El aumento tarifario en gas, efectivo a partir de hoy, no solo actualiza la estructura de costos del sector, algo que el ministro de Energía Juan José Aranguren menciona en todas sus declaraciones públicas, sino que también abre la puerta para que el Estado argentino se libere de los juicios en su contra por parte de las empresas del sector gasífero.
La actualización anunciada la semana pasada, con aumentos de hasta el 40%, marca el final de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que Energía coordinó con las distribuidoras y transportistas para que se les diera el precio necesario para prestar el servicio. A cambio, las empresas debían cancelar juicios por unos USD 3.400 millones que iniciaron contra el Estado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
La Argentina es tercer país con más casos abiertos frente al CIADI, por debajo de España (29) y Venezuela (22)
El desistimiento de esos juicios no es el único guiño del sector hacia el Gobierno. Las distribuidoras y transportistas de gas firmaron compromisos de inversión por $45.000 millones hasta 2021.
Por lo tanto, a partir del domingo, las empresas tienen tres meses para desistir de sus juicios en proceso frente a la entidad que depende del Banco Mundial. Esto implicaría una señal fuerte hacia los inversores extranjeros, ya que Argentina es, luego de Venezuela, el país de la región con más casos abiertos en contra.
Varios de los juicios del sector frente al organismo y otros tribunales internacionales datan del 2001 a partir del congelamiento y la pesificación de las tarifas energéticas.
ARGENTINA Y EL CIADI
La Argentina no es un nuevo jugador frente al CIADI, todo lo contrario. En la página del organismo los casos en contra del país con dictámenes aún abiertos son 13. Los únicos países con más juicios en esa categoría son Venezuela (22) y España (29).
En la historia reciente, durante el año pasado el Estado argentino tuvo que pagar el fallo en contra por la estatización de Aguas Argentinas, por USD 384 millones a las empresas Aguas de Barcelona (AgBar), Suez Environnement y Vivendi. También pagó más de USD 320 millones, más intereses, al grupo español Marsans por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
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