La reforma tributaria es una oportunidad perdida

Si, como todo indica, la semana próxima se aprueba el proyecto de ley reforma tributaria que tiene media sanción de Diputados y dictamen favorable en el Senado, el Gobierno y el Congreso habrán agravado el ya preocupante panorama fiscal y se habrá perdido una oportunidad para dotar de algo más de equidad a un sistema impositivo obscenamente regresivo.

Lo primero surge de las propias proyecciones oficiales. Los responsables de elaborar el proyecto calculan que los cambios reducirán la presión tributaria en el equivalente a 0,3 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno por año en el próximo quinquenio, lo que equivale aproximadamente a 1.500 millones de dólares anuales.

La pérdida de recaudación que se disponen a resignar tiene como principal causa la rebaja de contribuciones patronales que se aplicará de manera creciente hasta el 2022. Es presentada como incentivo a la creación de empleo formal a pesar de que la experiencia histórica abre serias dudas sobre su eficacia. Incluso el actual viceministro de Hacienda Sebastián Galiani cuestionó ese tipo de medidas. Como coautor de un ensayo publicado en 2010 en la revista Labour Economics sostuvo: "Los resultados indican que cambios en las tasas impositivas sobre la nómina salarial sólo han tenido un traslado parcial a los salarios, pero no han tenido ningún efecto significativo sobre el empleo".

Pero parece que los funcionarios han desempolvado las ideas de Arthur Laffer, un economista estadounidense que inspiró la política de Ronald Reagan de rebajar las alícuotas impositivas, bajo el supuesto de que eso impulsaría un aumento en el nivel de actividad y una mayor recaudación que con las alícuotas anteriores. Pese al reiterado fracaso de esa visión, la actual conducción se muestra optimista de que "por la vía del crecimiento y una menor evasión podamos a partir de 2019 recuperar 0,2 de los 0,3 puntos porcentuales del PBI que se pierden de recaudación con la reforma", dijo a este columnista uno de los funcionarios con responsabilidad en el tema.

Como se señaló en este espacio la semana pasada, la reforma previsional es la medida más antipopular desde que asumió Mauricio Macri, pero es indiscutible que está en sintonía con la urgente necesidad de bajar el déficit fiscal. Por el contrario, la reforma tributaria complica el horizonte fiscal en general, y particularmente las cuentas futuras de la Anses.

Los economistas Claudio Lozano y Tomas Raffo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas estiman que la reducción de contribuciones patronales le restará al sistema previsional $200.000 millones en los próximos cinco años. A lo que agregan $75.000 millones de pérdida para la AFIP como consecuencia de que se podrá contabilizar lo que se pague del Impuesto al Cheque a cuenta de Ganancias.

Tan o más criticable que lo anterior es la ausencia casi total de cambios que al menos atenúen la regresividad de un sistema que cobra muy poco de Ganancias a las personas físicas y de impuestos al patrimonio, que son los dos tipos de gravámenes en lo que se basan los países avanzados para imprimirle equidad a la estructura tributaria. La única excepción es el gravamen a la renta financiera, si bien lo que esperan recaudar (entre 12.000 y 20.000 millones) no mueve el amperímetro.

Una de las planillas que le mostraron al Presidente para convencerlo de la necesidad de recortar el aumento a los jubilados compara el gasto público en el sistema previsional de la Argentina con los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Allí se aprecia que el equivalente al 11,1% del PBI que destina la Argentina supera en más de 3 puntos porcentuales al promedio de la OCDE, y solo es superado por 6 de los 34 países.

Pero si el ejemplo de la OCDE sirve para las jubilaciones también debería servir para impuestos. En ese club al que el Gobierno argentino pretende ingresar, el impuesto al ingreso (Ganancias) de las personas representa en promedio el 24,4% de la recaudación total o el 8,4% del PBI. Por encima del promedio se destacan los casos de Dinamarca y Australia, en los que ese impuesto explica el 55 y el 41,5 por ciento de la recaudación respectivamente, y por debajo del promedio sobresale Chile, con apenas el 9,8 por ciento de la recaudación.

Los números de la Argentina están a distancia sideral de Dinamarca y Australia, lejísimos del promedio, y muy parecidos a los de Chile, es decir al último de esa lista. Lo que se cobra de Ganancias a las personas físicas equivale a algo menos del 10% de la recaudación y no llega al 3% del PBI.

Esto se debe a dos motivos. El primero es que hay muy pocos que pagan. Según datos de AFIP aportados por Marcos Peña en uno de sus informes al Congreso, hay algo menos de 1,8 millones de trabajadores en relación de dependencia y algunos pocos jubilados que pagan Ganancias, a los que se suman menos de un millón de autónomos. Eso sucede en un país con más de 10 millones de personas que trabajan en blanco como asalariados en el sector privado, como empleados públicos o como autónomos.

Entre las razones por las que muy pocos pagan está, por supuesto, la evasión, y el hecho de que el mínimo no imponible es muy alto en relación a la estructura de ingresos de la sociedad y deja a una inmensa mayoría fuera de alcance. Por ejemplo, el nuevo mínimo no imponible para un trabajador casado con dos hijos es de $40.000 de ingreso mensual neto, que en la pirámide social es un nivel que supera menos del 20% de los hogares.

Además de que hay muy pocos que pagan, lo que se paga en promedio es muy poco. Por ejemplo, con el mínimo no imponible y las deducciones vigentes, un trabajador casado con dos hijos que en 2018 cobre un salario mensual bruto de $57.500 pesos pagará por todo el año algo más de $11.000  (menos que en 2017), lo que representará menos del 2% de su salario neto anualizado.

Para el caso de un salario mensual bruto de $86.000, el pago anual será de alrededor de $115.000, equivalente a alrededor del 10% de su salario neto anualizado. Poco para alguien que está en el top ten de ingresos del país.

Ese cuadro de situación es el correlato de un perverso consenso demagógico de la mayoría de la clase dirigente argentina, que con falacias tales como que "el salario no es ganancia" ha minimizado la viabilidad política de potenciar lo que en el mundo avanzado es una de las dos fuentes principales de recursos. Y de ese consenso participa desde el oficialismo hasta la oposición de izquierda, pasando por la CGT y el resto del sindicalismo.

Los datos de la OCDE también sirven como parámetro para demostrar lo ridículamente poco que se cobra en la Argentina de impuestos al patrimonio. En esos países representan en promedio el 5,8% de la recaudación o el 1,9% del PBI. Aquí, el único impuesto al patrimonio a nivel nacional es Bienes Personales, que aporta a la recaudación total menos del 1% y representa un insignificante 0,2% del PBI. El Inmobiliario y Patentes que cobran las provincias no modifican la conclusión general.

Mauricio Macri suele decir que "todos tienen que ceder un poco". Es una frase injusta, porque trata igual a los desiguales. No obstante, en relación a los impuestos ni siquiera los de mayor poder contributivo ceden en proporción a lo que tienen, y la reforma tributaria por aprobarse mantiene ese statu quo.

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