El debate sobre la posibilidad de extender de manera optativa la edad jubilatoria se acentuó en los últimos días, después de que el director ejecutivo de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, dejara trascender que se estudia una reforma previsional, a partir de informes según los cuales cada año unas 50 mil personas siguen trabajando y no se jubilan cuando cumplen la edad legal para retirarse.
En la actualidad la edad de retiro es de 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres. La propuesta es la de extender por cinco años este límite, de forma voluntaria, y dentro del sistema público.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, expresó que en todo caso, si en 2019 surge "una política de Estado" que al respecto elaborará la "comisión de notables" establecida en la Ley de Reparación Histórica, "será el Congreso el que tenga que discutirla".
Si bien no hay un proyecto de ley en concreto, está bajo análisis una modificación al sistema durante los próximos tres años. La realidad muestra que el profundo déficit fiscal presenta una mayor dificultad para destinar recursos para el financiamiento del sistema de jubilaciones y pensiones en el futuro, que amerita la discusión sobre eventuales reformas.
El gasto previsional es ampliamente la principal partida del Presupuesto nacional y llega a 9,1% del PBI
Jorge Colina, director de IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino), identificó algunas de las debilidades que en el futuro pueden comprometer la sustentabilidad del sistema previsional.
Consideró "necesario empezar lo más pronto posible con el aumento de la edad jubilatoria de la mujer. Hay que igualarlas con el hombre y que ambos se jubilen a los 65 años, primero, por una cuestión de género: estamos en una sociedad moderna, donde ya no se hacen distinciones. Segundo, porque las mujeres tienen mayor expectativa de vida. Si además se jubilan antes, eso pone en un compromiso financiero muy fuerte al sistema".
"Así como hay que igualar la edad jubilatoria, a la mujer hay que reconocerle un año de aportes por cada hijo que tenga, como se aplica en los países modernos. Por ejemplo, si una mujer tiene tres hijos, deberá cumplir con 27 años de aportes para jubilarse y no con los 30 que establece la ley", continuó Colina.
"Esto tiene que ir con una gradualidad, no puede hacerse de golpe, para no perjudicar a las personas que ahora están tratando de jubilarse", advirtió el titular de IDESA.
"Para los que quieran trabajar después de los 65 años habría que darles un plus con la jubilación, es decir un mayor haber si se posterga el retiro", dijo Colina a Infobae.
EXTENSA COBERTURA DEL SISTEMA PREVISIONAL
La ampliación de la cobertura de jubilaciones durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, el esquema de actualización de los haberes y la sanción de la Ley de Reparación Histórica de 2016 llevaron a un fuerte crecimiento de la carga presupuestaria de las jubilaciones y pensiones dentro del gasto público.
A partir de la aprobación de la Ley Nº 26.417 de Movilidad Jubilatoria –que se sancionó en cumplimiento del fallo Badaro de la Corte Suprema– en octubre de 2008, los haberes jubilatorios, sobre todo el mínimo, se actualizan en los meses de marzo y septiembre de cada año en base a un índice elaborado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo.
El universo de beneficiarios (jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y niños, niñas y adolescentes de la AUH y Embarazo) alcanza en conjunto a 8,2 millones de personas que reciben prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Unos 6,7 millones son jubilados y pensionados, mientras que 1,5 millones corresponden a Pensiones No Contributivas (PNC).
Aunque el gasto público caiga en relación al PBI, el peso de las jubilaciones continuará en aumento
La cobertura previsional extendida a más de 8 millones de habitantes representa un crecimiento de más de 120% respecto de los 3,7 millones de jubilados y pensionados registrados en 2003.
"Otro punto importante que hay que revisar es el tema de la pensión –continuó Jorge Colina–. El beneficio fue creado a principios del siglo pasado, cuando la mujer no tenía participación en el mercado de trabajo. Cuando el hombre moría, le dejaba un ingreso en forma de pensión. Pero hoy la mujer tiene fuerte presencia en el mercado laboral, entonces se están duplicando los haberes porque recibe una jubilación y además percibe una pensión si falleció su marido. Obviamente puede ocurrir al revés y que un jubilado reciba además la pensión por viudez, pero es menos frecuente que muera antes la mujer".
"En este caso lo que se puede aplicar es que se fije un sistema optativo en el que pueda elegir el mejor de los haberes, pero no es razonable que tenga los dos beneficios", aportó el director de IDESA.
EMPLEO INFORMAL Y DÉFICIT QUE QUITAN RECURSOS
Otra falencia que compromete al financiamiento del sistema es la alta tasa de empleo informal que estructuralmente afecta a la economía argentina. Según el INDEC, un 33,3% de los asalariados no estaba registrado al finalizar el primer trimestre de 2017 y, por lo tanto, no realizaba aportes. Esta tasa representa a unos 5,7 millones de trabajadores.
La estrategia gradual del Gobierno para recortar el rojo fiscal lleva a prever una paulatina caída del gasto público en términos de PBI si se logra consolidar un período de crecimiento sostenido de la actividad económica. Para el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), "la progresiva caída del peso del gasto en el Producto es en este contexto lo que otorga el espacio fiscal necesario para alcanzar las metas de mejoramiento progresivo en el resultado fiscal".
Por eso, IARAF señaló que "el supuesto clave de política fiscal en estos escenarios es que el gasto primario del gobierno nacional se mantendrá constante en términos reales", en un contexto de crecimiento del PBI que redundará en una disminución del déficit. Pero no necesariamente corresponderá a una disminución del peso financiero del sistema previsional en el gasto corriente.
El instituto advirtió que "al interior del gasto pueden darse correcciones dispares, en el sentido de que algunos gastos crezcan más y otros incluso caigan". Por ejemplo, "el gasto en jubilaciones ganaría participación por la forma de funcionamiento de la movilidad, mientras que otros rubros como los subsidios caerían".
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
La Argentina es uno de los países de la región con mayor cobertura previsional y entre las personas en edad jubilatoria, más del 90% tiene algún beneficio. A la vez, la extensión del ciclo de vida también representa un desafío para el financiamiento del sistema previsional en el futuro.
Un informe de PwC Argentina detectó que en la última década las prestaciones sociales incrementaron su peso dentro del gasto público nacional, del 27% del total en 2006 al 41% actual. En relación al PBI duplicaron su incidencia, del 4,5% de 2016 al 9,1% en 2016. Estos porcentajes exhiben que el gasto previsional es ampliamente la principal partida del Presupuesto nacional.
IDESA calculó que las prestaciones de la seguridad social hoy significan el 12,1% del PBI, de los cuales 8,4% del PBI corresponde a los haberes previsionales.
"Los sistemas de reparto en el mundo ya no son sustentables, porque se basa en que los jóvenes sustentan a los viejos. Pero las sociedades envejecen. De hecho, a partir de este 2017, en la Argentina no van a crecer en número absoluto los jóvenes. Van a crecer más en números absolutos la gente adulta y los adultos mayores. Como la cantidad de jóvenes va a ser la misma, van a disminuir en proporción a los demás", puntualizó Jorge Colina.
"Entonces el envejecimiento poblacional es lo que pone presión sobre el sistema de reparto. Si además la mujer se jubila a los 60 años y se duplican los beneficios, el financiamiento se hace mucho más difícil", resumió Colina.
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