El rojo fiscal genera amplias distorsiones en la economía y es el número que hay que seguir de cerca para comprender la dinámica de otras variables, como el endeudamiento, el atraso cambiario y la inflación.
La necesidad de contraer deuda para financiarlo satura de dólares el mercado local, con el consecuente atraso cambiario, obliga a la emisión de pesos del BCRA para adquirir esas divisas y, a la vez, a emitir LEBAC para reabsorber los pesos, a tasas hoy cercanas al 30% anual, con el objetivo de frenar la inflación.
Además, el aumento de precios regulados, como tarifas y combustibles, sigue empujando a la inflación por encima de las metas oficiales. En este caso el objetivo también es presupuestario: la suba de los servicios públicos mejora la contabilidad de las empresas y habilita el recorte de los subsidios económicos, que pesan mucho en el gasto público.
"Gradualismo es avanzar sin costo social, donde la política manda sobre la economía y le pone restricciones. Ese es el enfoque actual del Gobierno y parece coherente", consideró Eduardo Fracchia, analista del IAE de la Universidad Austral.
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Puede decirse que el Gobierno continuará apeleando a la toma de deuda para suavizar el ajuste fiscal. En cierto modo "apalancará" con crédito externo e interno la reducción gradual del rojo presupuestario. A la par, el incremento de los pasivos del Estado en relación al PBI se moderará en cuanto se sostenga el crecimiento económico.
Es decir que la reducción paulatina de la carga relativa del déficit fiscal estará enfocada por el recorte de subsidios económicos (no sociales) y una posible mejora del PBI.
Se llama "apalancar" al uso del crédito para una operación financiera, para no comprometer capital propio. Esta dependencia del endeudamiento también aumenta los riesgos de una operación, pues ante una adversidad la exposición a la insolvencia es mayor que en el caso en el que los pagos se afrontan con capital propio y no prestado.
Para Balanz Capital, el rojo fiscal es "demasiado alto para un país con una pequeña base de exportación (el 11% de PBI), y un déficit de cuenta corriente que puede fluctuar entre el 4 y el 5 por ciento en los próximos tres años". Por eso, estimó que "la única salida de emergencia de esta trampa debe ser acelerar considerablemente la reducción de déficit primario, comenzando en 2018 y 2019. Sin este resultado extra, la sostenibilidad de la deuda de Argentina comenzará a parecer sumamente frágil y a afectar su manejo".
En 2018 la deuda pública total llegará a 58,6% del PBI, pero la contraída solo con el sector privado alcanzará 28,5%
Los economistas del Banco Ciudad tienen una visión más optimista de la política fiscal, pues "con el gasto creciendo de manera consistente por debajo de los ingresos, el déficit primario continúa mostrando una evolución favorable". El reporte agregó que "en los primeros diez meses de 2017, el déficit primario resultó equivalente a un 2,5% del PBI, algo menos de dos tercios de la meta anual de 2017", establecido en el 4,2%, mejora que permitiría "descomprimir el escenario fiscal del año próximo".
No obstante, el resultado financiero, que incluye el pago de vencimientos de deuda, se situó en 1,7% del PBI en el acumulado de diez meses de 2017, desde el 1,2% del mismo lapso de 2016. Para 2018 anticipan que la carga de vencimientos podría superar el 2% del PBI y quedar más cerca del déficit primario previsto en 3,2% del PBI el año próximo.
MENOS DÉFICIT PRIMARIO, MÁS DÉFICIT FINANCIERO
El déficit primario proyectado en el Presupuesto 2018 es de $395.612 millones (3,2% del PBI, estimado en de $12.363.404 millones), tendrá su contrapartida en elevadas necesidades de financiamiento. Si a este monto se le adiciona la carga de vencimientos deuda por $286.191 millones (2,3% del PBI), el déficit financiero previsto por el Gobierno alcanza los (5,5% del PBI), unos 678.870 millones de pesos.
DÉFICIT PRIMARIO Y FINANCIERO – SECTOR PÚBLICO NACIONAL NO FINANCIERO (SPNF)
Un informe desde la Fundación Capital refirió que la Ley de Presupuesto "anticipa que 2018 será nuevamente un año desafiante en materia de financiamiento", con necesidades que ascenderían a $1.749.721 millones (14,2% del PBI). La institución que preside Martín Redrado arribó a esta cifra al sumar el déficit financiero esperado ($678.870 millones) a una inversión financiera neta (compuesta de fondos para asistir a las provincias) por $217.380 millones (1,8% del PBI) y los pagos proyectados de deuda por $853.471 millones (6,9% del PBI).
Un estudio de Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) señaló que "uno de los puntos clave de la política fiscal que se está implementando es la sustentabilidad de la deuda pública, ya que la decisión de reducir el déficit fiscal de manera gradual y con financiamiento externo implica una suba del endeudamiento".
El Gobierno prevé una baja del rojo primario, que pasaría del 4,2% del PBI previsto para 2017 al 3,2% del PBI para el cierre del Ejercicio 2018, al 2,2% en el 2019 y al 1,2% en 2020, tornándose positivo (superávit) a partir del ejercicio 2022. Asimismo, se prevé un crecimiento en el peso de los intereses de la deuda, pasando del 1,76% del PBI en 2017 a 1,97% en 2018, alcanzando su pico máximo en 2019, con 2,15% del PBI.
De esta forma, ASAP estimó que el total de la deuda con el Sector Privado (tenedores de títulos públicos más las deudas con los Organismos Multilaterales de Créditos y Bilaterales) alcanzaría el 28,5% del PIB en 2017, con tendencia creciente hasta el año 2020 (37,3% del PIB), para iniciar un descenso hasta el 36,1% en el año 2024.
UNA DEUDA AÚN MANEJABLE
Mario Brodersohn, de Econométrica, puntualizó que "la deuda pública en el 2017 con el sector privado y organismos es del 28,5% del PBI. Si aumentamos la deuda pública a un ritmo de 30.000 millones de dólares en cada uno de los dos años que faltan para terminar su mandato llegaríamos a fines del 2019 al 40% de PBI, que es un nivel de endeudamiento prudente en comparaciones internacionales".
En este aspecto hay que diferenciar la deuda pública total de aquella contraída solo con el sector privado, pues cerca de la mitad de los pasivos está en manos de organismo estatales y, por lo tanto, se da por sentado la posibilidad de refinanciarlos. El ministro de Finanzas, Luis Caputo, indicó que al cierre de 2017, la deuda pública bruta, que suma los pasivos en pesos y en dólares, intra sector público y con el sector privado y organismos multilaterales, alcanzará el 58,6% del PBI, mientras que la deuda neta, sólo la contraída con el sector privado y multilaterales, será de 28,5% del PBI.
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Esta tasa es muy inferior a la de otras economías regionales: en Brasil pesa el 81,2% del PBI; en Colombia, el 45,7%, y en México, el 45,7 ´por ciento.
"Ello nos permite poner en un contexto menos exigente los aportes poco significativos de las reformas impositivas y nos conduce a señalar que el endeudamiento externo seguirá siendo la propuesta gradual fiscal pre-elecciones 2019 menos costosa políticamente y por la que se inclina llevar adelante el Gobierno", apuntó Mario Brodersohn.
En esa misma dirección, Eduardo Fracchia, evaluó que "el endeudamiento es razonable a este ritmo pese a las advertencias. En este contexto es coherente ir a buscar al FMI entre 25 y 30.000 millones de dólares. Hacemos reformas gratis sin obtener ninguna contraprestación de los multilaterales".
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