 8% entre $1.501 y 2.000, y el 20% restante por arriba de $2.000. Números mucho menos dramáticos que los que hicieron circular los radicales Mario Negri y Alfredo Cornejo.
En este caso el informe no alude a que el 60% que paga menos de $1.000 pesos gasta montos similares o incluso mayores en servicios como cable, internet o telefonía celular, que suele ser un argumento muy usado por los funcionarios para justificar los nuevos niveles tarifarios.
El informe de la Jefatura de Gabinete no alude a que el 60% que paga menos de $1.000 pesos gasta montos similares o incluso mayores en servicios como cable, internet o telefonía celular
El informe sí compara con vecinos, puntualmente con Montevideo y Santiago de Chile: sostiene que "las tarifas de gas de nuestros vecinos son en promedio un 160% más caras", lo que explicaría que a pesar de que "las temperaturas de Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile son similares (…) el consumo en Buenos Aires es un 70 por ciento superior al de nuestros vecinos".
Cabe aclarar que el trabajo refiere exclusivamente a hogares. Nada dice sobre la problemática para pymes, que en no pocos casos han sufrido incrementos exorbitantes que las empujan al borde de la supervivencia. Si el gruñido tuitero de Carrió y la tímida rebelión de los socios radicales fueron fácilmente silenciados con las planillas Excel de Lopetegui y Aranguren, la propuesta del siempre dispuesto a negociar Migue Ángel Pichetto fue lisa y llanamente ignorada.
El ubicuo senador peronista planteó atenuar el impacto de los tarifazos bajando la carga impositiva de las facturas, que ronda el 25%. Pichetto es lo suficientemente pícaro como para no darse cuenta de que a los efectos fiscales resignar impuestos es lo mismo que mantener subsidios.
Pichetto es lo suficientemente pícaro como para no darse cuenta de que a los efectos fiscales resignar impuestos es lo mismo que mantener subsidios
El peso de otras tarifas
Al cultor del peronismo de centro cabe reconocerle haber planteado una arista del tema tarifario que ha tenido menos repercusión mediática que en el presupuesto de varias familias: para muchos hogares la factura de Aysa ha pegado un salto que la colocó encima de las de Edenor, Edesur, Metrogas o GasBan.
Aunque según el citado informe confidencial, la incidencia del agua en la canasta de consumo de los hogares es muy inferior al del resto de los servicios públicos.
El gas encabeza la lista con el 3,2% del gasto total de una familia tipo; seguida por la electricidad con 2,2%; el transporte 1,8% y el agua 0,7%; un total de 7,9 por ciento
Propuesta extrema
A pesar de que fue la principal responsable de la fenomenal distorsión tarifaria, Cristina Fernández de Kirchner dijo presente en la polémica con un proyecto de ley para retrotraer las tarifas para hogares, pymes y cooperativas al 1 de enero de 2017 y suspender todo aumento hasta finales de 2019.
No debe faltar algún economista que la quiera pero que ante semejante propuesta coincida con Carrió en que se trata de pura demagogia.
Ni demagogia ni una "tercera salida" como pidió Carrió. Con algún malabarismo gatopardista y el guiño cómplice de sus aliados, el Gobierno se las ingenió para mantenerse intransigente en una política tarifaria que tiene mucho más de shock que de gradualismo.
Habrá que estar atento a si el ruido de la calle seguirá en los bajos decibeles de anteanoche o subirá de tono.
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