Las termoeléctricas de Pilar ya están operativas y cobraron en junio USD 7 millones

Después de estar frenadas casi seis meses por un amparo judicial, hoy ambas centrales termoeléctricas ya están operativas. Pese a que en el Municipio de Pilar aseguran que aún no le dieron la habilitación final, el mes pasado -tras el levantamiento de la cautelar- cobraron U$S 7 millones en concepto del canon fijo mensual y por la energía que generaron.

Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Energía de la Nación a Infobae, las que resaltaron que las centrales "resultan de vital importancia para el abastecimiento adecuado de la demanda eléctrica de su área de influencia, por la saturación de los vínculos de transporte eléctrico en la zona". Ambas centrales pueden generar, de forma conjunta, 470 megavatios (MW).

Desde Araucaria Energy, la empresa que opera una de las plantas, sostienen que lo que cobraron por energía generada en junio "corresponde a las pruebas técnicas". Y ante la consulta de Infobae vía correo electrónico, APR Energy en Estados Unidos, destacaron que "ya levantada la medida judicial, más de 2,6 millones de personas tendrán un mejor acceso diario a la energía".

En tanto, los vecinos denuncian que aun durante la cautelar que frenó su puesta en marcha, las termoeléctricas habían entrado en funcionamiento.

Vecinos de Pilar y Escobar rechazan la instalación de las dos termoeléctricas.

Los números del contrato

Matheu II, la primera de las dos centrales termoeléctricas de Pilar cuestionadas, fue adjudicada por 5 años a la empresa norteamericana APR Energy el 14 de abril de 2016, cuatro meses después de que Mauricio Macri llegara a la Presidencia. Fue en el marco de una resolución del Ministerio de Energía de la Nación para enfrentar la emergencia eléctrica decretada en diciembre de 2015.

APR Energy ofertó la generación de 215,5 megavatios (MW) para ser utilizados ante los picos de demanda estacional o una falla en el sistema interconectado, a un costo de USD 20.930 por MW por mes. Este precio implica que la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA) le pague a la empresa norteamericana un cargo fijo de USD 4,5 millones mensuales por su potencia disponible, a partir de su habilitación comercial. Hoy su potencia disponible es de 221,3 MW , según le informó a Infobae el Ministerio de Energía.

Además del monto que recibe como canon fijo mensual por la potencia disponible, según el contrato, APR le factura a CAMMESA la energía que efectivamente genere. En junio, fueron 320 MWh (megavatios hora). En total por ambos conceptos, la empresa norteamericana cobró el mes pasado USD 2,3 millones. La cifra surge de los $56.877.881 que constan en la información oficial a la que accedió Infobae, y el cálculo de un dólar promedio ese mes de $25.

La central Matheu II adjudicada a la empresa norteamericana APR Energy.

La empresa se comprometió a entrar en funcionamiento el 10 de diciembre de 2016, pero recién lo hizo diez meses más tarde, el 4 de octubre de  2017, una demora que excedió largamente los 180 días máximos permitidos por el contrato. Por el retraso en la puesta en marcha, tuvo que pagar una multa que, según datos del Ministerio de Energía, ascendió a U$S 27,1 millones y la duración del contrato se redujo a cuatro años y dos meses.

Ante la consulta de Infobae, desde el Ministerio de Energía explicaron que "teniendo en cuenta que todas las centrales ya se han construido y que permiten contar con la potencia disponible para contribuir a recuperar parcialmente la reserva de potencia de generación del Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica, se establece la conveniencia para el Estado Nacional de no ejercer el derecho de rescisión del Contrato de Demanda con las Centrales que han excedido el plazo de 180 días de la fecha comprometida para su habilitación comercial". Así quedó plasmado en la Resolución 264 de este año.

Desde esa cartera, hoy en manos de Javier Iguacel, aclararon que esta decisión de mantener vigente los contratos fue "sin perjuicio de la aplicación de las penalidades y demás consecuencias contractuales que pudieran corresponder ante el incumplimiento en la fecha de habilitación comercial comprometida".

La otra termoeléctrica de Pilar -Matheu III- fue adjudicada por 10 años a Araucaria Energy SA, el 14 de julio de 2016, en el marco de una nueva licitación de CAMMESA para contratar otros 1.000 MW adicionales en función del incremento estacional de la demanda eléctrica.

Matheu III que opera Araucaria Energy, filial argentina de Stoneway Capital.

Araucaria ofertó 254 MW de potencia a USD 17.888 por MW por mes. El contrato implica un desembolso mensual fijo a la empresa por parte de CAMMESA de USD 4,5 millones por estar disponible con las máquinas operativas para abastecer al sistema energético mayorista, en caso de ser necesario. A eso hay que sumarle el pago por la energía que eventualmente provea.

Matheu III debía entrar en servicio el 1º de diciembre de 2017, pero recién estuvo en condiciones de ser habilitada por el Ministerio de Energía el 23 de mayo pasado. Por el retraso en su puesta en servicio, recibió una multa también de USD 27,1 millones, y una reducción de cinco meses en el plazo original del contrato.

En junio, Araucaria cobró de CAMMESA USD 4,8 millones, según corroboró Infobae de datos oficiales. El monto -que en pesos fue de $121.596.657- incluye el canon fijo mensual, más los 6.467 MWh generados ese mes. Desde la empresa, explicaron que correspondieron a las pruebas técnicas de la puerta en marcha.

Irregularidades con la garantía

Araucaria Energy SA fue creada en abril del 2016 como la subsidiaria local de Stoneway Capital Corporation, una firma registrada en Canadá. El objetivo era atraer fondos interesados en invertir en proyectos energéticos en el país, a partir de la llegada de Mauricio Macri al poder. La compañía registró una filial en las Islas Vírgenes Británicas, llamada Stoneway Capital Ltd.

Tras presentarse a la convocatoria de CAMMESA, Araucaria Energy y SPI Energy (la otra subsidiaria argentina de Stoneway) resultaron adjudicadas con cuatro centrales termoeléctricas por 10 años en la provincia de Buenos Aires. Con una inversión de USD 650 millones, entre las cuatro podrán generar 686,5 MW. Además de la planta de Pilar, Araucaria se quedó con la operación de las centrales de Luján y Las Palmas, y SPI Energy, con la de San Pedro.

Web de Stoneway Capital con los cuatro proyectos adjudicados en Argentina.

En enero del año pasado, el portal regional Vértice News reveló que un ex ejecutivo contratado por Stoneway Capital, Alvaro Campins Camejo, denunció que la empresa había presentado una garantía que no cumplía con los requisitos exigidos en los pliegos.

En diálogo con Infobae, la periodista venezolana Maibort Petit, autora de la nota, confirmó la información.

Maibort Petit, periodista venezolana de Vértice News.

Campins Camejo, apoderado de Stoneway Capital, envió el 17 de enero de 2017 un e-mail al gerente de Contratos de Cammesa, Jorge Ruisoto, y al hoy ex gerente general y ex vicepresidente, Julio Bragulat. En él denunciaba que Stoneway presentó un seguro de caución para los proyectos adjudicados a sus controladas en Argentina sin el respaldo financiero requerido para avalar la construcción de las centrales termoeléctricas.

E-mail de Alvaro Campins Camejo, ex ejecutivo de Stoneway, a CAMMESA.

"Nos han informado muy reciente y extraoficialmente que las fianzas de fiel cumplimiento de cada contrato, que en su día emitió la compañía AES International con sede Dubai, por cuenta de las empresas Araucaria Energy y la empresa SPI, contienen deficiencias, ellas relacionadas con la compañía mencionada que emitió las fianzas, la cual extraoficialmente se nos indica que no dispone ni del capital ni de la cualidad para garantizar los montos afianzados", decía Campins Camejo en su correo a las autoridades de CAMMESA.

Según le dijo el ejecutivo venezolano a Vértice News, "el nivel de capitalización respaldado por la entidad de Dubai sería de sólo USD 4 millones, apenas un 5% del monto requerido por el gobierno". Campins Camejo no tuvo respuesta de los gerentes argentinos de CAMMESA a su denuncia. Infobae intentó comunicarse con él vía correo electrónico, pero no obtuvo respuesta.

En la licitación lanzada en abril de 2016, se detallaba la obligación por parte de las interesadas de incluir en la Oferta Económica una "garantía de mantenimiento de oferta" y una "garantía cumplimiento habilitación comercial". Su monto lo establecía una fórmula en función de la potencia ofrecida y el costo ofertado por MW por mes. En el caso de Araucaria, para la planta de Pilar la caución superaba los U$S 28 millones.

Pese a esta irregularidad, CAMMESA –empresa con participación estatal que funciona bajo la órbita del Ministerio de Energía- no le rescindió el contrato. En cambio, le concedió un plazo extra a Stoneway para regularizar su situación y conseguir una nueva entidad financiera que tuviera el respaldo suficiente para el seguro de caución de sus proyectos en Argentina.

En opinión del ex funcionario de la Secretaría de Energía y actual director de Intelligence Energy Solutions, Vicente Serra Marchese, "como el ejecutivo venezolano lo denunció por escrito, para evitar el escándalo, CAMMESA en lugar de rescindirle el contrato a Stoneway, ya que era una causal de rescisión, le exigió que resuelva lo de la garantía. Como salida al problema, ingresó como socia a Stoneway, SoEnergy, una firma colombiana con antecedentes en la región en la materia. Fue una forma de tratar de arreglar las cosas. Pero CAMMESA no debería haberles dejado pasar que la caución que presentaron era trucha".

Ante la consulta de Infobae, fuentes del Ministerio de Energía explicaron que "si bien Araucaria presentó inicialmente para la firma del respectivo contrato, un aval bancario de AES Private Banking, esta garantía fue rechazada y reemplazada por una póliza de seguro de caución de la compañía de seguros Testimonio SA, que cumple con todas las exigencias económicas, legales y reglamentarias, conforme la normativa vigente de la Superintendencia de Seguros de la Nación".

Respecto del correo electrónico de Campins Camejo, desde la cartera que en ese momento conducía Juan José Aranguren sostuvieron que "nunca ha tenido frente a CAMMESA la representatividad de SPI o Araucaria, como tampoco nos consta en CAMMESA que la firma Stoneway haya sido accionista de dichas empresas".

En su e-mail a las autoridades de ese organismo, Campins Camejo adjuntó el poder con fecha 22 de agosto de 2016, que lo designaba representante de Stoneway Capital para actuar en nombre de esta empresa en todo lo relacionados a la construcción de la central termoeléctrica en Argentina.

Poder de Stoneway Capital en favor de Alvaro Campins Camejo.

Luego de que hiciera su denuncia, desde las oficinas de Stoneway informaron que había dejado de formar parte del staff del grupo empresarial, y que el poder le había sido revocado.

En cuanto a la información sobre el control accionario de Araucaria por parte de Stoneway Capital Corporation, que desde el Ministerio de Energía dijeron desconocer, figura en la página web de la empresa.

Web de Araucaria Energy donde figura que es controlada por Stoneway Capital.

Nuevos socios y cambio de tecnología

Luego de la denuncia del ex ejecutivo venezolano sobre la garantía, Stoneway decidió sumar dos socios estratégicos con suficiente capital como para garantizar las obras y los proyectos a realizar. Por un lado, la compañía SoEnergy International, de origen colombiano y sede central en Miami, adquirió el 40% de las acciones. Su ingreso aportó el financiamiento para concretar la inversión requerida en la construcción de las cuatro plantas que le fueron adjudicadas por operar en la Provincia de Buenos Aires. Por el otro, la multinacional alemana Siemens, fabricante de las turbinas utilizadas en este tipo de termoeléctricas.

La incorporación de tecnología Siemens, en reemplazo de motores Wartsila o General Electric, fue uno de los puntos objetados por Campins Camejo en su e-mail. Según su opinión, "se iría de una tecnología más eficiente, a otra menos eficiente, ello a costa del sacrificio de la empresa en cuanto al pago de capacidad y energía".

Según explica el especialista Serra Marchese, "los motores Wartsila, de origen escandinavo y similares a los de un auto, pueden ser más económicos en su funcionamiento ya que operan con gas, y donde no lo hay, con gasoil o fueloil. En cambio, las turbinas Siemens -similares a las de los aviones- funcionan con gasoil o gas pulverizado". Señaló, asimismo, el diferente  tiempo que demandan para funcionar a pleno, en caso de una emergencia: "Los Wartsila están a plena carga en cinco minutos, mientras que las turbinas Siemens tardan de 15 a 20 minutos".

Bragulat, uno de los destinatarios del correo de Campins Camejo, renunció el jueves pasado a su cargo como gerente general y vicepresidente de CAMMESA "por motivos personales", según anunció en un comunicado la cartera de Energía. El ahora ex funcionario se había desempeñado como número dos de CAMMESA durante el kirchnerismo, bajo las órdenes de  Julio De Vido. El año pasado, el fiscal federal Federico Delgado lo imputó y pidió su indagatoria junto al ex ministro de Planificación por sobreprecios pagados a Odebrecht por la ampliación de dos gasoductos. Sin embargo  no fue procesado por el juez Daniel Rafecas en esta causa cuando dictó la tanda de procesamientos en abril último.

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