Nueve claves del proyecto de reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso

El ministro de Trabajo Jorge Triaca enviará esta semana al Congreso de la Nación un proyecto de reforma laboral cuya base está centrada en una iniciativa que elaboró a principios de año el secretario de Empleo Miguel Ponte.

Más allá de los acuerdos sectoriales que firmó el Gobierno -el primero fue el de Vaca Muerta en enero pasado y el último el firmado ayer con el sector lácteo-, se está preparando un fuerte golpe a la industria del juicio laboral y un cambio con respecto a lo ocurrido en la jurisprudencia en materia laboral desde fines de los 90 hasta la fecha.

Según pudo saber Infobae, en la reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso habrá un cambio en la definición del concepto de salario del trabajador. Dicho de otra forma, se buscará separar el salario de los beneficios que otorga el empleador a un trabajador. "La Ley de Contrato de Trabajo establece como definición que el salario es toda aquella remuneración en contraprestación por un trabajo, pero la misma se ha ido deformando y ha incorporado beneficios que otorga el empleador que no forman parte de ese salario. Entonces, el trabajador cuando inicia un juicio contra un empleador puede reclamar además del salario propiamente dicho por muchos conceptos más como la prestación de la medicina prepaga, la utilización de un teléfono celular, del auto que le da la empresa y eso provoca que los juicios laborales lleguen a cifras astronómicas que pueden llevar a la quiebra de la empresa", manifestó a Infobae un funcionario del Gobierno.

Esta redefinición del salario tendrá como objetivo limitar las demandas salariales indemnizatorias que desde fines de los 90 incluyen rubros llamados no dinerarios o beneficios que dan las empresas a los trabajadores, como celulares, vehículos y medicina prepaga. "Esta reforma laboral también buscará dar fin a las llamadas acciones denominadas por solidaridad. Estas incluyen no solo al empleador de la actividad del trabajador sino también a la empresa que desarrolla la actividad principal. En la actualidad un trabajador puede hacerle juicio a su empresa pero también a la que desarrolla la actividad principal", comentó el funcionario a este medio.

Un abogado laboralista consultado por Infobae manifestó que "los juicios laborales son imposibles de cuantificar porque la actual jurisprudencia incluye la línea de celular, la utilización de un vehículo, la prestación de una empresa de medicina prepaga". El experto agregó: "Si se redefine la composición del salario para los futuros juicios implicará que si un empleado demanda a una empresa por irregularidades durante el período de contratación por retención indebida de aportes, inscripción tardía o informalidades parciales solo podrá aspirar a conseguir una indemnización habitual por antigüedad, pero no se considerarán los extras o beneficios que otorga el empleador que suelen hasta duplicar los pagos legales".

El proyecto buscará reducir los montos efectivamente percibidos por los trabajadores a través de indemnizaciones judiciales para desalentar la litigiosidad laboral. La renovación de los jueces del fuero laboral será otra de las jugadas que buscará el Gobierno para poder lograr su objetivo.

La intención es incorporar unos 300.000 trabajadores a la economía formal por medio de los beneficios y facilidades que se les dará a los empresarios. Entre estos se pueden nombrar la caducidad de las multas por personal no registrado, el descuento en aportes patronales y una especie de inmunidad frente a juicios penales.

También habrá una reducción de los aportes patronales para los primeros $10.000 de sueldo de cada trabajador del sector privado. Esa diferencia la aportará el Tesoro nacional como una forma de incentivar la contratación de personal nuevo. Este beneficio ya funciona para pequeñas y medianas empresas pero el proyecto de reforma laboral incluirá también a las grandes empresas.

Estas son las nueve claves del proyecto que se trataría luego del 10 de diciembre en el Congreso:

1. Acuerdos sector por sector. El Gobierno buscará reducir la informalidad en sectores como la construcción, el campo y la industria textil, que son los que registran los mayores índices de marginalidad. La intención de la propuesta es blanquear a cerca de 1.000.000 de trabajadores en el trienio, y evitar con sus aportes los desequilibrios que hay en el sistema previsional y hacer acuerdos sector por sector como los realizados hasta ahora.

2. Límites a la posibilidad de accionar contra los empleadores por parte de los asalariados. Se buscará reducir la litigiosidad laboral. Un mecanismo usual frente a eventuales insolvencias patronales o el intento de un pago mayor por la indemnización por despido es sumar los beneficios en la demanda salarial por parte del despedido. También se sumará la garantía de extinción de la acción penal contra el empleador que resolviese su incorporación al blanqueo laboral.

3. Reducción de Aportes Patronales. El Gobierno ofrecerá a los empresarios hacerse cargo durante tres años de los aportes de los nuevos empleados que se tomen en el mercado laboral del segmento no registrado. El propósito es blanquear a unos 300.000 trabajadores por año; reducir el desbalance del sistema previsional; y evitar que crezca el desempleo, actualmente en torno a 10% de la oferta laboral. Se financiaría con aportes del Tesoro y eliminación de exenciones tributarias, aún bajo análisis.

4. Alcances de los beneficiarios. La medida se iba a focalizar en pymes y trabajadores jóvenes, pero estaría ganando consenso la decisión de universalizar la ayuda, a sugerencia de los referentes de las principales cámaras empresarias y de la cúpula sindical de la CGT. El límite para el cálculo del beneficio serían los salarios brutos de hasta $10.000 por mes. Podría ser mayor para regiones extremas del país.

5. Amplia condonación de multas y punitorios para los empleadores que tuviesen personal no registrado y un reconocimiento por parte del Estado de parte de los años de aportes no practicados por los trabajadores en situación de informalidad.

6. Transformación de planes asistenciales. Los módulos que administra Trabajo, que abarcaría a unas 280.000 personas, se convertirían en una especie de wild card que facilitará el ingreso del trabajador que cobra un plan social al mercado laboral formal. En este caso el Estado, en lugar de subsidiar a un desempleado o a un empleado informal, tratará de subsidiar una parte del salario convencional mientras dure la prestación social. Se prevé que los beneficiarios de planes sociales aporten al sistema.

7. Controles. Se reforzarán las inspecciones laborales con el acompañamiento de los delegados gremiales que trabajarán junto con la CGT. Para realizar esa política, el ministro Triaca mantuvo en pie una idea surgida durante el kirchnerismo y que en su momento generó polémica: el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), una suerte de veraz en el que aparecen los nombres y apellidos de aquellas personas y empresas que tengan a su cargo empleados no registrados. Para los infractores se prevén abultadas multas económicas.

8. Fondos Jubilatorios. El proyecto además propondría dar un tratamiento especial para los fondos jubilatorios que manejan las cajas de los colegios profesionales y los sindicatos.

9. Revisión Integral del Sistema Jubilatorio. El Gobierno estudia realizar una revisión integral del sistema previsional y modificar la actualización de haberes que se hagan por el aumento de la inflación. Además, se evalúa aumentar las edades jubilatorias de las mujeres, que es de 60 años, y de los hombres, que es de 65. Se buscará modificar el sistema actual que planteó la reforma del régimen previsional luego de la desaparición del sistema de AFJP en el 2009.

"Los acuerdos sectoriales tienen diferentes objetivos y compromisos. Por un lado, tienen metas de producción e inversión, aspectos sobre regulaciones laborales, componentes impositivos y de financiamiento. Por otra parte, la mayoría contempla cláusulas vinculadas con la productividad, en términos de redefinición de las regulaciones laborales de cada sector. En algunos se reducen impuestos, o se aumentan reintegros, o se otorgan bonos de crédito fiscal, aliviando así la presión impositiva y la reforma que se presentará va en ese sentido", manifestó a Infobae un funcionario que trabajó en los detalles preliminares.

"Es un esquema similar al tipo de acuerdos sectoriales que se firmaron en México, Colombia, Chile pero en países de Europa del Este y en Australia también han tenido éxito",  manifestó la fuente. En el Gobierno señalan hasta el presente los éxitos logrados en productividad con los de Vaca Muerta firmados con YPF y Techint y el automotriz que firmó Toyota con el sindicato Smata que han mejorado la productividad. "En ese aspecto hay muchas expectativas con el plan Un millón para la industria automotriz que es similar al Tres millones que fue la producción a la que llegó el mercado español de las automotrices para aumentar la producción y el empleo", acotó el funcionario.

De acuerdo con un estudio de la consultora Economía & Regiones, hay cuatro sectores donde se firmaron acuerdos que representan el 10% del PBI nacional y el 11% del empleo privado registrado (automotriz, 1,9% del PBI y 1,2% del empleo; textil y calzado, 1,4% y 2,4%; construcción, 3,9% y 6,5%, y petróleo y gas, 3,4% y 0,9%). En la secretaría de Transformación Productiva a cargo de Lucio Castro evalúan como muy positivos los acuerdos como el de la industria del aluminio donde el Gobierno y Aluar llegaron a un acuerdo para reducir el precio del barrote de aluminio en un 14% en dólares.

En el caso de los acuerdos sectoriales para calzado y textiles, se lanzaron los planes de 3 y 6 cuotas para la compra de productos nacionales. Se espera que se financien compras por alrededor de $6000 millones mensuales este año, a lo que se sumarían casi $2000 millones de los planes Ahora 12 y 18. En la industria automotriz, lo que hay por ahora es un detalle de metas fijadas para los próximos dos años, entre las que se destaca una inversión de USS 5.500 millones en el período 2017/2019. En Vaca Muerta aparece la inversión de USS 2500 millones por parte de Techint. Además, empresas como YPF se comprometen a incrementar sus inversiones hasta llegar a más de US$ 10.000 millones de dólares anuales.

El listado de reformas que anunció Macri ayer para empresarios sindicalistas y gobernadores no se limitó solo al aspecto fiscal o impositivo: también pidió que adhieran a la nueva ley de ART las provincias que no lo hicieron hasta ahora, que son la mayoría con la excepción de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. "Debemos terminar juntos con la mafia de los juicios laborales", desafió el Presidente a los gobernadores. Además, planteó la necesidad de que las provincias ajusten a la Nación sus sistemas previsionales para "evitar el desfasaje" entre retiros jubilatorios de privilegio como el que tienen algunos distritos frente al sistema del empleo nacional.

Desde la CGT ya dejaron en claro que rechazan una reforma laboral. "Si se aplicara una reforma como la instrumentada en Brasil, se van a perder un millón de puestos de trabajo", grafican. Los hombres de la central obrera se oponen a que el Gobierno avance sobre conquistas que consideran intocables como las negociaciones colectivas, el sistema de obras sociales sindicales y el modelo sindical vigente.

El vicejefe de Gabinete Mario Quintana y el ministro de Trabajo Jorge Triaca fueron los encargados de los lineamientos finales del proyecto que se enviará al Congreso. También tuvieron intervención el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne junto al de Finanzas Luis Caputo, el ministro de Producción Francisco Cabrera, el ministro de Modernización Andrés Ibarra y el presidente del BCRA Federico Sturzenegger.