El 30 de noviembre de 2017, la empresa norteamericana APR Energy tuvo que suspender la operatoria de la central termoeléctrica Matheu II, en el partido bonaerense de Pilar. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hizo lugar a un amparo presentado por un grupo de vecinos y la Asociación Civil JUVEVIR.
La orden judicial incluía la paralización del acopio de combustible, el uso indebido de aguas subterráneas y de red, el desvío de desagües naturales, las emisiones sonoras y efluentes gaseosos, y el vertido de líquidos, en una zona enclavada en medio de barrios privados, countries, colegios y comercios ubicados a lo largo de la ruta 25, en el límite con Escobar.
A los pocos días, el 21 de diciembre, llegó la orden judicial que paralizó la instalación de la otra central de generación de energía, operada por Araucaria Energy, propiedad de la canadiense Stoneway Capital. El juez González Charvay hizo lugar, en ese caso, a otra medida cautelar solicitada por JUVEVIR y tres vecinos de la zona.
Cautelar otorgada por el juez González Charbay que frenó la central de Araucaria
Los argumentos judiciales
En su resolución, González Charvay tuvo por acreditado los potenciales efectos nocivos para la salud y el medio ambiente que podría generar la puesta en funcionamiento de las termoeléctricas.
El juez también tuvo presente los cinco millones de litros diarios tomados del acuífero Puelche que requeriría el funcionamiento de las termoeléctricas. En ese marco, señaló el riesgo que implica para el agua potable, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de la población de Pilar y Escobar se abastece a través de perforaciones.
González Charvay destacó que las centrales termoeléctricas están instaladas en centros urbanos "en los cuales residen en forma permanente cientos de familias que han optado por vivir en un entorno natural en el cual puedan disfrutar de un ambiente sano y sustentable, sin contaminación del aire, suelo, sonora y de los recursos hídricos".
La contraofensiva de las compañías
La reacción de las compañías no se hizo esperar. Por un lado, interpusieron un recurso con el objetivo de que el juez revoque las medidas que había ordenado y, en paralelo, apelaron a la Cámara Federal de San Martín, para que sea este Tribunal, y no el magistrado de Campana, el que resuelva la cuestión.
Pero no se quedó ahí la embestida de las termoeléctricas. También recusaron a González Charvay, alegando que tenía un interés particular en el expediente por ser vecino de Pilar. APR Energy planteó que el juez podría verse afectado por el supuesto daño que, según él mismo dijo en sus resoluciones, podría ocasionar el funcionamiento de la central termoeléctrica.
El juez negó que existiera la causal invocada por APR Energy y su supuesto "interés" en la resolución del conflicto debido a la cercanía entre su domicilio y las centrales. Asimismo, aclaró que no residía en el domicilio indicado por la empresa desde noviembre de 2016, aunque continuaba viviendo en Pilar. Y recordó que el Reglamento para la Justicia Nacional impone a los jueces la obligación de residir en el lugar en que desempeñan su tarea o dentro de un radio que no exceda los 70 kilómetros.
González Charvay sostuvo que, de seguir la tesis alegada por la compañía, por su condición de vecino debería apartarse de todos aquellos casos de contaminación y de conflictos que se susciten dentro del partido de Pilar, lo que "provocaría un colapso en la prestación del servicio de justicia".
Además, el juez cuestionó que se haya intentado apartarlo en base a un trabajo de "inteligencia previa" con relación a su persona, incorporando datos personales de sus padres y una foto satelital de la vivienda en la que había residido con su familia. Agregó que se había volcado información de naturaleza privada a un expediente público, lo que consideró como "una inusitada artimaña argumental".
En mayo, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín rechazó la recusación y repuso al juez González Charvay al frente de la causa. Los camaristas sostuvieron que además de ser "manifiestamente improcedente y carente de fundamento consistente", APR Energy tuvo "un proceder descalificable". Le impuso una multa de $ 10.000 por recusación maliciosa y ordenó que se extraigan copias de las actuaciones y se remitan al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de San Isidro para que se evalúe la conducta de sus letrados.
Previo al intento de eyectar al juez, APR Energy había manifestado en el expediente que la central termoeléctrica se encontraba "apagada" ya que "su función exclusiva" era la de activarse rápidamente para producir y despachar energía cuando el resto de los generadores no dieran abasto, ya sea por fallas o picos de demanda. Destacó, en ese momento, que durante el período en que la central no genera energía no consume combustible, no genera gases, no consume agua y no produce ningún tipo de ruidos.
Contradicciones entre las empresas
En un escrito de marzo de este año, la Asociación Civil JUVEVIR señaló que Araucaria Energy no cumplía con la normativa local para el funcionamiento de la planta. Destacó que existían "notorias irregularidades y omisiones en las habilitaciones ambientales" de la empresa demandada.
Una de ellas -según esta ONG- es el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Araucaria que "está plagado de datos falsos y omisiones inaceptables", acreditados mediante el cotejo con el estudio ambiental acompañado por APR.
Mientras APR reconocía que la zona en cuestión es residencial, Araucaria se empeñaba en afirmar que la planta no se encontraba rodeada de viviendas. La Asociación civil mencionó además que el estudio de impacto ambiental presentado por Araucaria ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) desvirtuaba el verdadero impacto de su actividad.
No fue la única contradicción. APR advirtió sobre "el aumento de la salinidad del arroyo afluente al arroyo Burgueño, donde se descarga el caudal de rechazo de la planta DEMI de la Central, y las consecuentes afectaciones sobre comunidades acuáticas". En cambio, Araucaria afirmaba que su efluente líquido no presenta salinidad, aunque aplica el mismo procedimiento que la planta lindera.
Otro dato que Araucaria no aborda en su estudio es el relacionado con el riesgo de incendio y explosión. APR, en cambio, reconoce en su Estudio de Impacto Ambiental que "un incendio en la central podría provocar la pérdida de vidas humanas" y "la salud de la población cercana al predio podría resultar comprometida, ya sea por emanación de gases tóxicos, suspensión de material particulado, radiación térmica, etc. Por lo tanto en función del peor escenario posible (pérdidas de vidas humanas), el impacto sobre la población se define de alta intensidad y duración permanente".
Cuestionamientos a la habilitación
JUVEVIR mencionó también que es "notoriamente irregular" la habilitación ambiental y el cambio de zonificación aprobado por el municipio de Pilar, porque no cumplió con la participación ciudadana obligatoria, según la normativa vigente "principalmente en los procesos de evaluación de impacto ambiental y programas de reordenamiento ambiental del territorio".
Asimismo, señaló que el Estudio de Impacto Ambiental conjunto y un análisis del proyecto realizado por la Universidad de Lomas de Zamora -que Araucaria acompañó al expediente- nunca fueron presentados ante ninguna autoridad de aplicación para su aprobación.
En el Estudio de Impacto Ambiental de APR Energy se reconoce que las emisiones al aire, como consecuencia de la combustión de combustibles fósiles, consisten en dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono. Dos de esos gases, el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno generan una lluvia ácida de largo alcance.
Según datos aportados a la causa por una de las energéticas, en la planta de Araucaria se almacenarán seis millones de litros de gasoil y un tanque de filtrado del combustible de más de un millón de litros. Este diesel sería suministrado por camiones cisternas con capacidad de 35 metros cúbicos cada uno. Es decir, se necesitarían 43 camiones cisternas para reponer el consumo diario de la planta, durante aproximadamente 12 horas diarias. En la otra planta, en tanto, APR Energy almacenará otros 9 millones de litros de gasoil.
En queja a la Corte Suprema
Tras la apelación de la medida cautelar dictada por González Charvay, la Cámara de San Martín falló a favor de las termoeléctricas.
La resolución de la Cámara Federal de San Martín que dejó sin efecto la cautelar.
Contra esa sentencia, los accionantes interpusieron un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación trate el asunto. Pero la Cámara no concedió el recurso, dejando moribundo el reclamo de los vecinos de Pilar. Esta semana acudieron en queja al Máximo Tribunal, la última chance de mantener vivo el planteo judicial.
En ese expediente, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) pedirá ser aceptado como Amicus Curiae (amigo del tribunal), lo que le permitiría tener acceso al expediente, controlar la causa y proponer medidas de pruebas.
Otras dos causas abiertas
Sin embargo, no está todo dicho en materia judicial. Hay otros dos expedientes que podrían frenar el funcionamiento de las termoeléctricas.
Por un lado, hay una pretensión anulatoria presentada por el Municipio de Escobar contra su vecino de Pilar, que tramita ante el fuero Contencioso Administrativo de San Isidro.
Además, hay una causa penal abierta por el juez González Charbay en el que se trata de dilucidar si se cometió algún delito en el proceso de rezonificación de Pilar y que permitió la instalación de las centrales termoeléctricas. En este expediente se investiga si se cometieron irregularidades en la ordenanza 233/17 de Pilar, que modificó la zonificación para permitir que se instalen las plantas, y el decreto 272 dictado el 20 de marzo pasado por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que convalidó la norma municipal.
Decreto del Gobierno Provincial que convalidó la ordenanza de Pilar.
En el marco de esa causa, el juez González Charvay allanó la Municipalidad de Pilar, el Concejo Deliberante de ese partido, la OPDS, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y la Autoridad del Agua. Además le tomó declaración indagatoria a funcionarios del Concejo Deliberante, del municipio de Pilar y del gobierno bonaerense. Todavía no resolvió la situación procesal de los imputados.
El equipo de investigación de Infobae estuvo integrado para este trabajo por Mariel Fitz Patrick, Nicolás Pizzi, Fabio Ferrer y Laura Rocha.
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