Juan Bour: "Estamos frente al primer proyecto en 20 años de reforma del mercado de trabajo"

Mientras se aguarda que el proyecto de reforma laboral que el Ministerio de Trabajo consensuó con sindicatos y empresarios comience a tratarse en Comisión en el Congreso de la Nación después del 10 de diciembre, con las cámaras renovadas, Infobae entrevistó al macroeconomista Juan Luis Bour, especializado en la legislación y, en particular, en el seguimiento del mercado de trabajo en más de 30 años, para conocer los pros y contras de la iniciativa.

"Como primer impresión debo decir que estamos frente al primer proyecto de reforma del mercado de trabajo en 20 años, y eso es muy positivo, en particular porque viene acompañado de cambios en los planos tributario y previsional, es decir no se propone una sola cosa, sino varias", destacó el economista.

– Antes de pasar al análisis de los principales puntos que prevé modificar el proyecto de ley de reforma laboral de la legislación del trabajo, ¿cuál cree que es el principal problema que afecta a este sector de la economía?
– El principal problema que afecta al mercado de trabajo no se vincula tanto con el nivel del desempleo sino con la baja calidad del empleo, es decir, no estamos frente a una perspectiva de alta desocupación total, en blanco y en negro, en parte porque hubo y sigue habiendo algunas políticas de desincentivos de entrada de jóvenes al mercado, que es algo que deberá ser revisado, o sea que la oferta de trabajo es baja; y por otra parte, con una economía que si puede mantener un ritmo de crecimiento de 3%, no es difícil que obtenga como resultado que el empleo crezca al 1% o poco más de 1% por año, por lo cual la desocupación cae. Pero lo que sucede es que la Argentina tiene una pobre productividad de la mano de obra, y con una situación macroeconómica que provoca un atraso cambiario, determinan un nivel de costos que son muy elevados.

-¿Es posible que esos problemas puedan comenzar a solucionarse con la propuesta de reducir el costo con la reducción de las contribuciones patronales al sistema previsional, los incentivos a la capacitación, y el desaliento a la alta litigiosidad laboral, porque liberará recursos de las empresas para alentar el aumento de la productividad?
– Sin duda este proyecto, combinado con el de reforma tributaria, es el comienzo de un proceso de baja de costos laborales. Claramente, cuando se analiza punto por punto y caso por caso surge que hay cosas que suben y otras que bajan. Pero en términos globales diría que los proyectos deberían ser aprobados para iniciar una etapa de cambios en la legislación, tanto en lo laboral, tributario, como previsional, a lo largo de los próximos 10 años, que constituyan una secuencia de reformas, porque ninguna parece que sea la definitiva, sino que deberán ser retocadas. De todas formas, veo positivo que se aspira a ir en una dirección. Eso es lo más importante.

– ¿Qué aspecto considera entre los más importantes de la iniciativa?
– La parte que hace a la regularización del empleo no registrado, al blanqueo, aparece como muy importante. La principal observación que hago sobre este punto es que no se trata de bajar el empleo informal o negro manteniendo los incentivos a que haya puestos de trabajo en esa condición. Y eso no pasa del todo.

– ¿Para usted el desincentivo al empleo en negro pasa sólo para la exención de las contribuciones patronales hasta $12.000 del salario?
– No, esto no se origina exclusivamente por los impuestos, sino básicamente por la legislación laboral; y en última instancia pasa por una cuestión mucho más amplia que es el incentivo a la informalidad empresaria, más que laboral, porque es mucho más grande. Una empresa contrata empleados en negro porque en sí misma tiene toda una actividad informal, la cual tiene que ver con la tributación general, con la competencia, con las posibilidades que tenga para crecer, por las restricciones que tiene para eso, etc. Por tanto, la cuestión de la informalidad no tiene que ver tanto con lo laboral, sino básicamente con la empresaria. Y una vez que se encare ese tema, se podrán impulsar todos los blanqueos posteriores.

– ¿Las propuestas de reducir el costo laboral, con baja de las contribuciones patronales y desaliento a la litigiosidad laboral, junto con la gradual reducción del Impuesto a los Ingresos Brutos; eliminación de Sellos; aceleración de la devolución de IVA y reintegro de impuestos a exportadores, le quitan argumentos a las empresas a seguir en la economía informal en parte de sus negocios?
– No sabemos como a cada empresa le aprieta el zapato, sobre todo cuando se tiene un cúmulo de regulaciones laborales como tenemos en la Argentina, porque después de esta reforma persistirá el contrato de trabajo y la vigencia de los convenios colectivos, algunos de los cuales datan de más de 40 años, donde no hay muchas posibilidades de hacer cambios rotundos. Por lo tanto, persistirán varias regulaciones que seguirán haciendo los empleos caros en términos de la productividad baja, no tanto porque si el salario es de 10 mil, 20 mil o 70 mil pesos, sino porque no se puede trasladar fácilmente a una persona de un lugar a otro; hacer cambios, promediar horas como se proponía originalmente. Y eso va más allá de si se paga 10% o 20% de contribuciones sobre la nómina.

– En lo específicamente vinculado con el incentivo al blanqueo con la rebaja de las contribuciones patronales de una vez, hasta el límite de $12.000, ¿es suficiente?
– Creo que ese capítulo constituye una parte importante y espero que tenga un impacto inicial significativo sobre la formalización. Pero lo relevante será es que no se creen puestos en negro.

– ¿Qué expectativa tiene del blanqueo de personal, dado que se establecen penas crecientes pasados los primeros 180 días de vigencia de la nueva ley, pero no está clara la eliminación de los incentivos a la existencia de empresas en la informalidad?
– Hay una expectativa de que este blanqueo sea más exitoso que los anteriores. En ese sentido, he escuchado números que van desde 100 mil puestos hasta un millón de empleos. Pero uno puede formalizar personas, pero la cuestión es si esa formalización seguirá estable en el tiempo. En los últimos tiempos han habido bastantes regularizaciones con mecanismos como el Monotributo Social, pero son muy frágiles, porque son herramientas en la que si se cambia en lo más mínimo esos regímenes, probablemente muchos pasen a ocuparse en negro. Por tanto, no sólo es necesario que se exteriorice el trabajo personal, sino también que se eleve la productividad. Y eso requiere que se reduzca el costo laboral, pero, además, también de modificaciones en las condiciones de contratación laboral, eso es todavía un proceso que los sindicatos van a tener que trabajar mucho para poder mejorar.

– Para que ese proceso sea exitoso, ¿cuánto depende de las reformas tributaria y laboral, y cuánto de la normalización de la macroeconomía: baja del déficit fiscal y la inflación; de la reducción de las tasas de interés y la eliminación del atraso cambiario, que incentive la inversión y el empleo?
– La macroeconomía  tiene mucho que ver, sobre todo cuando todavía persiste un costo del capital muy elevado, porque cuando eso se revierta, que requiere que el déficit fiscal disminuya; se llegue al equilibrio primario (antes del pago de intereses de la deuda pública); el pacto fiscal con las provincias funcione, se van a tener condiciones más favorables para la inversión, pero eso exigirá tener cuidado con los costos laborales, porque muchas empresas se van a plantear si es más convenientes comprar máquinas o incorporar personal. Allí es cuando el zapato comenzará a apretar. Todos estos años, en que el costo del capital volaba, en la época kirchnerista, había creación de empleos, entre otras cosas porque si no había condiciones para comprar máquinas había que compensarlo contratando gente. Esa es la situación que tenemos hoy: costos laborales muy altos, y también del capital, por lo que persiste la posibilidad de crear empleos. Por tanto, si en unos años la Argentina se normaliza vamos a tener que pensar en serio en una reforma laboral, no porque la propuesta ahora no lo sea, sino que se la va tener que pensar para un país que compite no solamente con el resto del mundo, sino también con el costo del dinero. En ese punto me refiero a que se puede optar entre una máquina más, o un empleado más. Pero en ese momento, seguramente la productividad laboral va a saltar y, por tanto va a permitir que los salarios no caigan; y en consecuencia se podrán encarar reformas sin que nadie pierda. En los últimos años se han hecho muchas cosas, el empleo creció, pero la ocupación informal sigue siendo de 7 millones de personas, y eso va a estar siguiendo allí por mucho tiempo.

– Un aspecto positivo son las medidas orientadas a disminuir la industria del juicio laboral…
– Sí, hay propuestas para reducir la litigiosidad. Eso es muy bueno. Por ejemplo cuando hay una cuestión de registración laboral las penalidades, los cargos que hayan que pagar, vayan a la Seguridad Social, en lugar de ir al bolsillo del individuo, porque eso hace que se desincentive la demanda judicial.

– También se alude en el proyecto de ley a la irenunciabilidad de ciertos beneficios, ¿qué evaluación hace de ese punto?
– Habrá que ver cómo pasa en el Congreso. Si bien, en principio, no se pueden negociar condiciones inferiores, a la baja, de las establecidas en los convenios colectivos de trabajo, el proyecto da lugar a que se puedan incorporar acuerdos, con modificaciones al contrato individual, siempre que sean homologadas por el Ministerio de Trabajo; y el trabajador cuente con el patrocinio legal.

– En los últimos tiempos el Gobierno estuvo impulsando acuerdos sectoriales, como con el sector petrolero, automotriz, la construcción, el calzado, destinados a favorecer tanto a la parte patronal, como laboral, en busca de un fin común que es impulsar o tornar económicamente viable. ¿Cree que eso se podrá extender a partir de cambios en la legislación laboral general?
– Esa es la idea. Me parece que el propósito de esos acuerdos es dejarlos abiertos. Ahora bien, muchas veces hay que entender que la ley establece condiciones generales que requieren renunciar a ciertos beneficios que han sido establecidos para otros, para terceros, pero que a una empresa particular no le reporta nada, mientras que al mismo tiempo puede obtener beneficio, porque está lo que en la economía llamamos 'trade off', negociación entre algo más de algo y menos de otro. No aceptar la negociación, que es lo que plantean los sindicatos, básicamente se refiere a que siempre han dicho que los convenios colectivos son etapas que siempre tienen que ir por arriba de eso, y así estamos con convenios que no se han modificado en más de 40 o 50 años. Por tanto, ir a discutir entre nosotros si tiene sentido o no modificar eso, obviamente que sí. No tiene sentido para quien no quiere perder absolutamente nada, porque lo considera un derecho irrenunciable. Lo que no quieren los sindicatos es negociar; lo que pretenden es básicamente agregar, por una cuestión política; y también porque los estatutos profesionales son parte de estos convenios colectivos, que algunos, como el del periodista fueron aprobados hace 70 años, pese a que fueron acuerdos transitorios que nunca fueron modificados, y que responden básicamente a la representación política de izquierda, o del partido político que fuere. Y como tal, no tienen un mensaje con contenido técnico que se pueda discutir.

– ¿Entonces en ese punto es muy difícil llegar a un consenso?
– Acá hay que entender que uno tiene instrumentos para el mejor funcionamiento de la economía; y que  hay que discutirlo con actores que tienen otros intereses, no necesariamente los que dicen representar; porque, entre otras cosas, le recuerdo, muchos son representantes de sectores simplemente porque la ley lo dice, no porque el 90, 80 70, y a veces el 25% de los trabajadores del gremio los hayan votado. Son actores políticos en una negociación. Esto pasa en muchas partes, particularmente en la Argentina. Dicho esto, la modificación que se propone introducir en el artículo 29 es un cambio que podría ser importante, ya sea porque replica los acuerdos sectoriales, como Vaca Muerta, aunque seguramente se va a dar en esos sectores que tengan problemas, no en los que tengan más potencial de crecimiento. La pregunta es ¿qué va a pasar en otras actividades muy grandes, va a haber descentralización, con subconvenios; o va a ver negociación empresa por empresa? Acá será importante no sólo lo que vote el Congreso, sino también lo que los Ministerios de Trabajo decidan homologar, porque se trata de un decisión que obliga a toda la actividad a cumplir algo acordado por dos partes, eventualmente chiquitas: una cámara empresaria con 200 asociados y un sindicato con 5.000 afiliados, pero que se extiende a 75.000 empresas y 250.000 trabajadores.

– ¿Cómo ve la iniciativa de limitar la responsabilidad solidaria de las empresas por los servicios tercerizados en su establecimiento?
– Es muy importante, porque en la medida en que las empresas cumplen los pasos de verificar la situación de proveedores deja de ser responsable solidariamente por sus actos fiscales y previsionales, y de esa manera no aparece la cadena de pasivos contigentes.

– ¿Estimó cuánto puede ser ese impacto en el costo de las empresas, o en cómo lo estaban previsionando?
– Otra vez, ese tema obliga a mirar sector por sector. No tengo los costos, pero sí hay un hecho que muestra que las empresas que han tenido esos eventos tienden a retraerse y a tener que trabajar con un subconjunto de proveedores y distribuidores sobre los cuales tienen que tener controles estrictos, pero no pueden tener una expansión, que es la que podrían tener en un contexto donde no estén obligadas a eso. Lo que quiero decir es que una empresa puede ejercer controles pero no puede reemplazar a la AFIP, al Ministerio de Trabajo, porque finalmente lo que hoy se le está pidiendo es que uno como empresa sea una AFIP en sí misma; un Ministerio de Trabajo en sí mismo, un Anses en sí mismo, y la pregunta es ¿por qué, si mi actividad es producir o comerciar, o intermediar? Por tanto esa es una mala versión de la idea de proteger a los trabajadores, es pedirle al dueño de un kiosco que se responsabilice por si su proveedor de caramelos cumple con el pago de los impuestos, ridículo!.

– Algunos sindicatos cuestionan la propuesta de modificación del régimen de indemnizaciones, porque temen perder derechos adquiridos, ¿cuál es su interpretación de los cambios?
– Si bien se habla de la baja del costo indemnizatorio, porque no se incluyen el aguinaldo y premios habituales en el año, en realidad si se lee la iniciativa con detenimiento para ciertos trabajadores habrá un aumento significativo de la compensación por despido, porque en una parte se establece que la base salarial para el trabajador no puede implicar una reducción de más del 33% de la mejor remuneración mensual. Eso significa que para un empleado que tenía como tope los tres salarios de convenio, ahora no tendrá esa limitación, me refiero a los ingresos medios y altos; porque el nuevo tope estará determinado por una quita máxima que no podrá ser superior al 33% de su mejor haber, si supera los salarios de convenio. De modo que podrá percibir hasta el 67 por ciento.

– ¿Le parece una buena idea la creación de un Fondo de Cese Laboral?
– El mecanismo por el cual se propone cambiar el mecanismo de preaviso e indemnización por un Fondo de Cese Laboral está redactado de una forma muy preliminar, le faltan muchas precisiones. Le doy unos ejemplos. No queda claro la situación de alguien que estuvo hasta hoy en una tarea y empieza mañana en otra, cómo será el régimen de indemnización; segundo, el convenio colectivo puede determinar cómo se integra el FCL; supongamos que acuerda integrar el 2,5% del nivel de la nómina para alguien que va a despedir no le compensa ese aporte, porque debería ser del 8,33%, por la exigencia de un salario por año de trabajo. De ahí que lo que va a suceder es que en los sectores que despiden mucho, como el de la construcción, va a adherir, pero el resto no. Pero además, quien decide ingresar al FCL después no puede salir, por tanto si el convenio colectivo detecta que 2,5% no alcanza y determina subirlo a 8,33%, el costo para las empresas va a subir.

– Además, se trata de un fondo individual…
– El FCL es nominativo, por tanto uno esperaría que cuando una persona es despedida de su trabajo se le deposite los fondos en su cuenta. Pero lo que dice la propuesta es que lo que se deposite será la suma equivalente al preaviso e indemnización, por tanto la pregunta son: ¿suponga que no alcanza la plata acumulada en el FCL, quién pone la diferencia?; ¿Es eso lo que hay que depositar, o en realidad lo que acumuló el fondo?; ¿Qué pasa en los casos del trabajador que termina su ciclo activo sin que sea despedido, se puede llevar el monto acumulado a su nombre? Hay un artículo que dice que el trabajador se puede llevar por renuncia o jubilación hasta el 50%; pero eso incluye de 0% a 50%, eso es cualquier número ¿quién lo determina? Y le recuerdo que el convenio colectivo es determinado por dos personas, representantes de un grupo de empresas y trabajadores, pero que si es homologado por el Ministerio de Trabajo se extiende a todo el conjunto de un determinado sector, implica cambios tributarios, en última instancia, que puede afectar las actividades de una compañía en particular.

– Claramente, se trata de una reforma muy amplia, que exigirá un largo debate en ambas cámaras legislativas, ¿qué opina del seguro de desempleo ampliado?
– También me deja muchas dudas, porque allí se habla de empresas en transformación productiva que tendrían acceso. Y poner ese prerequisito implica que cualquier empresa puede calificar, porque, leo, son empresas que tienen dificultades competitivas y/o productividad declinante, que requieren mejorar sus procesos o tecnologías, modificar o desarrollar nuevos productos; redireccionar su actividad. De modo tal que se trata de un seguro de desempleo, en principio, para un grupo amplio de trabajadores, por tanto me pregunto por qué estarían excluidos otros; y que permite que el seguro sea tomado por una empresa que contrata a esa persona como parte del salario del nuevo empleo, por un período de 6 meses, extensible a 9 para empresas mayores. De ese modo, sería un mecanismo de incentivo a la contratación laboral, pero es un incentivo interesante cuyo éxito o fracaso depende de una instrumentación sencilla.

– Del borrador inicial con 144 artículos el Ministerio de Trabajo acordó con los líderes de la CGT quitar 14 para facilitar el tratamiento legislativo, ¿eso implica que diversos cambios necesarios deberán ser tratados en reformas posteriores?
– Creo que algunas cosas importantes quedaron para ser analizado por una comisión, como el caso del trabajador autónomo, y el profesional independientemente vinculado, 90 días después de vigencia de la nueva ley. Esa parte es importante desde el punto de vista de la formalidad laboral, pero quedó para una nueva etapa. En suma, tengo una idea muy positiva del proyecto de reforma laboral que ha llegado al Congreso por consenso entre los principales actores, pero uno debe tener claro que éste no será el último, como tampoco lo serán el previsional y el tributario.