Reforma previsional: cuánto ganan y cuánto pierden los jubilados

Un documento elaborado por la Procuración del Tesoro concluyó que con la aplicación de la nueva fórmula, que implica una actualización de los haberes trimestral en lugar de semestral, "se producirá un desdoblamiento del pago, y su postergación inicial" en el primer ajuste correspondiente a marzo de 2018, pero que con las actualizaciones trimestrales subsiguientes "los beneficios del cambio tendrían toda su extensión, asegurando la progresividad, movilidad y sustitutividad".

El paper elaborado por el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, refirió que "lo que se está cambiando es simplemente su modo cálculo, que no es un derecho, sino nada más que un método, que el Congreso de la Nación tiene la potestad de modificar".

Saravia Frías argumentó que "el jubilado recibirá en marzo de 2018 un incremento y deberá esperar un trimestre para obtener una compensación mayor que finalice el empalme por cambio de sistema. Se desdobla el pago, y se posterga una parte", en lo que definió como "una limitación temporal que no ataca la sustancia del derecho al haber jubilatorio".

Con la fórmula hoy vigente, en marzo de 2018 se debería otorgar un aumento cercano a 12% (actualización semestral de julio-diciembre). Pero de aplicarse el cambio en el cálculo según la iniciativa oficial, el aumento sería de 5,7%, menos de la mitad y acotado al trimestre julio-septiembre.

En la actualidad el haber mínimo es de 7.246 pesos. En el primer caso, el aumento sería de unos 870 pesos, a 8.116 pesos. Pero con el nuevo esquema, sería de $413, a 7.659 pesos. El empalme para equiparar el ingreso con la fórmula anterior se produciría recién con la actualización trimestral de junio de 2018.

La Procuración del Tesoro reconoce que la fórmula propuesta retrasa tres meses parte del ajuste, pero que el mismo se dará en junio, lo que significa que "en el mediano plazo, este cambio protege el valor real de los haberes mejor que la fórmula actual", esquema muy volátil ya que "los haberes reales siempre caían cuando la inflación subía, como ocurrió en 2010, 2014 y 2016".

A modo de ejemplo, el documento oficial prevé que con una inflación de 16,6% en 2018, como estiman las consultoras económicas según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), "la suba trimestral tendría como resultado que los haberes no caigan tanto como antes. Además, con el crecimiento de los salarios reales, los haberes irían creciendo en el tiempo".

El nivel de las prestaciones previsionales mínimas según la propuesta de movilidad fijada en el dictamen del Senado implica que en marzo el ajuste de los haberes será menor al que sería si se diese el ajuste por la inflación de todo el semestre, dado que solo se hará por la inflación de julio a septiembre de 2017.

Pero en junio se recuperaría esa diferencia, ya que el incremento de los haberes ajustaría por la inflación de octubre a diciembre de 2017, por cuanto la recuperación del nivel de ingreso se concretaría antes del ajuste de septiembre, "que sería el que estaría vigente si no hubiese cambio en la fórmula, la inflación del semestre julio-diciembre de 2017", apuntó el análisis de la Procuración.

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El abogado Adrián Tróccoli, especialista en derecho previsional, consideró que "si bien resultan razonables las propuestas de reconocer aumentos cada tres meses en base a la pérdida por inflación más un 'plus', no lo es tanto no considerar la inflación de 2016, que fue la más alta en 25 años ni distanciar el pago un mes respecto del método vigente".

Por ello, Tróccoli propuso una transición entre ambos métodos de cálculo, como "volcar el resultado del segundo semestre de 2017 y el primero de 2018 en los dos primeros aumentos. Y luego en septiembre incorporar el ajuste debido por la diferencia entre la inflación y los aumentos del bienio 2016-2017. Así, en diciembre de 2018 podría aplicarse plenamente el método no distorsivo que busca el poder Ejecutivo, con gradualismo en el impacto".

RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO EN 2018 Y 2019

Para los expertos del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), el proceso de recuperación del poder adquisitivo de los haberes, hasta el nivel máximo que habían alcanzado en septiembre de 2015, demandará casi dos años más, en base a la nueva fórmula de actualización.

Luego de un pico histórico al cierre del gobierno de Cristina Kirchner, los ingresos de los jubilados sufrieron un deterioro en términos reales después de la fuerte devaluación del peso, con la eliminación del control de cambios, y la elevada inflación de 2016, en torno a 40%, con incidencia de la suba de tarifas, con alto impacto en la carestía de la canasta de consumo de las familias.

"La discusión parlamentaria derivó en una modificación sobre la propuesta inicial" del Gobierno, señaló el IARAF. "En lugar de captar en su totalidad la evolución del índice de precios al consumidor (IPC), se consensuó la incorporación del índice de salarios promedio de los trabajadores estables (RIPTE) con una ponderación del 30%, sumado a la evolución del índice de IPC con el restante 70%. De esta manera, las estimaciones resultantes reflejan un crecimiento en poder de compra correspondiente al 1,5% en diciembre de 2018 con respecto a una base en noviembre de 2017".

El análisis del IARAF apuntó que "seguidamente, el avance estimado a diciembre de 2019 equivale a un 4,6% en relación al haber real percibido por los beneficiarios en noviembre de 2017; equiparando el mismo poder de compra que reflejaron los haberes en septiembre de 2015", el pico histórico de poder de compra de los haberes previsionales.

El abogado Tróccoli recordó que el Congreso tiene amplias facultades para fijar los aumentos para este año y propuso "establecer un 8% para marzo, un 6% para junio y un 4% para septiembre, dejando para diciembre la compensación mencionada para que las jubilaciones tengan exactamente el mismo poder adquisitivo que a diciembre de 2015".

La necesidad del Gobierno de modificar la modalidad de cálculo de la suba de jubilaciones responde al problema de déficit estructural en el sistema de seguridad social. Para el IARAF, "el cambio de metodología es crucial para enfrentar el problema de déficit que presenta el sistema previsional argentino, dado que bajo el actual régimen, el otorgamiento de aumentos no se condice con la disponibilidad de recursos previsionales para su financiamiento".

El IARAF prevé que de sancionarse la propuesta oficial se otorgaría un margen fiscal de $72.000 millones, equivalente a 0,6% del PIB, con respecto a la ley de movilidad hoy vigente, "originado por un crecimiento del rubro Prestaciones Sociales levemente superior a la evolución del nivel inflacionario, en oposición a un crecimiento por encima del IPC, tal como se verifica en un escenario de reducción de la inflación", aunque dicho ahorro "no sería producto de un ajuste nominal en las Prestaciones Sociales, sino que surge de un crecimiento en línea con el comportamiento de los precios de la economía".

AJUSTE EN EL MARCO DE LA REFORMA TRIBUTARIA

En ese sentido, los expertos del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV (Universidad nacional de Avellaneda) detectaron que "en el próximo año se proyecta incrementar el volumen de erogaciones de índole social como relación del PIB, en el orden del 0,2%. Así, las prestaciones sociales pasarán de representar el 58,9% de los gastos primarios en 2017 a un 62,8% en el año venidero".

"Semejante 'peso' de la seguridad social sobre el erario público sigue encendiendo las luces de alarma de la actual administración y redunda en la principal variable de ajuste a la hora de idear alternativas para dar cumplimiento a la meta fiscal para 2018. En ese marco, la racionalización por medio del sistema de seguridad social se piensa como el principal instrumento para amortiguar el rojo fiscal producto de la reducción en la recaudación futura, en el marco de la baja propuesta en la presión tributaria", puntualizó el reporte de la UNDAV.

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Para la casa de estudios, la modificación de la fórmula de ajuste de ingresos de la seguridad social "es el primer paso de una modificación más amplia, que buscará minimizar la dependencia del sistema argentino respecto de las rentas generales" para pasar a depender en mayor medida de las contribuciones aportadas por beneficios futuros.

Cabe recordar que la reforma tributaria que impulsa la administración de Macri propone que el Impuesto a las Ganancias se coparticipe con las provincias en su totalidad, cuando actualmente se detrae un 20% de forma anual para el financiamiento de ANSeS. "El detrimento de esta medida para la seguridad social es de alrededor de $130.000 millones para el año 2018, lo cual representa más de un punto del PIB", evaluó la UNDAV.

Como compensación, se propone asignar a la ANSeS la totalidad de recaudación por créditos y débitos. "Hasta el momento, la transferencia de fondos por impuesto al cheque era de un 70%, por lo cual, el año próximo se suman recursos por $60.5000 millones" para el ente previsional, según el informe.

La UNDAV determinó que "el efecto neto de ambas medidas sigue siendo deficitario para la administración de la seguridad social, ya que obtiene recursos por aproximadamente la mitad de lo que dejará de percibir en relación al corriente año", que pone en marco "la modificación en el cálculo de fórmula de ajuste de prestaciones, de reciente media sanción".