Aquel día de 2014 el rumor de que habría malas noticias sobre los indicadores de pobreza e indigencia de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que debía publicar el INDEC era fuerte. Los presentes en el 6° piso del Palacio de Hacienda, en la sala de periodistas del Ministerio de Economía, tenían casi la certeza de que los indicadores que estaban fijados en el calendario del ente estadístico para difundirse a las 16 horas no saldrían a la luz.
Muy temprano, las autoridades del INDEC habían modificado en la web la información de prensa referida a la EPH, adulterando los datos de la página al eliminar la fecha de difusión de ese indicador. No había explicaciones sobre la falta de información. Hasta que el llamado llegó.
Ese 23 de abril de 2014 a las 18 hubo una llamada a la sala de periodistas acreditados. Desde la oficina de prensa del ministro de Economía Axel Kicillof se informó que "hasta nuevo aviso se suspendía la difusión de último relevamiento de la EPH correspondiente al segundo semestre del 2013″, sin dar ningún tipo de explicaciones técnicas.
Transcurrieron más de dos años hasta la reanudación del informe de pobreza e indigencia, este 28 de septiembre de 2016, ahora con el INDEC normalizado después de siete años de intervención del ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.
El 22 de abril de 2014, el entonces viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, había recibido por la tarde en su oficina del quinto piso del Palacio de Hacienda a los directores del INDEC Ana María Edwin y Norberto Itzcovich. En su calidad de encargado de la reestructuración del organismo oficial de estadística, el segundo de Kicillof les comunicó la decisión de no cumplir con el cronograma de difusión del indicador de pobreza e indigencia. La orden de no dar a conocer los datos habría surgido del más alto rango del Gobierno para evitar una nueva polémica con las estadísticas.
El problema fue que unos días antes, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) que dirige Agustín Salvia y depende de la Universidad Católica Argentina había mostrado que en diciembre de 2013 la pobreza afectaba a unas diez millones de personas, casi 25% de la población.
La independencia de criterio del ODSA quedó explícita en las últimas estimaciones de este instituto, actualizadas a abril de 2016 y con un nuevo Gobierno, que reflejaron que un 32,6% de la población está bajo la lÍnea de pobreza.
Lo cierto es que los números que el kirchnerismo iba a dar a conocer estaban muy por debajo del guarismo de la UCA, por lo tanto Kicillof decidió discontinuar la serie de la EPH.
La última EPH difundida en octubre del 2013 para el total de 31 aglomerados urbanos indicaba que al cierre del primer semestre de 2013 un 4,7% del total de la población era pobre y un 1,4% indigente. Se encontraban por debajo de la línea de pobreza unos 448.000 hogares, los que incluían 1.189.000 personas. A su vez, de ese total se encontraban bajo la línea de indigencia 189.000 hogares, lo que significaba unas 367.000 personas indigentes.
En 2015, la omisión oficial de los datos de pobreza llevó al ridículo de afirmar que la Argentina tenía menos pobres que Alemania, tal como dijo el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández.
La decisión de Kicillof de dejar de publicar la pobreza era algo que se percibía desde meses atrás. El 1 de enero de 2014, Infobae adelantó en forma exclusiva que la metodología para calcular el nuevo índice de precios IPC (Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano) no incluiría el calculo de la Canasta Básica Total (CBT) para medir la pobreza y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que se utilizan para calcular la cantidad de indigentes. Finalmente el 23 de abril de 2014 Kicillof decidió seguir con la adulteración de las estadísticas del INDEC. El joven ministro dio un paso más: directamente dejó de publicarlas, como ocurrió con los indicadores oficiales de pobreza e indigencia, censurados desde el 29 de octubre de 2013.
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