En el retiro del Gabinete que tendrá lugar este viernes en Chapadmalal Mauricio Macri presentará el "Manual del buen Gobierno". La idea del texto, que fue elaborado por el vicejefe de Gabinete Gustavo Lopetegui, es comunicar a los funcionarios que manejan empresas del Estado cómo esas sociedades deben organizarse y funcionar para reducir el déficit operativo, en virtud de los pedidos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El manual contiene varios puntos que deben cumplir las 41 empresas en las que el Estado es accionista mayoritario.
En la introducción del texto al que tuvo acceso Infobae se aclara que "los Lineamientos no reemplazan competencias legales establecidos en instrumentos normativos aplicables a las empresas de propiedad mayoritaria estatal y que las empresas cuentan con libertad para elegir el diseño institucional que crean más conveniente". El manual advierte que "a través de estas exigencias, es el Estado como accionista el que comunica a las empresas lo que éste espera de las mismas en términos de prácticas de gobierno y gestión".
En el manual se enuncian una serie de principios. Los siguientes son los más destacados:
Eficiencia: el Estado como accionista de las empresas promueve la utilización eficiente de sus recursos propios y de los que reciba del Tesoro y/o Ministerio sectorial. Esto significa maximizar cada peso invertido en bienes de capital y/o destinado a gastos corrientes con el objetivo de producir mejores bienes y servicios a un costo consistente con valores de mercado. Cuando la empresa se encuentre sujeta a obligaciones de tipo social o alineadas con políticas públicas, el origen y monto del financiamiento de tales obligaciones será cuantificado y reportado de manera explícita por la empresa.
Transparencia: el Estado promueve el rol activo de las empresas en la publicación de información financiera y no financiera vinculada a su desempeño. La transparencia tiene efectos positivos directos tanto en mejora de gestión, por ejemplo, abriendo los procesos de compras a más proveedores, como en materia de rendición de cuentas de los recursos del Estado. Como accionista, el Estado espera de sus empresas la adopción de mejores prácticas de transparencia.
Integridad: el Estado como accionista promueve la adopción y cumplimiento por parte de las empresas de políticas destinadas a prevenir y castigar el fraude. Se busca que las empresas de mayoría estatal sean ejemplo de integridad en el uso de sus recursos. A tales fines, se considera no solo importante cumplir con la normativa y directivas nacionales sobre anticorrupción sino también desarrollar procesos destinados a garantizar la gestión transparente e íntegra de los recursos.
Generación de Valor: el Estado como accionista promueve la maximización del impacto que las empresas de mayoría accionaria estatal tienen en la economía. Las empresas deben promover la generación de valor (social y económico) a lo largo de toda la cadena del negocio, siempre considerando los principios de transparencia y eficiencia de los recursos. En dicho sentido, cobra especial relevancia la definición de propuestas de valor para los distintos actores involucrados.
Estándar de empresa listada: el Estado espera que las empresas en donde el mismo es accionista adopten estándares de gobierno corporativo alineados con los de empresas listadas en la Bolsa de Valores. La adopción de dichos estándares debería constituir para las empresas una preocupación constante y requerir de esfuerzos sostenidos en el tiempo.
Roles diferenciados: el Estado no solo cumple el rol de accionista o dueño de las empresas, sino que también puede desarrollar actividades como formulador de políticas públicas y como regulador de la calidad de los servicios prestados por las empresas. Se espera que los ministros sectoriales desempeñen dichos roles manteniendo la independencia de los mismos. Es decir, que puedan ejercer distintas funciones (regulador, formulador de políticas, prestador de servicios) aunque se trate de la misma autoridad.
"El Gobierno cree fuertemente en el establecimiento de una cultura meritocrática centrada en el talento del empleado, su motivación y compromiso con la gestión de su empresa", asegura el manual, en el capítulo referido a la "relevancia de establecer consecuencias por el no cumplimiento de objetivos". Respecto de la elección de los directores de las empresas, se subraya que "los países de la región han destacado la relevancia de contar con porcentajes de directores llamados independientes, los cuales carecen de vínculos directos o indirectos con el gobierno y/o con la empresa en donde cumplen funciones".
En su introducción, el manual tiene una serie de explicaciones acerca de diversos temas, por ejemplo:
Los Lineamientos de Buen Gobierno para Empresas de Mayoría Accionaria del Estado constituyen un conjunto de buenas prácticas de gobernanza y gestión de empresas en donde el Estado es accionista.
Su principal objetivo es comunicar a las empresas las expectativas que el Estado tiene con relación a cómo deben organizarse y funcionar. Hay una convicción de que estos Lineamientos constituyen el camino correcto a seguir por las empresas en pos de mejores estándares de gestión y gobernanza, los cuales redundarán en empresas mejor administradas, transparentes y prestadoras de servicios de calidad a los ciudadanos.
A través de los Lineamientos, el Estado como accionista comunica a las empresas lo que este espera de las mismas en términos de prácticas de gobierno y gestión. A los efectos de dicho cumplimiento, las empresas cuentan con libertad para elegir el diseño institucional que crean más conveniente para implementar los lineamientos.
Los lineamientos constituyen diferentes aspectos que el Estado nacional como accionista entiende se encuentran vinculados al buen gobierno y gestión de las empresas. Por un lado, establecen buenas prácticas de organización y funcionamiento de los Directorios y gerencias de las empresas, incluyendo prácticas de evaluación del desempeño, transparencia e integridad. Por el otro, contienen componentes relacionados a políticas específicas de auditoría y control, desempeño económico, compras y abastecimiento y sustentabilidad.
Cada lineamiento a su vez contiene cinco principales aplicaciones prácticas. Estas aplicaciones permiten visualizar la implementación práctica de la definición conceptual de cada lineamiento, lo cual facilitará el diseño de políticas específicas por parte de las empresas.
También se recomienda a los funcionarios de las empresas del Estado "establecer mecanismos tendientes a prevenir la ocurrencia de conflictos de interés por parte de la alta gerencia. Dichas políticas, como, por ejemplo, la publicación por parte de los directores de la empresa de manifestaciones de conflicto de interés, contribuirían no solo a generar confianza en la sociedad sino también a atraer talentos".
Además, el manual ideado por Lopetegui establece que "la política de abastecimiento de las empresas debiera estar alineada con su negocio y plan estratégico y estar enfocada tanto en la generación de ahorros como en la adquisición de bienes y servicios de calidad al menor costo posible".
El informe destaca asimismo que "los principios de buen gobierno constituyen la base conceptual de los lineamientos y los criterios orientadores de la implementación de estos últimos. Estos son valores referidos al gobierno y gestión de las empresas de mayoría estatal y estos lineamientos son implementados teniendo en consideración su consistencia y armonía con los principios definidos en esta página".
El Estado argentino controla unas 41 empresas, con niveles muy variables de profesionalismo y estándares administrativos. Para ayudarlas a generar valor, el Estado está implementando un conjunto de iniciativas para mejorar el desempeño de las empresas de capital estatal, tanto en la calidad del servicio como en la efectividad y transparencia con que operan.
En términos del PBI, las pérdidas de las empresas estatales representan el 0,75 por ciento, un porcentaje todavía alto aunque en continuo descenso desde 2015, según explicaron fuentes de la Jefatura de Gabinete. En el último año de gestión del kirchnerismo, las transferencias corrientes y de capital a las empresas estatales significaron el 1,52% del PBI y en el 2016 los giros bajaron al 1,14% del producto mientras que en 2017 bajaron al 0,83% del PBI. El objetivo es reducirlo todavía más, por eso el Gobierno lanzó esta semana una reducción de unos 9000 millones de pesos del gasto en las empresas públicas.
El informe señala que desde diciembre de 2015 se ha llevado adelante"un ambicioso programa de mejora del desempeño de las empresas de mayoría estatal". "Dicho programa, coordinado desde la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y conjuntamente con organismos como la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, ha avanzado en distintas líneas de acción".
Cita como ejemplos que "se han mejorado los sistemas de monitoreo del desempeño de las empresas, se ha avanzado en la elaboración de planes estratégicos por parte de estas últimas, y que se han promovido buenas prácticas de transparencia, gestión, y gobierno corporativo".
Además agrega que "Argentina ha sido admitida como miembro del Comité de Gobernanza Corporativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organización que hoy lidera la conceptualización de mejores prácticas de gobierno corporativo en empresas de capital estatal. Las empresas de mayoría estatal de Argentina se encuentran actualmente en proceso de reestructuración".