En el arranque del 2018 el crédito se volvió más caro y ya encendió luces amarillas en las distintas cámaras empresarias. Tal es así que los integrantes del Grupo de los Seis, donde participan la UIA, Construcción, la Sociedad Rural, bancos y la Bolsa comenzaron a explorar distintas opciones para que el sector privado no pierda capacidad de financiamiento. Si el Gobierno no hace algo urgente, advierten, las inversiones comprometidas no podrán llevarse adelante.
Para las empresas, el elevado costo del crédito se volvió mucho más relevante que la volatilidad del dólar. Quien tiró la primera piedra esta semana fue la Copal, donde confluyen las empresas alimenticias y representa más del 25% del PBI industrial. En un crudo comunicado, la entidad que preside Daniel Funes de Rioja advirtió que "la tasa de referencia aún se encuentra en niveles elevados para incentivar la inversión productiva de la mano del crédito". Y agrega en ese mismo sentido que "dada la lenta reactivación del sector industrial, la disponibilidad de crédito a tasas razonables es una condición imprescindible para que se concreten los anuncios de inversión".
Al desaparecer la línea de financiamiento productivo en 2018, las PYME deben financiar capital de trabajo a una tasa que no baja del 30%
La elevada inflación de diciembre y enero frenó abruptamente el proceso de reducción de la tasa de política monetaria por parte del BCRA. En la reunión de política monetaria de la semana pasada la entidad tuvo que discontinuar la reducción que había empezado a principios de año, quedado la tasa de referencia por encima del 27%. Prácticamente ninguna empresa puede financiarse más barato.
Las PYME son las más perjudicadas
La peor parte la llevan las PYME. A partir de enero, por orden del titular del Central, Federico Sturzenegger, comenzó a desactivarse la línea de financiamiento productivo, que desaparecerá a fin de 2018. La misma obligaba a los bancos a prestar al sector productivo a tasas del 17% anual en pesos. Y el 75% debía dirigirse a empresas chicas para financiar capital de trabajo, por ejemplo descuento de cheques.
En la práctica, la desaparición de esta línea implica reemplazar ese financiamiento por tasas de corto plazo que superan el 30%. Los industriales consideran que esta decisión fue como mínimo desacertada y piden su restablecimiento. Y para justificarlo señalan que los bancos tuvieron un aumento de la rentabilidad superior al 35% en 2017, como surge de los balances de las entidades que cotizan en Bolsa.
Tanto los bancos como los industriales quieren más flexibilidad para que las empresas puedan financiarse en dólares. Una constructora, por ejemplo, accedería a tasas de un dígito en moneda dura, en vez de pagar UVA (inflación) más 10%.
El aumento de más del 10% del riesgo país en lo que va del año tampoco ayuda. Significa un mayor costo de financiamiento para el Gobierno nacional cuando busque financiamiento externo, pero también para las empresas con capacidad de tomar crédito afuera. Esas compañías de primera línea terminarán tomando dinero localmente, desplazando a las empresas más chicas.
Pero el aumento de los rendimientos de los bonos argentinos al 7% anual en dólares tiene otras derivaciones. No sólo significa que el Estado se financiará más caro a la hora de salir a cubrir el déficit fiscal. También pone en riesgo todo el esquema de inversiones a través del mecanismo conocido como PPP (Participación Público Privada). Sucede que las empresas que inviertan en infraestructura con la promesa de cobro futuro por parte del Gobierno, exigirán una tasa de retorno mucho mayor para adelantar el dinero. Se calcula que los consorcios pedirán una sobretasa de entre 2 y 3 puntos por encima del nivel de riesgo país. ¿Es viable –por ejemplo- la construcción de corredores viales o vías de transmisión eléctrica del 10% anual en dólares? En juego hay proyectos de infraestructura por USD 21.000 millones, que peligran si el Gobierno no consigue bajar las tasas.
Hipotecarios, también más caros
También las familias son víctimas del aumento del costo del crédito. De manera coordinada, los bancos decidieron subir entre dos y tres puntos la tasa para acceder al crédito hipotecario. Lo que empezó siendo un préstamo a UVA más 4% en la mayoría de los bancos ahora pasó al 7 u 8% por sobre la inflación. La demanda igual sigue siendo enorme, teniendo en cuenta que la cuota mensual igual sigue siendo más conveniente que el pago del alquiler.
El aumento del riesgo país no sólo encarece la búsqueda de financiamiento de Gobierno en los mercados. También pone en peligro los programas de inversión por USD 21.000 millones comprometidos a través de los programas de Participación Público Privado (PPP)
Pero volviendo a los reclamos empresarios, en las próximas semanas se irán conociendo propuestas concretas para que se facilite el acceso al crédito. Algunas de esas medidas son las siguientes:
– Flexibilizar el acceso al crédito en dólares. El Central ya había extendido el universo de empresas que pueden endeudarse en moneda dura, sólo comprendió a proveedores de compañías exportadoras. La propuesta de los bancos, que sería acompañada por otros sectores de la actividad, es que el resto de las empresas se pueda financiar en dólares, a tasas mucho más baratas que tomar pesos. Un caso claro sería el de la construcción. Los bancos están ofreciendo líneas a UVA más 10% anual, lo que hace inviable cualquier proyecto por ejemplo de construcción de viviendas. ¿Por qué no permitir que se endeuden en moneda dura, a tasas de un dígito? Lo mismo puede aplicarse para sectores del campo, por ejemplo ganaderos. Para los bancos también resulta conveniente, ya que tienen un gran stock de depósitos en dólares sin aplicar.
– Aliviar los requisitos que les pone el BCRA a los bancos a la hora de salir a prestar a empresas. Concretamente se hace alusión a las normas prudenciales de Basilea. "Las economías regionales no pueden acceder al crédito porque les exigen un patrimonio que no tienen, ya que alquilan campos y viven de la producción anual. Estas situaciones deberían estar contempladas por las normativas", explican en Copal.
– Extender en el tiempo y ampliar los programas de bonificación de tasas que ofrece el Gobierno. Los planes actuales llegan hasta marzo y es incierto si serán o no prorrogados, lo que también genera gran incertidumbre. Se trata de crédito que ofrecen los bancos, pero al contar con un subsidio estatal hay una importante reducción del costo. El año pasado a través del ministerio de la Producción, se otorgaron créditos por $ 4.000 millones a más de 1.400 empresas.
– Reanudar la línea de financiamiento productivo, a tasas del 17%. Ante la imposibilidad de bajar más rápido la tasa de interés, los industriales creen que es lógico reactivar este programa. Además, advierten que la reforma tributaria no tuvo por el momento ninguna ventaja para el sector productivo. Las provincias, por ejemplo, no hicieron ningún esfuerzo en la reducción de Ingresos Brutos, a pesar del compromiso asumido en el Pacto Fiscal con el gobierno.
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