Salarios del sector público: víctimas del ajuste "modelo 2018"

Además de bajar el déficit primario desde el 3,9% al 3,2% del PBI este año, el Gobierno tiene otro desafío no menor en 2018: mantener en caja a las provincias, dentro de los límites estipulados en el Pacto Fiscal que todas firmaron (con excepción de San Luis) a fines del año pasado luego de las elecciones legislativas.

El objetivo es que ninguna provincia tenga déficit fiscal en dos años, es decir cuando finalice la actual gestión de Mauricio Macri, o sea a fines de 2019.

No es fácil, porque actualmente son nueve las que presentan rojos en las cuentas públicas, aunque algunos más elevados que otros. En la lista figuran Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Entre Ríos, Chaco, Salta, Jujuy y La Rioja. Entre todas suman un rojo de alrededor de 0,6 puntos porcentuales del PBI.

La provincia de Buenos Aires también es deficitaria, pero con el incremento en las partidas del Fondo del Conurbano este año quedaría cerca del equilibrio.

Ahora se viene la etapa más importante en el que realmente se sabrá si el objetivo de mantener bajo control las cuentas públicas de las provincias se puede o no cumplir.

En la mayoría de los distritos ya arrancaron las discusiones salariales y deben cerrarse las paritarias en los próximos treinta o sesenta días.

El peso de la nómina salarial

Los salarios de los empleados públicos representan en promedio el 60% del gasto total de las provincias, pero en algunos casos se acerca al 90%. Por eso, lo que surja de esas negociaciones será clave para el futuro de la salud de las finanzas provinciales.

Las negociaciones salariales de cada provincia se discuten con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y su mesa chica. Desde allí monitorean que se cumpla en forma estricta el Pacto Fiscal.

¿En qué consiste? Las provincias deficitarias no pueden aumentar el gasto por encima de la inflación mientras tengan cuentas en rojo, es decir como mucho deben mantenerlo constante en términos reales.

Aquellas que son superavitarias tampoco pueden aumentar el gasto corriente por arriba de los precios, pero sí pueden hacerlo cuando se trate de obras de infraestructura.

Escaso margen para aumentos

Semejante compromiso deja escaso margen para el ajuste de los salarios este año. El caso extremo lo atraviesan las provincias patogónicas. Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego son las que tienen números más comprometidos. En estos casos, los aumentos salariales que se están negociando serían inéditos: 5% de ajuste sin cláusula gatillo.

Es decir que los empleados estatales sufrirían una pérdida de entre 10 y 15 puntos porcentuales de poder adquisitivo según dónde termine la inflación.

El año pasado el Gobierno tuvo que socorrer a la gobernadora santacruceña, Alicia Kirchner, arrinconada por el rojo de las cuentas provinciales. Y este año los principales problemas financieros se concentran en Chubut.

Con este panorama no hay duda que los empleados estatales serán los perdedores de las negociaciones salariales durante 2018. Perderán por goleada contra los empleados privados y habrá que ver cómo sale la comparación en relación a quienes trabajan pero como informales.

Protestas gremiales

Claro que no será fácil evitar la conflictividad con semejantes propuestas. Se verá hasta qué punto el Gobierno nacional puede tirar de la cuerda. Pero la evolución que realizan en Hacienda es contundente: si no se va a un achique de la cantidad de empleados públicos en las provincias, la única forma de conseguir un achicamiento del déficit es disminuyendo salarios en términos reales.

Además de las provincias con mayor déficit, aquellas que están un poco mejor serían autorizadas a dar más aumentos. Pero en ningún caso pueden superar el 15%, la meta oficial de inflación de este año.

Sólo unas pocas tendrán la posibilidad de aplicar una cláusula gatillo sobre los aumentos salariales, siempre bajo la estricta aprobación de Hacienda. Se trata de Córdoba, Santa Fe, Mendoza (son las que tienen cuentas superavitarias) y eventualmente Neuquén.

El Gobierno, contra la indexación

Dujovne ya dijo públicamente que no veo con buenos ojos la inclusión de la cláusula gatillo para ajustar salarios si la inflación supera el nivel de la paritaria. Y el motivo es que estos acuerdos indagatorios vuelven más difícil la baja de la inflación una vez pasada la etapa del ajuste de precios relativos, es decir de las tarifas.

Para el Gobierno el ejemplo de paritaria provincial fue el de la Ciudad de Buenos Aires, que arregló un 12% (distribuidores en dos tramos de 8% en abril y otro 4% en agosto). De todas formas, también habrá otro adicional de 5% en julio por un plus que los municipales vienen cobrando desde 2015 por la aplicación de la nueva carrera administrativa, pero que no se cuenta dentro del convenio salarial.

"En la Ciudad se optó por darle un gran impulso a la obra pública y por eso no se pueden darse el lujo de dar aumentos exagerados a los empleados, aún cuanto tienen equilibrio presupuestario", explican en Hacienda.

Para la Nación las discusiones salariales serán más adelante, recién en junio ya que el nuevo convenio con UPCN empezaría a regir desde el siguiente mes. Pero no se trata de un tema tan acuciante, porque el impacto de los sueldos en relación al gasto es mucho menor que en el caso de las provincias.

Según un informe elaborado el año pasado por el Ministerio de Trabajo, hay siete provincias en las cuales el número de empleados estatales es mayor que el de trabajadores registrados del sector privado.

Los distritos en los que la proporción de trabajadores estatales fueron mayoría respecto de los del sector privado con los datos publicados a diciembre de 2016 son Corrientes 51% del total, Chaco 58%, Santiago del Estero 60%, Jujuy 62%, La Rioja 67%, Catamarca 69%) y Formosa 69 por ciento.