Durante más de un lustro el empleo público se comportó como una bolsa de trabajo en la que se acumulaba gran parte de la población que se incorporaba al mercado laboral o que lo perdía en el ámbito privado, en particular en las provincias y municipios cuyos gastos se financian más con los recursos que cobra la Nación, o que distribuye muchas veces discrecionalmente, que con fondos que obtienen del cobro de Ingresos Brutos y tasas y contribuciones. En todos los casos, el principal aportante es el sector privado, sean empresas, sean empleados y familias, con los impuestos a sus ingresos y consumos.
Si bien esa fue una práctica dominante en la mayor parte de los últimos 70 años, en particular en los años recesivos, volvió a cobrar ímpetu en el lustro previo al cambio de Gobierno, cuando inexplicablemente se dio un giro en la política económica a favor de "vivir con lo nuestro y lo puesto", que minó las posibilidades de crecimiento del sector privado que se había abocado a vender gran parte de su producción al mercado internacional, y debió conformarse con un limitado mercado interno. En 2015, el sector público fue casi el único generador de empleo, a un ritmo de 5,1% en la administración nacional; 3,8% en las provincias y 4,8% en los municipios; sumó 139 mil personas.
En 2015, el sector público fue el casi único generador de empleo, a un ritmo de 5,1% en la administración nacional; 3,8% en las provincias y 4,8% en los municipios
Con el cambio de Gobierno el escenario se modificó, al punto que la nómina de empleados en todo el estado pasó a crecer a una tasa inferior a 1%, desagregado en 2,4% en municipios; 0,9% en provincias y baja de 0,2% en nación.
En diciembre de 2016 un análisis del Ministerio de Trabajo de aproximación al total de empleados públicos en el país, por el faltante de información de algunos organismos públicos provinciales (principalmente de Santa Cruz) y municipales, contabilizó cerca de 3,5 millones de personas registradas en relación de dependencia en todos sus niveles y jurisdicciones.
En términos generales se observa que la mayor parte del empleo público se concentra en el ámbito provincial: el 66% (cerca de 2,3 millones de puestos), fenómeno que se explica porque esas jurisdicciones tienen a su cargo los servicios de educación, la seguridad y la salud pública; 21% depende de la nación (741 mil puestos); y 13% de los estados municipales (452 mil personas).
El mapa del empleo público al cierre del último año mostró que de las 24 grandes jurisdicciones en que se divide el país, en siete se estimaron más empleados públicos que trabajadores en el sector privado registrado como asalariado, monotributista, autónomo y ocupado en casas particulares. Los extremos corresponden a Formosa, Catamarca y La Rioja, en una relación de 2 a 1; le siguen Jujuy, Santiago del Estero y Chaco, con una proporción de 1,5 a 1,4 por 1; y con poco más de uno Corrientes. Un segundo lote, próximo a la unidad, o 50 y 50 se ubican Salta, La Pampa, Entre Ríos, Tucumán, Santa Cruz, San Juan y Misiones.
Mientras que si se mide el empleo público por habitante de cada jurisdicción, la mayor dependencia directa del estado se repartió entre las norteñas Catamarca y La Rioja, con poco más del 16%; la Capital Federal, Tierra del Fuego y Santa Cruz en torno al 16%; y Jujuy y Neuquén 14 por ciento.
Por el contrario, las provincias con menor concentración de empleados públicos fueron Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Misiones y Corrientes, entre el 6% y 7% de sus habitantes.
Presupuestos flexibles para el pago de salarios
Si bien la mayor parte de las jurisdicciones, por no decir todas, se caracterizan por mostrar un estado de las finanzas públicas en el que los gastos superan en varios puntos porcentual al total de recursos propios y que reciben por la coparticipación federal de impuestos, a la hora de pagar salarios se muestran singularmente generosas, al menos de los que abona el conjunto del sector privado.
Lidera ese grupo La Pampa, cuyo gobernador Carlos Verna impulsa la exención de Ganancias de sus empleados, porque la mitad tiene ingresos que compiten con los más altos de las patagónicas Tierra del Fuego, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires. El último dato a septiembre registraba una mediana de $23.900, un 60% que el límite que agrupa a la mitad de los ocupados en el ámbito privado.
También Misiones y Chaco registran pagos de salarios que en la mediana superan en un 50% a los del sector privado. Mientras que un escalón más abajo se ubican la Ciudad; San Juan; Salta; Córdoba; Buenos Aires y Entre Ríos, en un rango de exceso del 38% a 30 por ciento.
En el otro extremo, las jurisdicciones en las que sus empleados perciben remuneraciones inferiores a la mediana del sector privado, sobresalen La Rioja y Jujuy, con 35% y 25%, respectivamente; y en menor medida Santiago del Estero; San Luis; Catamarca, y Tucumán; mientras se equiparan en Río Negro; Santa Cruz y Chubut.
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