Las plantas de Cargill de la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez y de Bahía Blanca, en el sur bonaerense, amanecieron este jueves con las puertas cerradas. La empresa resolvió suspender a 500 trabajadores a raíz de un conflicto gremial por 44 despidos que mantiene, desde hace comienzos de este año, con los sindicatos del sector.
La multinacional, cuya producción cerealera es la más importante del país, notificó la decisión con una nota pegada en el ingreso de los establecimientos de molienda. El texto informó que la suspensión del personal será sin goce de sueldo y se llevará a cabo hasta el 10 de abril próximo.
Según la firma agroindustrial, el objetivo apunta a resguardar "la seguridad del personal, de las operaciones y de las comunidades" de las plantas de empleados debido a los "paros no programados que se suceden de forma frecuente e intermitente". Por lo tanto, Cargill atribuyó la interrupción de las tareas de molienda a una resolución "preventiva ante condiciones inseguras de trabajo".
"Esta situación de riesgo provocada por más de 80 paradas operativas en lapsos temporales variables entre una y 12 horas, se originó luego de que Cargill tomara la decisión irreversible de reemplazar a un total de 33 colaboradores en sus plantas de Villa Gobernador Gálvez y Punta Alvear y un colaborador en la planta de Bahía Blanca, concluidos los plazos legales determinados por las autoridades laborales nacionales y provinciales", recordó la compañía agroindustrial.
Más de tres meses de conflicto
El estallido en la multinacional arrancó en enero pasado, cuando 36 empleados rechazaron retiros voluntarios y fueron despedidos. El número inicial de 44 cesantes, desde entonces, se redujo a 33 luego de que 11 de ellos aceptaran los ofrecimientos indemnizatorios.
El ajuste en la planta produjo el rechazo de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D Y A.R.A.) y el Sindicato de Obreros y Empleados de Rosario (SOEAR), que dispusieron paros progresivos hasta que el Ministerio de Trabajo de la Nación y de Santa Fe intervinieron en la disputa.
Desde la empresa aseguraron que el objetivo de las cesantías "no es la tercerización, ni la eliminación de puestos de trabajo, sino el reemplazo de colaboradores por otros con características y perfiles adecuados".
En las últimas semanas, tras la finalización el 16 de marzo de la conciliación obligatoria adoptada por la cartera laboral, los gremios decidieron reanudar las medidas de fuerza por tiempo indeterminado que, si bien se aplicaron de manera parcial, impactaron en la operatoria de las plantas de la multinacional.
La producción de Cargill ocupa un rol relevante en la economía, ya que un recrudecimiento del conflicto puede paralizar a la mayor exportadora de granos y aceite del país, a poco de iniciarse la cosecha gruesa de maíz y soja.
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