
El 31 de julio de 2014 fue el punto culminante y más dramático en la relación siempre tirante del gobierno de Cristina Kirchner con el juez neoyorkino Thomas Griesa, que murió ayer a los 87 años. Ese día, luego de arduas negociaciones que se llevaron adelante tanto en Buenos Aires como en Nueva York, la Argentina fue declarada en "default selectivo". Esa fecha era la última que había dispuesto este magistrado para que el Gobierno llegara a un acuerdo con los acreedores que no habían entrado en las dos anteriores reestructuraciones de la deuda.
El argumento del entonces ministro Axel Kicillof era que un acuerdo en mejores condiciones para ese grupo que al resto de los acreedores haría caer los dos anteriores canjes, dejando a la Argentina en una situación todavía peor. Finalmente sería el gobierno de Cambiemos y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, quien conseguiría en abril de 2016 llevar adelante una exitosa negociación pagando aquella deuda en efectivo. En ese momento la Argentina salió del nuevo default (el segundo luego del estallido del 2001) y consiguió así acceder al financiamiento de los mercados de capitales.
Griesa dejó una imagen de intransigente en los 15 años en los que se ocupó de recibir demandas de acreedores contra la Argentina. Pero posiblemente esa etiqueta resulte injusta. En realidad, el juez en una primera etapa se cansó de frenar litigios contra el Gobierno de Néstor Kirchner. Fue después de la propuesta de canje inicial de 2005, en la que se ofertó una quita de 76% a los acreedores, que el juez empezó a determinar una serie de embargos contra activos argentinos para que los inversores pudieran cobrar.

El juez le puso así un límite a lo que la comunidad internacional interpretó como un atropello del gobierno argentino. Para la misma época, los jueces argentinos desestimaban una tras otra las causas judiciales que se presentaban contra el kirchnerismo, contra el enriquecimiento de la familia presidencial y contra los manejos irregulares de la mayoría de sus ministros.
El flojo resultado del canje que llevaron adelante el tándem Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen no sólo no solucionó el problema del default sino que además abrió la puerta a una nueva generación de "buitres", es decir fondos que habían comprado deuda argentina con el fin de litigar. El caso más notorio fue el de NML Securities, de Paul Singer.
El segundo canje de deuda del 2010, cuando una mejora en la propuesta permitió que ingresara el 93% de la deuda en default, pareció una solución definitiva al default del 2001. Pero no fue así. Los acreedores remanentes se pusieron mucho más virulentos y encontraron eco en el juez Griesa, que tuvo un papel ya mucho más controvertido en esa etapa. Dictaminó una serie de medidas cautelares que obligaron al gobierno argentino a sentarse a negociar para resolver los juicios. Y nombró a un negociador, Dan Pollack, que no consiguió resultados.
Pero las cautelares dispuestas por Griesa también fueron respaldadas por la justicia federal en segunda instancia y hasta por la Corte Suprema estadounidense, que optó por no atender los reclamos que le efectuaba el gobierno de Cristina. Finalmente se llegaría al nuevo default de 2014. Fue "selectivo" porque impidió seguir pagando la deuda emitida bajo legislación neoyorkina, pero sin embargo se mantenía el pago de la emitida bajo ley local. No obstante, la decisión aumentó el aislamiento del país. El Gobierno profundizó su política de hacer frente al déficit fiscal con emisión monetaria, impulsando todavía más la inflación.
Griesa, héroe o villano. Para la mayoría lo segundo. Pero algunos le reconocen el mérito de haber sido el primer juez, aunque sea desde los Estados Unidos, en ponerle un límite a los atropellos de un gobierno kirchnerista que pensó que podía imponer su lógica también en las finanzas internacionales.
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